El referente de La Cámpora anticipó que, si el peronismo regresa al Gobierno en 2027, auditará todos los proyectos incorporados al régimen de grandes inversiones. Sus declaraciones alcanzan a 23 iniciativas aprobadas por casi US$50.000 millones y otras 24 en evaluación por más de US$159.000 millones. Aunque reconoció los derechos adquiridos, volvió a instalar una discusión especialmente sensible para quienes deben comprometer capitales durante décadas: la estabilidad de las reglas argentinas.
Buenos Aires – 14 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. El diputado nacional Máximo Kirchner introdujo un nuevo factor de incertidumbre en el debate sobre las grandes inversiones en la Argentina al anticipar que, si el peronismo recupera el poder en 2027, se revisarán individualmente los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta diseñada precisamente para ofrecer previsibilidad jurídica, tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años. Sus declaraciones estan dirigidas a generar un sabotaje a las inversiones, que perjudicarian al país.
“Habrá que auditar proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo”, afirmó el referente de La Cámpora, quien calificó al régimen como una suerte de “estatuto de coloniaje” y cuestionó los beneficios otorgados a las compañías internacionales, asegurò el hijo de Cristina K, de quien no se conoce ninguna accion politica positiva en los años que lleva en la política.
Kirchner aclaró que aquellos proyectos que cumplan con las condiciones legales podrán continuar porque sus beneficios constituyen derechos adquiridos. Esa precisión resulta jurídicamente relevante, pero no elimina el interrogante económico que provocan sus declaraciones: ¿qué interpretación de las normas aplicará una futura administración y cuánto costará a los inversores atravesar una nueva revisión política de compromisos previamente aprobados por el Estado?
La cuestión adquiere especial importancia por la magnitud de los capitales involucrados. Según los datos oficiales difundidos por el Gobierno, existen 23 proyectos aprobados por aproximadamente US$49.700 millones, mientras que otras 24 iniciativas permanecen bajo evaluación y representan inversiones potenciales por US$159.400 millones. En conjunto, se trata de un universo superior a los US$209.000 millones, aunque corresponde distinguir los montos comprometidos y proyectados de los dólares efectivamente desembolsados.
Los emprendimientos abarcan minería, hidrocarburos, energía, infraestructura y siderurgia, sectores que requieren inversiones iniciales extraordinarias y períodos de recuperación que pueden extenderse durante décadas.
La estabilidad jurídica frente al calendario electoral
El RIGI fue establecido mediante la Ley 27.742, aprobada por el Congreso, y contempla garantías de estabilidad durante 30 años para los proyectos adheridos, junto con mecanismos específicos de protección de los derechos adquiridos y resolución de controversias.
La legislación también prevé obligaciones, controles y causales de incumplimiento. Por lo tanto, auditar un proyecto no constituye por sí mismo una violación de la seguridad jurídica. La diferencia fundamental reside en determinar si una fiscalización verifica objetivamente el cumplimiento de la ley o si se convierte en un instrumento para reinterpretar beneficios y condiciones ya reconocidos.
En este último supuesto, el conflicto podría trascender la discusión política y derivar en controversias judiciales o arbitrajes internacionales, con eventuales consecuencias patrimoniales para el Estado argentino.
Las declaraciones de Kirchner incorporan además un componente temporal especialmente delicado. Una compañía que analiza invertir miles de millones de dólares en una explotación minera, un gasoducto o una instalación de exportación de gas natural licuado no evalúa únicamente las condiciones económicas presentes. También necesita calcular qué sucederá con sus derechos después de dos, tres o cuatro administraciones presidenciales.
Por esa razón, cualquier anuncio de revisión asociado expresamente a un eventual cambio de gobierno puede incorporarse a la evaluación del riesgo político argentino, incluso cuando todavía no exista una medida administrativa concreta.
El problema de la continuidad del Estado
La Argentina arrastra una prolongada historia de cambios regulatorios, restricciones cambiarias, controversias contractuales y disputas con inversores extranjeros. Ese antecedente constituye uno de los obstáculos que el RIGI pretende superar mediante garantías legales que excedan el mandato de un presidente.
Kirchner sostiene que el régimen concede ventajas excesivas a grandes corporaciones frente a empresas nacionales y pequeñas y medianas firmas que deben soportar una carga tributaria diferente. Se trata de una discusión legítima sobre política industrial y distribución de beneficios, particularmente cuando están involucrados recursos naturales y proyectos que ya se encontraban en desarrollo antes de recibir incentivos.
Sin embargo, una cuestión es debatir la conveniencia de un régimen antes de su aprobación y otra muy distinta es generar incertidumbre sobre compromisos asumidos después de que empresas hayan organizado su financiamiento y sus decisiones de inversión sobre la base de una legislación vigente.
El desafío argentino no consiste solamente en conseguir que las compañías anuncien inversiones, sino en lograr que esos anuncios se transformen en desembolsos, obras, exportaciones y empleos. La distancia entre las inversiones aprobadas y el dinero efectivamente ingresado demuestra por qué la ejecución de los proyectos resulta tan importante como su autorización inicial.
En ese escenario, la amenaza de Máximo Kirchner vuelve a colocar sobre la mesa una debilidad estructural de la economía nacional: la dificultad para construir acuerdos políticos duraderos sobre las condiciones necesarias para invertir, algo en que el kirchnerismo se especializa.
El Gobierno deberá demostrar que el RIGI produce resultados concretos, mientras que quienes aspiran a sucederlo tendrán que definir si sus cuestionamientos se limitarán a fiscalizar el cumplimiento de la legislación o si pretenden impulsar modificaciones de fondo.
La distinción no es menor. Las grandes inversiones pueden sobrevivir a una auditoría técnica rigurosa; lo que resulta mucho más difícil de administrar es la incertidumbre sobre la continuidad de las reglas que justificaron comprometer miles de millones de dólares.
Fuentes consultadas: Radio con Vos, declaraciones de Máximo Kirchner del 14 de octubre de 2026; La Nación; TN; Agencia Noticias Argentinas; Ministerio de Economía de la Nación; Casa Rosada; Ley 27.742 y Decreto 749/2024; Chequeado.
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