La investigación sobre proveedores presuntamente apócrifos del hotel del Sindicato de Camioneros en Mar del Plata ya dejó cinco funcionarios desplazados dentro de ARCA y una denuncia penal por presiones para detener la fiscalización. El organismo conducido por Andrés Vázquez niega represalias y habla de movimientos administrativos habituales, pero documentos, testimonios y decisiones internas colocan bajo creciente escrutinio la actuación de una estructura que debía investigar operaciones por más de $13.000 millones.
Buenos Aires – 24 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA– La investigación fiscal sobre proveedores presuntamente apócrifos vinculados con el hotel que el Sindicato de Camioneros posee en Mar del Plata derivó en un nuevo desplazamiento dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y volvió a colocar bajo sospecha el comportamiento de la conducción del organismo frente a una pesquisa que involucra al gremio encabezado por Hugo Moyano. El contador Martín Miguel Casanovas, responsable de una división que intervino en la última fiscalización, fue trasladado mediante la Disposición 378/26, convirtiéndose en el quinto funcionario desplazado durante los últimos once meses en medio de actuaciones relacionadas con proveedores del establecimiento sindical.
La secuencia adquiere particular gravedad porque no se limita a movimientos administrativos aislados. Una denuncia presentada ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata describió presiones para detener fiscalizaciones relacionadas con operaciones que superarían los $13.000 millones, monto sobre el cual podrían existir consecuencias tributarias y eventualmente penales. El denunciante sostuvo que desde niveles superiores del organismo se impartieron instrucciones para frenar la investigación y que quienes se resistieron fueron progresivamente removidos de sus puestos.
Casanovas se sumó a Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González, que conducían divisiones de Fiscalización y fueron reasignados durante abril, y a otros funcionarios que habían sido desplazados previamente desde áreas jurídicas y de conducción regional. La sucesión de traslados comenzó cuando la estructura marplatense empezó a profundizar el análisis de facturación considerada irregular y de empresas que habrían operado como proveedores del hotel sindical.
El elemento central es que una de las fiscalizaciones terminó incorporando a un proveedor a la base e-Apoc, registro utilizado por el organismo recaudador para identificar contribuyentes vinculados con emisión de facturas presuntamente apócrifas. En términos tributarios, ese ingreso no constituye una decisión menor: puede activar ajustes fiscales, determinaciones de deuda, denuncias y análisis sobre los destinatarios de esas facturas, precisamente el camino que podía aproximar la pesquisa al flujo de fondos del hotel de Camioneros.
La acusación más delicada surgió cuando se reconstruyó que autoridades regionales habrían transmitido a los fiscalizadores una orden verbal para “congelar” la pesquisa. Según testimonios incorporados a la denuncia, la instrucción provenía de Buenos Aires y estaba acompañada por una advertencia: quienes continuaran avanzando podían ser removidos. En paralelo, dentro del organismo circuló una explicación de fuerte contenido político: evitar un conflicto con Camioneros en momentos en que el gremio de Moyano mantenía una actitud menos confrontativa frente a las negociaciones salariales. Esa reconstrucción forma parte de una denuncia todavía bajo investigación y deberá ser determinada judicialmente.
ARCA rechazó que existiera una operación de encubrimiento y sostuvo que los movimientos de personal forman parte de decisiones normales de administración interna basadas en criterios de mérito, oportunidad y conveniencia. La disposición que trasladó a Casanovas utiliza justamente esa estructura normativa y remite a las facultades discrecionales que posee el organismo para reorganizar funciones. Sin embargo, el hecho de que cinco funcionarios vinculados con distintas etapas de una misma investigación hayan sido desplazados alimentó cuestionamientos sobre si esas facultades administrativas terminaron funcionando, en los hechos, como mecanismo para desarticular la pesquisa.
La estructura jerárquica conduce inevitablemente hacia la conducción nacional del organismo. El actual titular de ARCA, Andrés Vázquez, construyó durante décadas su poder dentro de la antigua AFIP a partir de áreas de inteligencia fiscal y mantuvo vínculos históricamente documentados con sectores de la antigua SIDE, entre ellos el espacio que respondía a Antonio Horacio “Jaime” Stiuso, sinuoso y controvertido ex agente de la SIDE echado del organismo. Un ex agente recordaba a éste medio que el apodo “Jaime” proviene del papele que desempeñaba el “robot” ya fallecido Jaime en la serie televisiva Super Agente 86.
Durante la reorganización de la Secretaría de Inteligencia del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei, el círculo de Stiuso volvió a tener incidencia en áreas sensibles del organismo. En la reconstrucción de la estructura de inteligencia fueron consultados hombres históricamente vinculados con él y, en particular, Stiuso recomendó nombres para el sector de Contrainteligencia, área que condujo durante décadas y que actualmente fue formalizada dentro de la nueva arquitectura de la SIDE como Agencia Nacional de Contrainteligencia. Incluso uno de sus antiguos alfiles quedó al frente de una de las áreas más sensibles de esa estructura. Esa influencia es vox populi, aunque Stiuso no haya regresado formalmente al organismo ni de que conduzca personalmente Contrainteligencia. En ese entramado aparece especialmente Ignacio “Nacho” Jiménez, señalado por fuentes de inteligencia como segundo de Alejandro Cecati dentro de la actual Agencia Nacional de Contrainteligencia y quien habria comentado en varias oportunidades que el responde a Stiuso. El mismo “Señor 5” fue consultado al respecto en la comision bicameral y enojado, respondio, “eso es mentira”. El enojo sule mostrar la impotencia, cuando se corre el velo.
