El Gobierno amplió su ofensiva judicial por la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y anunció nuevas denuncias penales que alcanzarán no sólo a las compañías involucradas sino también a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en las decisiones. La estrategia apunta directamente al entramado empresario que sostiene proyectos como Sea Lion y eleva el costo jurídico de operar en el área de Malvinas sin autorización de Buenos Aires.
Buenos Aires – 09 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El gobierno de Javier Milei decidió profundizar la ofensiva contra las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas y anunció nuevas acciones penales destinadas a identificar y responsabilizar también a sus directivos, gerentes, administradores, representantes y demás personas que hayan intervenido en operaciones consideradas violatorias de la soberanía argentina.
La medida amplía una secuencia iniciada durante los últimos días. El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. Cuatro días después, el Ejecutivo sumó otros 15 sujetos, llevando a 60 el universo inicial bajo investigación administrativa.
En paralelo, la Cancillería avanzó por la vía penal. El 7 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, anunció una denuncia contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., por su presunta participación en actividades de exploración y explotación autorizadas por el gobierno británico en la Cuenca Malvinas Norte.
La nueva fase anunciada por la Casa Rosada busca correr el eje desde la responsabilidad exclusivamente corporativa hacia las personas que adoptaron o ejecutaron las decisiones. La Oficina del Presidente señaló que las acciones “no se limitarán a las personas jurídicas” y que se procurará individualizar a quienes, desde sus cargos, hayan intervenido en hechos considerados ilícitos.
El sustento legal de la ofensiva es la Ley 26.659, que establece que toda actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requiere habilitación de la autoridad nacional. La norma prohíbe también la participación directa o indirecta en compañías que operen sin autorización, así como la prestación de servicios financieros, logísticos, técnicos o de consultoría para esos desarrollos.
Las consecuencias previstas son severas. La legislación contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, pérdida de concesiones y beneficios, además de sanciones penales. Para actividades de exploración no autorizadas establece penas de cinco a diez años de prisión y multas vinculadas al valor de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo WTI; en el caso de extracción, transporte o almacenamiento ilegales, las penas pueden elevarse a diez a quince años, con multas calculadas sobre hasta 1,5 millones de barriles.
El foco inmediato continúa siendo Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado al norte de Malvinas, operado por la israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%. El desarrollo prevé comenzar la producción en 2028, con un volumen inicial cercano a los 50.000 barriles diarios, y constituye el primer intento serio de explotación comercial a gran escala de crudo alrededor del archipiélago.
La disputa escaló después de que Milei anunciara públicamente que endurecería las sanciones contra las compañías que participen en proyectos petroleros sin autorización argentina y advirtiera que esas empresas también podrían encontrar cerradas las puertas de Vaca Muerta. El mensaje tiene una dimensión económica concreta: mientras Sea Lion proyecta decenas de miles de barriles diarios, la formación neuquina ya produce más de 600.000 y concentra inversiones multimillonarias de las principales compañías energéticas internacionales.
La presión argentina ya produjo movimientos dentro de la cadena de proveedores. Según información publicada en los últimos días, empresas globales de servicios petroleros como SLB, Halliburton y Baker Hughes se apartaron del desarrollo en Malvinas ante el riesgo de quedar alcanzadas por las sanciones y perder acceso a negocios en territorio continental argentino.
Navitas no es un actor nuevo en este conflicto. En 2022, la Secretaría de Energía argentina declaró ilegales sus actividades y la inhabilitó por veinte años para operar en el país, luego de considerar que había avanzado en proyectos hidrocarburíferos sin autorización. A pesar de esa sanción, la compañía decidió continuar con su participación en Sea Lion junto a Rockhopper.
Las petroleras, por su parte, defienden la validez de las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas y sostienen que las recientes medidas argentinas no alterarán sustancialmente el calendario del proyecto. Rockhopper y Navitas señalaron que continúan considerando legítimas sus autorizaciones y mantienen como horizonte el inicio de producción en 2028.
El Gobierno argentino busca ahora modificar esa ecuación atacando no sólo la viabilidad comercial sino también el riesgo personal de quienes toman decisiones dentro de las compañías. La posibilidad de que ejecutivos, administradores o representantes queden expuestos a procesos penales, restricciones para operar en el país y eventuales medidas patrimoniales aumenta significativamente el costo de participar en proyectos vinculados a Malvinas.
La ofensiva combina así tres herramientas: sanciones administrativas, denuncias penales y presión económica sobre toda la cadena de empresas que financian, asesoran o prestan servicios al desarrollo petrolero. El verdadero objetivo excede a Navitas y Rockhopper: busca aislar a Sea Lion de proveedores internacionales y obligar a cada compañía a elegir entre participar de la explotación bajo licencia británica o conservar su acceso al enorme mercado energético argentino.
Fuentes consultadas: Oficina del Presidente de la Nación, comunicados oficiales 158, 160 y 161; Ley 26.659 y modificatoria 26.915; Cancillería Argentina; Secretaría de Energía; Reuters; Associated Press; El País; información corporativa de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
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