La socióloga y defensora de derechos humanos venezolana aseguró en una entrevista con DW que la salida de Nicolás Maduro no produjo una transición democrática, sino un reacomodo del chavismo bajo la conducción de Delcy Rodríguez. Denunció torturas, presos políticos, restricciones a las libertades, una oposición fragmentada y una creciente subordinación de Caracas a los intereses de Estados Unidos.
Berlín – 24 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA– La socióloga y activista venezolana Ligia Bolívar trazó uno de los diagnósticos más duros sobre la Venezuela posterior a la captura de Nicolás Maduro al afirmar que el país continúa gobernado mediante el miedo y que la actual etapa política no constituye necesariamente una transición hacia la democracia. En una extensa entrevista concedida a Deutsche Welle (DW) desde Alemania, donde será distinguida con el Premio de Derechos Humanos Rudolf Benario de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, Bolívar sostuvo que la caída de Maduro modificó la cabeza del poder pero no desmontó las estructuras políticas, económicas y represivas construidas durante años por el chavismo.
Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, fundadora de PROVEA y coordinadora de Alerta Venezuela, definió el momento actual como “una transición tutelada” que, a su juicio, puede terminar simplemente en una redistribución interna del poder. Su principal argumento es que los funcionarios centrales del viejo régimen continúan ocupando posiciones decisivas. En ese contexto apuntó directamente contra la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien describió como la funcionaria que ya controlaba áreas centrales como economía, petróleo y seguridad durante el gobierno de Maduro y que ahora concentra esas mismas funciones desde la jefatura del Ejecutivo.
La advertencia de Bolívar encuentra respaldo parcial en un informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, que el 16 de septiembre sostuvo que, pese a algunas mejoras limitadas, las instituciones estatales responsables de graves violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas permanecen esencialmente intactas. La misión reclamó cambios “reales y significativos” y señaló que las estructuras vinculadas históricamente con la represión continúan operativas.
Uno de los puntos más graves de la entrevista está relacionado con las denuncias de torturas. Bolívar afirmó que personas recientemente liberadas relatan prácticas de extrema crueldad y cuestionó que ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo hayan anunciado investigaciones profundas para determinar responsabilidades. Mencionó el caso de una mujer que, según relató, ingresó embarazada a prisión y salió sin su bebé y en silla de ruedas después de haber sufrido torturas, sin que hasta ahora las autoridades le hayan solicitado formalmente su testimonio ni abierto una causa sobre lo ocurrido.
Para la activista, las excarcelaciones anunciadas durante los últimos meses tampoco equivalen necesariamente a libertad plena. Explicó que numerosos detenidos políticos abandonaron las cárceles sometidos a medidas restrictivas que continúan condicionando su vida cotidiana y su actividad pública. “Es un régimen que sigue gobernando en función del terror”, señaló a DW, al cuestionar además la narrativa según la cual la situación venezolana estaría normalizándose aceleradamente después de la intervención estadounidense y del reemplazo de Maduro.
La situación humanitaria constituye otro de los pilares de su diagnóstico. Los terremotos del 24 de junio agravaron una emergencia que Venezuela arrastraba desde hacía años. Naciones Unidas informó que más de 5.300 personas murieron, 16.700 resultaron heridas y aproximadamente 18.000 perdieron sus viviendas como consecuencia de los sismos, mientras unas 117.000 personas habían recibido asistencia humanitaria durante el primer mes posterior al desastre. Bolívar sostuvo que la catástrofe profundizó fallas estructurales del sistema eléctrico y sanitario, dejando pacientes sin tratamientos, escuelas sin actividad regular, comercios paralizados y familias sin capacidad de conservar alimentos.
La defensora de derechos humanos también cuestionó el proceso de diálogo político impulsado durante los últimos meses. Recordó que Venezuela atravesó sucesivas mesas de negociación durante años sin que los acuerdos produjeran transformaciones institucionales duraderas y puso como ejemplo el Acuerdo de Barbados de 2023, cuyas disposiciones sobre participación electoral terminaron, según su interpretación, sometidas a criterios legales utilizados posteriormente por el propio chavismo para restringir candidaturas y registros electorales. Por esa razón, sostuvo que las declaraciones y documentos solamente pueden evaluarse cuando se traducen en cambios verificables.