La gravitación actual del exagente resulta relevante porque convierte sus antiguos vínculos con funcionarios fiscales en un elemento que merece atención adicional frente a una investigación que roza a Camioneros. Los antecedentes indican además que el círculo de Stiuso fue consultado desde los primeros pasos de la reconstrucción de la SIDE y que su histórico colaborador Lucas Nejamkis mantuvo contactos de asesoramiento durante el diseño de la nueva estructura. La influencia, por lo tanto, no aparece limitada a una relación pretérita con los servicios sino que alcanza al proceso reciente de reorganización del sistema de inteligencia argentino.
También existe un antecedente que conecta indirectamente a Stiuso con el universo de Hugo Moyano. En reiteradas oprtunidades se informó que el exagente asesoraba al empresario Gustavo Elías, históricamente vinculado con actividades empresariales próximas al jefe camionero. Ese antecedente muestra que existieron conexiones personales y profesionales con figuras del entorno sindical que, frente al episodio de ARCA, vuelven a colocar bajo observación la red de relaciones que rodea a la investigación. Stiuso en el pasado se habia acercado a Moyano cuando el sindicalista fue detenido en poder de Cocaina en su despacho, aunque por supuestos motivos procesales fue sobreseido.
La posición de Vázquez resulta además sensible por su propia situación judicial. El jefe del organismo recaudador está bajo investigación por tres propiedades en Florida valuadas en más de US$2 millones, adquiridas mediante sociedades radicadas en el exterior y que no fueron incluidas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió su indagatoria por considerar que existen elementos para analizar una posible omisión maliciosa y ampliar la investigación hacia hipótesis de enriquecimiento ilícito, lavado y evasión. El juez federal interviniente libró exhortos a Estados Unidos para determinar la titularidad efectiva de los inmuebles y reconstruir el entramado societario. Vázquez no se encuentra procesado hasta el momento.
Las propiedades investigadas comprenden departamentos en Brickell y Sunny Isles, adquiridos mediante sociedades panameñas y estructuras registradas en las Islas Vírgenes Británicas. La investigación detectó además pagos de impuestos inmobiliarios realizados mediante cheques electrónicos a nombre de Vázquez, dato utilizado para analizar si ejercía en la práctica derechos propios de un beneficiario real sobre esos bienes. El funcionario continúa al frente del organismo encargado justamente de fiscalizar evasión, patrimonios no declarados y operaciones societarias complejas.
La investigación sobre Camioneros se inserta, además, en una larga historia de funcionarios fiscales desplazados después de avanzar sobre contribuyentes políticamente influyentes. Durante distintas administraciones, inspectores y responsables de áreas de investigación sufrieron traslados, sumarios o denuncias luego de intervenir en expedientes vinculados con empresarios, sindicalistas y figuras del poder. Algunos de aquellos funcionarios terminaron años después sobreseídos de las causas que se les habían abierto mientras investigaban expedientes sensibles.
En el caso del hotel marplatense, la cuestión ya supera una mera discusión administrativa. Hay una investigación sobre proveedores presuntamente apócrifos, operaciones por más de $13.000 millones, cinco funcionarios desplazados y una denuncia penal que sostiene que existieron órdenes para frenar la fiscalización. La Justicia deberá determinar si los movimientos respondieron, como sostiene ARCA, a decisiones ordinarias de personal o si detrás de ellos existió una protección de hecho hacia una estructura vinculada con Camioneros.
Lo que queda ahora bajo examen no es solamente el destino de los fondos del hotel sindical. También está en juego la autonomía del organismo recaudador frente a actores con poder político y gremial, la conducta de una conducción encabezada por un funcionario que enfrenta su propia investigación patrimonial y la eventual convergencia entre relaciones históricas del mundo fiscal, antiguos operadores de inteligencia que hoy vuelven a tener influencia sobre sectores sensibles de la SIDE y figuras conectadas con el universo de Hugo Moyano. Determinar si esos elementos formaron parte de una misma cadena de protección o simplemente coexistieron será central para establecer por qué una pesquisa iniciada en Mar del Plata terminó acompañada por cinco desplazamientos y por una orden denunciada como destinada a “congelarla”.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina; actuaciones y denuncias presentadas ante el Ministerio Público Fiscal; La Nación; registros públicos del condado de Miami-Dade; Procuraduría de Investigaciones Administrativas; antecedentes periodísticos sobre Andrés Vázquez, Antonio Horacio Stiuso, Gustavo Elías y Hugo Moyano.
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