Por Adalberto Agozino
El colapso de Infravest, una empresa que desde 2022 captaba ahorros en los campamentos de Tinduf con promesas de rentabilidades extraordinarias, ha provocado protestas y dejado al descubierto una paradoja difícil de explicar: en una población refugiada asentada en uno de los territorios más inhóspitos del planeta circulaban millones de dólares destinados a una inversión que funcionaba como un esquema Ponzi.
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Buenos Aires – En septiembre de 2026, las calles de Rabuni y de Chahid El Hafed, en los campamentos de Tinduf, en el Sáhara argelino, dejaron de hablar solamente de supervivencia. Centenares de inversores, comerciantes y familias reclamaron la devolución de unos fondos que habían confiado a Infravest for Contracting and Investment, una empresa que había conseguido construir durante varios años una apariencia de solvencia y respetabilidad. Su director, Sallamu Abba Ali —también citado como Salamo Abaali— desapareció cuando comenzaron a multiplicarse las reclamaciones. Las estimaciones difundidas localmente sitúan el dinero comprometido en torno a los 886.000 millones de dinares argelinos, unos 6,6 millones de dólares, aunque las cifras siguen pendientes de una auditoría independiente.
Los informes existentes hablan de 3.420 contratos y de 2.841 inversores. Otra reconstrucción publicada posteriormente sitúa en 648.580 millones de dinares argelinos, más 532 millones de ouguiyas mauritanas, las cantidades que habrían sido captadas. Esas cifras proceden de estimaciones de fuentes locales y deben ser verificadas.
La importancia del caso no reside solamente en la eventual dimensión de la estafa. Infravest plantea una cuestión mucho más incómoda: cómo pudo funcionar durante años una estructura de captación masiva de dinero en una comunidad sometida a una economía de subsistencia, sin que las autoridades políticas y administrativas que controlan los campamentos detectaran, impidieran o investigaran sus operaciones.
La anatomía de una estafa Ponzi
Un esquema Ponzi recibe su nombre de Charles Ponzi, el estafador italoestadounidense que a comienzos del siglo XX popularizó un modelo basado en una premisa elemental: ofrecer a los inversores beneficios extraordinarios que no proceden de una actividad económica rentable, sino del dinero aportado por nuevos participantes.
La apariencia inicial es fundamental. Los primeros inversores pueden recibir efectivamente sus beneficios. Pero esos pagos no demuestran que exista una empresa rentable: simplemente sirven para consolidar la confianza y atraer más capital. Mientras el flujo de nuevos aportantes sea suficiente, el mecanismo puede mantenerse. Cuando el número de nuevos inversores disminuye o llega simultáneamente el vencimiento de un número elevado de contratos, la estructura se queda sin liquidez y se derrumba.
Ese patrón es precisamente el que las informaciones conocidas atribuyen a Infravest. La empresa habría comenzado construyendo una imagen legítima mediante actividades de contratación y obras, iniciativas comunitarias y acciones de carácter benéfico. Después habría ofrecido inversiones con rendimientos mensuales extraordinarios, que, según el material aportado, llegaron a situarse entre el 50% y el 70%. El dinero de los nuevos participantes habría permitido atender los pagos prometidos a los anteriores.
La llegada simultánea de cientos de vencimientos habría terminado por quebrar el mecanismo. El análisis de Buda Mustafa señala 780 contratos que habrían llegado al vencimiento, más del 22% del total registrado. Si esa información se confirma documentalmente, constituiría precisamente el tipo de crisis de liquidez característico de un esquema Ponzi: cuando las obligaciones de pago superan la capacidad de atraer nuevo dinero, la arquitectura financiera deja de funcionar.
La desaparición de Abbali agravó todavía más el desconcierto. La empresa difundió inicialmente un comunicado según el cual el director se encontraba fuera del país por motivos de viaje y pidió paciencia a los inversores. Pero la posterior desaparición del empresario convirtió el problema financiero en una crisis política y social.
El misterio de los seis millones de dólares
Hay, sin embargo, una pregunta que precede incluso a la responsabilidad penal de Infravest: ¿de dónde salió el dinero?