Su hoja de ruta para considerar que existe una transición democrática comienza con la liberación absoluta e incondicional de los presos políticos, la eliminación de normas que restringen el espacio cívico, el repliegue de estructuras armadas y el establecimiento de un cronograma electoral verificable. También reclamó acceso pleno e independiente para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bolívar fue igualmente crítica con Estados Unidos. Dijo no haber celebrado la captura de Maduro porque consideró humillante que el cambio de conducción política se produjera mediante una intervención militar extranjera y expresó dudas sobre la capacidad de Washington para promover instituciones democráticas dentro de Venezuela. Según su evaluación, parte de la sociedad pasó rápidamente de la euforia por la caída de Maduro a la decepción al comprobar que Delcy Rodríguez continúa al frente del aparato estatal mientras coordina cada vez más estrechamente su política económica y exterior con la administración de Donald Trump.
Ese vínculo se volvió particularmente visible durante septiembre. Rodríguez viajó a Nueva York para mantener reuniones con Trump y con directivos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras su gobierno negocia reestructuración de deuda, explotación petrolera, minería y recuperación de activos venezolanos en el exterior. Reuters informó además que Caracas y sectores de la oposición discuten la eventual transferencia a Estados Unidos de aproximadamente US$4.000 millones en oro venezolano actualmente depositado en el Banco de Inglaterra, bajo mecanismos de supervisión financiera estadounidense.
Bolívar resumió ese proceso con una frase especialmente contundente: Venezuela habría experimentado “un cambio de dueño”. Según explicó, el país pasó de una dependencia marcada por vínculos con China, Rusia, Cuba e Irán a una creciente subordinación hacia Estados Unidos, mientras los recursos energéticos y mineros continúan ocupando el centro de las negociaciones internacionales. Para la activista, ninguna transformación será sostenible mientras las prioridades de las potencias extranjeras se concentren en petróleo, minería y otros activos estratégicos antes que en los derechos y necesidades de la población venezolana.
La fragmentación opositora completa su diagnóstico. Bolívar identifica actualmente tres grandes espacios: un sector elegido por Washington para participar de negociaciones encabezado por Dinorah Figuera; el espacio que reivindica la victoria electoral de Edmundo González, bajo el liderazgo político de María Corina Machado; y sectores de la Asamblea Nacional que se presentan como opositores pero acompañan regularmente al oficialismo. Esa división, sostuvo, limita la capacidad de construir una alternativa política legítima y dificulta además evaluar la representatividad de las mesas de diálogo auspiciadas desde el exterior.
Sobre Machado, reconoció que continúa conservando un respaldo popular considerable, pero cuestionó lo que considera silencios frente a decisiones sensibles, entre ellas la relación con la Corte Penal Internacional, las deportaciones de venezolanos y determinados aspectos del nuevo acuerdo petrolero con Estados Unidos. A juicio de Bolívar, esas omisiones pueden erosionar parte del capital político acumulado por la dirigente opositora y colocan sobre la mesa hasta dónde pueden sacrificarse principios democráticos en nombre de una estrategia para desplazar definitivamente al chavismo del poder.
Pese a la dureza del panorama, Bolívar no presentó la situación venezolana como irreversible. Su expectativa está puesta menos en gobiernos extranjeros o negociaciones entre élites que en la capacidad de organización de la propia sociedad civil. Considera que acompañar a las víctimas, documentar abusos y preservar pruebas sobre violaciones de derechos humanos será decisivo para cualquier eventual proceso de justicia y memoria. Su mensaje desde Alemania describe así una Venezuela donde la caída de Maduro modificó actores y alianzas internacionales, pero donde la transición democrática continúa pendiente mientras las estructuras represivas permanecen activas y los principales recursos del país vuelven a convertirse en moneda de negociación entre poderes internos y externos.
Fuentes consultadas: Deutsche Welle; Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela; Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Naciones Unidas en Venezuela.
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