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Patrimonio bajo sospecha: la Justicia sigue dándole tiempo a Adorni para explicar sus cuentas

15 septiembre, 2026
Patrimonio bajo sospecha: la Justicia sigue dándole tiempo a Adorni para explicar sus cuentas
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El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá finalmente hasta el 22 de septiembre para contestar las 20 preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita sobre inconsistencias detectadas en su evolución patrimonial. El expediente analiza un desbalance de más de $43 millones entre ingresos y gastos y otros US$402.578 vinculados con inmuebles, refacciones y mobiliario que, según la investigación, no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados.

Buenos Aires – 15 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA-La Justicia federal continúa concediendo tiempo adicional al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni para que explique las inconsistencias detectadas en su patrimonio desde su ingreso al gobierno de Javier Milei. Después de un primer plazo y de una prórroga solicitada por su defensa y concedida por el juez federal Ariel Lijo, el ex funcionario tendrá finalmente hasta el próximo 22 de septiembre para responder el requerimiento de 20 puntos elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La sucesión de fechas generó inicialmente confusión porque el primer plazo había sido informado como de 15 días y se interpretó que vencía el 25 de agosto. El cómputo correspondía, sin embargo, a días hábiles, por lo que aquel término se extendió hasta comienzos de septiembre. A partir de allí comenzó a correr la extensión por otros 15 días hábiles concedida por Lijo a pedido de Adorni. Por el momento, según las últimas precisiones judiciales conocidas, no fue presentado un nuevo pedido de prórroga.

El tiempo adicional adquiere relevancia porque el requerimiento de Pollicita no constituye un pedido genérico de información. La fiscalía elaboró un documento de más de 200 páginas y formuló 20 preguntas concretas destinadas a determinar el origen de fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Los números incorporados al expediente constituyen el núcleo del problema. Durante ese período, el matrimonio registró ingresos comprobados por aproximadamente $229,7 millones, mientras sus gastos ascendieron a unos $272,8 millones. La diferencia es de $43.068.549 y permanece bajo análisis. A ese desbalance se agregan erogaciones por US$402.578,12 relacionadas con inmuebles, refacciones y mobiliario que, de acuerdo con la evaluación fiscal difundida, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

La investigación no se limita a comparar declaraciones juradas. Entre las operaciones examinadas aparecen la adquisición y refacción de una propiedad en el country Indio Cuá, la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, préstamos atribuidos a familiares, la adquisición de un vehículo, pagos realizados en efectivo, movimientos bancarios y operaciones con criptomonedas.

Uno de los capítulos más sensibles es precisamente el de los criptoactivos. Adorni afirmó públicamente que antes de ingresar a la función pública disponía de unos US$500.000 originados en inversiones en criptomonedas que no había declarado previamente. Según su explicación, había invertido inicialmente alrededor de US$200.000 y obtenido aproximadamente US$300.000 adicionales. Esa versión llevó a la fiscalía a profundizar las medidas destinadas a reconstruir la operatoria y verificar su trazabilidad.

Pollicita requirió información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre las plataformas, exchanges, billeteras virtuales e intermediarios que operaban en el país desde 2012 y también avanzó con pedidos relacionados con Binance y Lemon Cash. Paralelamente, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabajó sobre la evolución patrimonial y financiera del matrimonio, cruzando ingresos acreditados, bienes, inversiones, créditos, pasivos y gastos registrados en el expediente.

La vivienda de Indio Cuá constituye otro de los puntos centrales. La Justicia buscó establecer qué obras se realizaron, quiénes ingresaron al country y cómo fueron financiadas las refacciones. Entre las preguntas que deberá contestar Adorni figura el origen de los fondos utilizados para afrontar trabajos por alrededor de US$245.000 atribuidos al contratista Matías Tabar. También se analizan gastos de mobiliario y una compra por más de $8 millones, además del uso de tarjetas y otros medios de pago.

El departamento de Caballito también quedó bajo la lupa. La fiscalía citó a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en esa operación y también había participado en la adquisición de la propiedad de Indio Cuá. La compra del departamento fue declarada por US$230.000, con un préstamo de US$200.000 atribuido a las propias vendedoras, una circunstancia que motivó medidas específicas para reconstruir la ingeniería financiera de la operación.

El requerimiento incluye además explicaciones sobre el origen de dólares en efectivo declarados, préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, cancelaciones de deudas bancarias, facturas informadas ante ARCA, operaciones vinculadas con un vehículo y la presencia de personas del entorno familiar como adicionales de tarjetas de crédito. El objetivo de la fiscalía es contrastar cada explicación con la documentación bancaria, tributaria, societaria y patrimonial reunida durante meses de investigación.

La cuestión que ahora domina el expediente es cuánto más podrá extenderse la etapa de explicaciones. La Justicia ya habilitó tiempo adicional para que Adorni prepare su respuesta y el nuevo vencimiento coloca al 22 de septiembre como fecha clave. Una vez recibida la documentación, Pollicita deberá determinar si las respuestas permiten justificar las diferencias patrimoniales o si corresponde avanzar hacia una instancia procesal más comprometida.

Si las explicaciones y la documentación aportada no resultan suficientes, el fiscal podrá evaluar nuevas medidas y eventualmente impulsar citaciones a declaración indagatoria. Esa decisión deberá adoptarse sobre un expediente que ya acumuló información proveniente de organismos públicos, entidades financieras, plataformas vinculadas con criptoactivos, operaciones inmobiliarias y movimientos económicos del matrimonio.

Así, mientras la investigación reunió durante meses elementos para reconstruir ingresos, propiedades, préstamos, refacciones, compras y criptoactivos, Adorni continúa sin haber dado la respuesta definitiva a las 20 preguntas que concentran las dudas de la fiscalía. El próximo 22 de septiembre marcará el nuevo límite concedido para hacerlo y colocará nuevamente sobre Pollicita y el juzgado de Lijo la decisión sobre el rumbo de una causa en la que la cuestión central ya no es qué operaciones realizó el ex jefe de Gabinete, sino si podrá demostrar documentalmente de dónde salió el dinero utilizado para financiarlas.

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