Los campamentos de Tinduf se encuentran en una de las zonas más áridas y difíciles del norte de África. La población local depende en gran medida de la asistencia internacional para satisfacer necesidades básicas. Human Rights Watch describía ya a los campamentos como asentamientos remotos en el desierto argelino cuya población dependía principalmente de la ayuda internacional para sus necesidades esenciales.
La propia documentación de la Comisión Europea señala que los residentes saharauis continúan dependiendo de la asistencia humanitaria y que la ayuda europea se canaliza mediante organizaciones internacionales y ONG especializadas.
De ahí nace la paradoja de Infravest. Resulta extraordinariamente llamativo que una comunidad cuya economía formal está severamente limitada por el entorno geográfico, el régimen de los campamentos y su dependencia de la asistencia internacional haya podido movilizar varios millones de dólares para destinarlos a una operación financiera privada.
Esto no demuestra por sí mismo que el dinero procediera de actividades ilícitas. Sería irresponsable convertir una anomalía económica en una acusación penal sin una investigación financiera. Pero sí justifica una investigación sobre el origen de los capitales. Entre las hipótesis que deberían ser examinadas figuran las redes de contrabando transfronterizo, el tráfico de drogas, el comercio ilegal de combustible y cigarrillos, la minería clandestina y la eventual desviación y posterior comercialización de productos de ayuda humanitaria.
La existencia histórica de mercados informales vinculados a las rutas transfronterizas del desierto está documentada. Human Rights Watch, por ejemplo, registró en años anteriores incidentes relacionados con el transporte de combustible y con presuntas actividades de contrabando en las proximidades de la frontera con Mauritania.
Pero una hipótesis sobre el origen de los fondos solamente puede transformarse en un hecho cuando una investigación financiera reconstruya las operaciones. Ese debería ser uno de los objetivos centrales de cualquier investigación sobre Infravest: determinar quién entregó el dinero, en qué cantidades, de dónde procedía, dónde fue depositado, qué intermediarios participaron y hacia qué destinos terminó siendo transferido.
El precedente de la ayuda humanitaria
La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se recuerda el antecedente de la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF.
En 2003, la Comisión Europea recibió denuncias sobre posibles desviaciones de ayuda destinada a los residentes de Tinduf y solicitó una investigación a la OLAF. La investigación se realizó entre 2003 y 2007 y su informe fue conocido públicamente años después. El Parlamento Europeo dejó constancia de que el documento había identificado importantes problemas relacionados con la gestión y distribución de la ayuda alimentaria.
La Comisión Europea respondió que las conclusiones de la investigación habían puesto de manifiesto debilidades en la cadena logística de la ayuda y que, a partir de entonces, se habían reforzado los controles, incluyendo el seguimiento de la distribución, auditorías y una mayor presencia de organizaciones internacionales. La Comisión sostuvo además que, desde la implantación de esas medidas, no había encontrado nuevas evidencias de desviación de la ayuda financiada por ECHO.
Es una precisión importante. El informe de la OLAF no puede utilizarse legítimamente como prueba automática de que toda ayuda posterior haya sido desviada ni de que cualquier actividad económica desarrollada décadas después sea fruto de esa desviación. Pero sí constituye un antecedente institucional relevante que obliga a observar con especial atención cualquier nuevo circuito financiero surgido alrededor de los campamentos.
Una estructura que difícilmente podía pasar inadvertida
La cuestión política más delicada es la responsabilidad de las autoridades que administran los campamentos. Human Rights Watch ha señalado que, con la aquiescencia de las autoridades argelinas, el Frente Polisario administra los campamentos próximos a Tinduf.
Infravest no parece haber sido una operación clandestina desarrollada durante unas pocas semanas. Según el material aportado, funcionó físicamente desde 2022, mantuvo oficinas, realizó actividades de contratación, construyó una reputación pública y captó capital durante varios años.
