El Senado retomará este martes la reforma electoral impulsada por el Gobierno, pero La Libertad Avanza todavía no consiguió la mayoría agravada necesaria para eliminar las primarias. Ficha Limpia, el financiamiento privado, la reducción del aporte estatal, la Boleta Única y el fin del debate presidencial obligatorio forman parte de una negociación que puede redefinir las reglas para 2027.
Buenos Aires – 14 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA
El Gobierno de Javier Milei volverá este martes al terreno de una de sus reformas institucionales más ambiciosas: modificar en profundidad las reglas electorales argentinas antes de los comicios presidenciales de 2027. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el fueguino Agustín Coto, fue convocada para las 15.30 en el Salón Arturo Illia para reanudar, después de cuatro meses, el debate del proyecto de Reforma Electoral Integral. El principal escollo permanece intacto: La Libertad Avanza (LLA) todavía no reúne los 37 votos necesarios para eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La discusión comenzó formalmente en mayo y quedó congelada cuando el oficialismo comprobó que sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales no estaban dispuestos a acompañar automáticamente la desaparición de las primarias. Ahora Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario, decidió reactivar la negociación y habilitó que junto con el proyecto del Poder Ejecutivo sean considerados otros expedientes, entre ellos una iniciativa de Ficha Limpia impulsada desde el PRO y otra de la senadora chubutense Edith Terenzi, que propone mantener las PASO pero hacerlas obligatorias solamente cuando una agrupación tenga competencia interna. Esta última alternativa comienza a adquirir peso como posible salida si el Gobierno confirma que no puede conseguir los votos para la derogación total.
La Casa Rosada fijó desde abril una posición maximalista. El proyecto enviado por Milei propone directamente terminar con las PASO y devolver a cada partido o alianza la responsabilidad de definir por sus propios mecanismos las candidaturas nacionales. El Ejecutivo argumentó que las primarias de 2023 demandaron unos $45.000 millones y sostiene que el Estado no debe financiar las disputas internas de las fuerzas políticas. Pero frente a las dificultades parlamentarias surgió nuevamente la posibilidad de una suspensión para 2027, como ocurrió en las legislativas de 2025, o de aceptar un régimen limitado a aquellas agrupaciones donde realmente existan dos o más listas en competencia.
El paquete, sin embargo, excede ampliamente a las PASO. Incorpora el régimen conocido como Ficha Limpia, que impediría competir electoralmente a personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia y extendería determinadas inhabilitaciones al acceso a cargos jerárquicos de la Administración Pública. También prevé la creación de un registro público bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral. La incorporación al temario de proyectos separados sobre Ficha Limpia respondió precisamente a los reclamos de bloques aliados que pretenden avanzar en ese capítulo aun cuando fracase un acuerdo general sobre las primarias.
Otro de los cambios profundos afecta al sistema de partidos. Para obtener reconocimiento como fuerza de distrito se exigirían afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón correspondiente, mientras que un partido nacional debería contar con personería en por lo menos diez distritos y alcanzar un mínimo de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional. El Gobierno argumenta que pretende reducir la proliferación de los denominados “sellos de goma”, endurecer las condiciones para conservar la personería e incorporar mecanismos digitales para las afiliaciones.
La reforma también altera sustancialmente el financiamiento político. Propone eliminar los aportes estatales específicamente destinados a las campañas, mantener como principal asistencia pública el Fondo Partidario Permanente, ampliar fuertemente la capacidad de financiamiento privado y reforzar los mecanismos destinados a identificar y hacer trazables esos recursos. El proyecto eleva del 2% al 35% el límite previsto para los aportes privados, elimina los actuales topes generales de gastos de campaña y suprime el régimen por el cual el Estado distribuye espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales. Al mismo tiempo, introduce restricciones para aportantes vinculados con delitos tributarios, lavado de activos, narcotráfico, fraude contra la administración pública y otras figuras graves.
La Boleta Única de Papel (BUP) también volverá al centro de la discusión. La iniciativa permite incorporar un casillero para votar una lista completa mediante una única marca y contempla la posibilidad de incluir categorías provinciales cuando las elecciones locales y nacionales sean simultáneas. El Gobierno sostiene que la modificación simplificaría el sistema; sus críticos advierten que cualquier cambio en las reglas de votación a pocos meses del comienzo efectivo del calendario electoral necesita consensos amplios para evitar disputas políticas y judiciales.
Entre los artículos menos difundidos aparece además la derogación de la obligatoriedad del debate presidencial, instituida por la Ley 27.337 en 2016 y aplicada en las elecciones de 2019 y 2023. El proyecto elimina la exigencia legal de realizar esos encuentros, otra modificación que seguramente generará resistencia entre sectores que consideran al debate una herramienta de información pública consolidada dentro del proceso electoral argentino.
Las negociaciones políticas se desarrollan paralelamente desde la Casa Rosada y el Senado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo contactos con gobernadores, mientras Bullrich trabaja sobre los bloques parlamentarios. Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Rolando Figueroa y Leandro Zdero estuvieron entre los mandatarios que dieron señales favorables a modificar o eliminar las primarias, aunque el respaldo de los gobernadores no se traduce automáticamente en los 37 votos que necesita el oficialismo en la Cámara alta. Frigerio, por ejemplo, carece de senadores propios, mientras varios mandatarios dialoguistas controlan apenas uno o dos escaños.
El escenario obliga a LLA a elegir entre sostener el proyecto completo y arriesgar un rechazo o fraccionar la reforma para asegurar avances en capítulos donde existen mayores coincidencias. En el propio oficialismo ya admitieron que los números para suprimir las PASO siguen siendo insuficientes, aunque Bullrich decidió comenzar igualmente la discusión artículo por artículo. La incorporación de las propuestas alternativas al temario de este martes muestra que el Senado comenzó a explorar un eventual punto intermedio: no conservar intacto el actual sistema, pero tampoco conceder todavía a Milei la eliminación definitiva de las primarias.
El calendario agrega presión a la negociación. Si no prospera la reforma, las PASO nacionales de 2027 están previstas para el 8 de agosto, lo que obliga a definir las reglas con suficiente anticipación para que partidos, alianzas y la Justicia Electoral puedan organizar el proceso. Así, la reunión de este martes no resolverá solamente el futuro de una elección primaria: abrirá una disputa por el sistema con el que la Argentina elegirá al próximo presidente y renovará el Congreso en 2027, mientras el Gobierno intenta transformar una reforma que nació como paquete integral en una mayoría parlamentaria que, por ahora, todavía no consiguió.
Fuentes consultadas: Senado de la Nación; Oficina del Presidente de la República Argentina; Cámara Nacional Electoral; Agencia Noticias Argentinas; Infobae; TN; Chequeado; Diario Formosa.
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