Una investigación sobre el Hospital El Dique detectó casi $380 millones pagados desde 2024 mediante supuestos reemplazos de guardia y estimó que el monto real podría superar los $600 millones. El caso alcanza a una conducción designada durante la gestión de Axel Kicillof y se suma al escándalo de fotomultas y VTV que llevó al ex ministro Jorge D’Onofrio a juicio por presunto lavado de dinero, mientras el IOMA acumula denuncias y disputas millonarias por prestaciones sanitarias.
Buenos Aires – 20 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – Un sistema de presuntas “guardias fantasma”, profesionales utilizados como prestanombres, contrataciones millonarias y compras difíciles de justificar abrió un nuevo frente sobre el manejo de fondos públicos en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, esta vez dentro del Hospital El Dique, de Ensenada, dependiente del Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak.
La investigación difundida por Telenoche detectó planillas correspondientes a supuestos “reemplazos de guardia” por $379.038.592 entre junio de 2024 y junio de 2026. Como faltan registros de varios meses y fuentes del hospital aseguran que el mecanismo funcionó de manera continua, la cifra total podría superar los $600 millones.
El dato resulta particularmente llamativo porque El Dique es un pequeño centro de rehabilitación, con menos de 80 camas y sin guardia externa. Sin embargo, su conducción llegó a informar aproximadamente 130 reemplazos mensuales. Las planillas incluían médicos, bioquímicos, terapistas ocupacionales, enfermeros y fonoaudiólogos, algunos de ellos cobrando cuatro o cinco supuestas guardias por mes.
Los adicionales tampoco eran menores: una guardia hábil de 24 horas se pagaba $303.983 y una correspondiente a feriados alcanzaba $364.128. Solo en enero fueron rendidos $46,2 millones, en marzo $42,6 millones, en mayo $45,4 millones y en junio otros $42,3 millones.
La documentación revela además inconsistencias difíciles de explicar como simples errores administrativos. Figuran profesionales haciendo dos guardias consecutivas de 24 horas y especialidades como oftalmología, ginecología, obstetricia o dermatología cubriendo supuestos reemplazos en un establecimiento dedicado fundamentalmente a rehabilitación. Una terapista ocupacional aparece reemplazando a médicos clínicos y una fonoaudióloga a profesionales de terapia intensiva.
Dos médicos cuyos nombres fueron utilizados como profesionales supuestamente reemplazados dijeron desconocer las operaciones. Uno afirmó que estaba de vacaciones en la fecha consignada y otro sostuvo que jamás había realizado aquellas guardias ni cobrado por ellas y que se había enterado posteriormente de que utilizaban su legajo.
La directora ejecutiva del establecimiento, María de las Nieves Yezzi Herrera, fue designada durante la administración de Kicillof en 2024. Las primeras planillas detectadas corresponden precisamente a junio de aquel año y muestran 33 guardias asignadas a diez personas; para enero de 2026 el registro ya había crecido a 37 nombres y 146 reemplazos mensuales. Entre quienes aparecieron inicialmente figuraba el marido de la directora, bioquímico del hospital.
Kreplak rechazó las acusaciones, calificó el informe como basado en “noticias falsas y dañinas” y afirmó posteriormente que existen cargos de servicios y especialidades no efectivizados cuya vía legal de pago son los “reemplazos de guardia”, aun cuando los beneficiarios no estén físicamente realizando una guardia. La investigación periodística sostiene, sin embargo, que buena parte de quienes figuran cobrando esos adicionales pertenece al propio plantel permanente del hospital.
Las irregularidades señaladas no terminan allí. La administración de El Dique impulsó contrataciones por volúmenes llamativos para un establecimiento con alrededor de 50 internados: 29.500 toallas y toallones por $152,5 millones, artículos de higiene por $144 millones, 60.000 pañales y 80.000 barbijos dentro de otra compra presupuestada en $76,6 millones y trabajos edilicios por casi $296 millones. Los procedimientos mencionados fueron licitaciones privadas.
El nuevo episodio vuelve a colocar bajo observación los mecanismos de control de la administración provincial y aparece cuando otro ex integrante del gabinete de Kicillof, Jorge D’Onofrio, ya quedó sometido a juicio oral en una causa por presunto lavado de activos vinculada con la trama de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La Cámara Federal de San Martín había confirmado el procesamiento del ex ministro de Transporte y un embargo de $350 millones, resolución que posteriormente quedó firme en Casación. La investigación sostiene que funcionaba un circuito mediante el cual gestores ofrecían eliminar multas a cambio de cobrar entre el 30% y el 50% de su valor y que existieron además maniobras vinculadas con contratos de la VTV.
En junio, el juez federal Adrián González Charvay elevó a juicio oral una derivación por lavado de dinero en la que D’Onofrio está acusado junto con el ex director de Fiscalización de la VTV, Facundo Asensio, por la adquisición de una Audi Q8 que, según la acusación fiscal, habría sido comprada con fondos originados en delitos contra la administración pública.
Otro expediente provincial investiga presuntas coimas relacionadas con la licitación de la VTV. El fiscal Álvaro Garganta sostuvo al pedir la elevación a juicio que empresas adjudicatarias habrían debido transferir un porcentaje de su recaudación a una sociedad vinculada con el entorno del ex ministro.
El área sanitaria tampoco atraviesa un escenario tranquilo. El IOMA, conducido por Homero Giles y respaldado políticamente por Kicillof, acumula reclamos de afiliados, prestadores y denuncias judiciales por prestaciones y pagos atrasados. Durante este año mantuvo además una dura disputa con el Hospital Garrahan, que reclamó $8.278 millones por tratamientos brindados a pacientes bonaerenses, mientras la Provincia aseguró que había cancelado la deuda reconocida por $1.230 millones y desconoció buena parte del resto de la facturación.
En El Dique, entretanto, la documentación periodística abre una pregunta que podría trasladarse ahora a los organismos de control y eventualmente a la Justicia: cómo un hospital sin guardia externa pudo rendir durante dos años cientos de millones de pesos en reemplazos, mientras empleados denunciaban que sus legajos eran utilizados para operaciones que desconocían y la misma administración realizaba contrataciones privadas por cientos de millones de pesos.
Fuentes consultadas: Telenoche, documentación administrativa del Hospital El Dique, Infobae, Cámara Federal de San Martín, Justicia Federal de Campana, IOMA y Hospital Garrahan.