Por ello, resulta difícil imaginar que una operación de semejante escala pudiera desarrollarse completamente al margen de las estructuras de poder locales. Esa circunstancia justifica investigar qué autorizaciones obtuvo la empresa, qué funcionarios conocieron sus actividades, qué controles administrativos existieron, qué instituciones permitieron su funcionamiento y si existieron relaciones financieras o personales entre sus responsables y miembros del aparato del Frente Polisario o funcionarios argelinos.
Allí existe una cuestión institucional de enorme gravedad: ¿cómo pudo una empresa captar durante años cantidades millonarias dentro de un espacio sometido a estructuras administrativas y de seguridad concretas sin que esas estructuras intervinieran?
Las víctimas no son quienes deben pagar la factura
Hay otra dimensión que corre el riesgo de quedar sepultada bajo el escándalo. Las víctimas inmediatas son los propios refugiados.
El expediente describe a comerciantes, empleados públicos, estudiantes y familias que habrían colocado sus ahorros en Infravest atraídos por la promesa de rentabilidades excepcionales.
Convertir a esos damnificados en responsables colectivos sería una injusticia adicional. La población saharaui de los campamentos no puede ser confundida con quienes administran sus estructuras políticas, ni puede atribuirse a una comunidad entera la eventual conducta criminal de individuos concretos.
Precisamente por eso, el caso Infravest debería servir para separar dos realidades que con frecuencia aparecen mezcladas: la población local, que continúa viviendo en condiciones de dependencia y vulnerabilidad, y las estructuras de poder que gestionan los campamentos.
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entidad fantasma proclamada por el Frente Polisario y sin reconocimiento internacional, forma parte de ese entramado político, pero su existencia como estructura control por el movimiento separatista no convierte automáticamente a todos los saharauis locales en responsables de sus decisiones.
El dinero como radiografía de un sistema
El escándalo de Infravest puede terminar siendo mucho más importante que la desaparición de un empresario y la pérdida de varios millones de dólares. Puede convertirse en una radiografía de la economía informal de los campamentos y de la corrupción imperante entre los altos mandos del Polisario.
Si las cifras se confirman, habrá que explicar cómo una economía oficialmente dependiente de la asistencia internacional consiguió reunir semejante volumen de liquidez privada. Habrá que reconstruir también el circuito del dinero y determinar si existieron conexiones con redes comerciales transfronterizas.
El antecedente de la OLAF demuestra que los riesgos de desvío y comercialización irregular de recursos destinados a los refugiados no son una invención reciente. La propia Unión Europea modificó sus procedimientos precisamente para reducir esos riesgos y estableció mecanismos de seguimiento que, según la Comisión, no habían detectado nuevas desviaciones después de su implantación.
Infravest abre ahora un capítulo diferente: ya no se trata solamente de saber si una mercancía humanitaria llegó o no a su destinatario, sino de descubrir de dónde procede el capital privado que permitió montar una operación financiera de millones de dólares en un territorio donde las oportunidades económicas formales son extremadamente reducidas.
La respuesta determinará también la verdadera naturaleza del escándalo. Podría tratarse de una gigantesca estafa privada aprovechándose de una comunidad vulnerable. Podría revelar una economía informal mucho más importante de lo que muestran las estadísticas oficiales. O una investigación judicial y financiera podría descubrir conexiones con redes ilícitas de alcance regional. Incluso podrían coexistir esas realidades.
Por ahora, hay una certeza y una pregunta. La certeza es que miles de personas aseguran haber perdido sus ahorros y que Infravest presenta, según las informaciones disponibles, numerosos rasgos compatibles con un esquema Ponzi. La pregunta —mucho más profunda— es dónde estaba el dinero antes de entrar en Infravest y dónde está ahora.
En los campamentos de Tinduf, el desierto ha vuelto a revelar una paradoja: detrás de una comunidad cuya imagen internacional es la de una población dependiente de la ayuda humanitaria apareció, durante años, una masa de capital suficiente para alimentar una gigantesca operación financiera. Saber quién generó ese dinero, quién lo permitió circular y quién terminó beneficiándose de él será indispensable para distinguir el fraude individual de la existencia de una economía clandestina e ilegal más amplia. Y, sobre todo, para evitar que quienes vuelven a quedar abandonados sean, una vez más, los propios refugiados.
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