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Por Lucía Salinas
La jueza Ana María Figueroa, que integra la Sala del tribunal que debe decidir si se hace o no el juicio por lavado en el caso Hotesur, asumirá como presidenta para 2023.
Como cada fin de año, la Cámara Federal de Casación Penal -la instancia previa para llegar a la Corte Suprema de Justicia en las causas federales-, renovó sus autoridades. Durante el 2023 la presidencia del máximo tribunal penal será ejercida por la jueza Ana María Figueroa, quien interviene en dos expedientes sensibles para Cristina Kirchner: Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán. La decisión sobre si se hará el juicio oral en ambos casos, podría resolverse antes del inicio de la feria judicial.
La Casación Penal tiene dos resoluciones claves para el futuro judicial de Cristina Kirchner. Se trata de dos expedientes donde se analiza si la vicepresidente debe afrontar el juicio oral o si, por el contrario, se deja firme el sobreseimiento que obtuvo por parte de dos Tribunales que resolvieron sin la realización del debate.
Las investigaciones sobre las que debe resolver la Sala I del máximo tribunal penal integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, están en etapa de análisis y los votos de cada uno de los magistrados “están circulando”, señalaron fuentes judiciales.
Esa circulación entre los diferentes despachos significa que se está más cerca de conocer la resolución de la Sala. Las audiencias correspondientes para escuchar a todas las partes ya fueron celebradas y corren los plazos procesales, que en estos casos cuando se trata de expedientes de gran envergadura, se contemplan las prórrogas.
La decisión adoptada para la renovación de las autoridades de la Cámara de Casación, también puede terminar influyendo en los plazos en los que los magistrados deben pronunciarse sobre los casos Pacto con Irán, como también en Hotesur y Los Sauces.
El 1 de enero, la jueza Figueroa asumir la presidencia de la Casación para todo el 2023. Eso la obliga a dejar la Sala I, aunque continuará interviniendo en los expedientes que aguardan una resolución. Así lo determina el reglamento.
Por más que asuma la presidencia, ella intervino en las audiencias donde se escucharon a las partes en cada caso, tanto a quienes como Cristina Kirchner exigía que los sobreseimientos queden firmes, como las querellas en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que pidieron que afronte el juicio. Bajo ese mismo criterio, en Hotesur y Los Sauces el fiscal Mario Villar reclamó que la inocencia o culpabilidad de los imputados, se dirima en el debate oral.
Ante la renovación de las autoridades, en Comodoro Py no descartaron que las resoluciones puedan conocerse antes del inicio de la feria judicial a finales de diciembre.
Algunos magistrados en el edificio de Retiro buscan que decisiones determinantes que involucren a Cristina Kirchner no queden dentro del calendario electoral que atravesará a la política durante el 2023. Parece una carrera a contrarreloj, pero no se descarta que la decisión de la Sala I del máximo tribunal penal pueda acelerarse.
El caso Hotesur y Los Sauces se concentra en las empresas de la familia Kirchner. La primera de ellas responde a los negocios hoteleros y la segunda, a operaciones inmobiliarias.
Durante la etapa de instrucción y en la correspondiente elevación a juicio oral, se sostuvo que las compañías no tuvieron nunca una verdadera intención comercial, sino que funcionaron como “pantallas” para realizar operaciones de lavado de dinero.
Con ese objetivo delineado, el otro punto que se concluyó es que las maniobras de blanqueo se realizaron bajo una misma metodología: la simulación de alquileres, en un caso a través de los hoteles de la familia Kirchner y en el otro, de propiedades que le pertenecen a Los Sauces SA.
En ambos casos hubo un común denominador: Lázaro Báez. Con su empresa Valle Mitre SRL, el también contratista estrella del Estado alquiló el hotel Alto Calafate (propiedad de Hotesur). En simultáneo firmó diversos contratos de locación con Los Sauces a través de Austral Construcciones, su nave insignia con la que obtuvo 51 licitaciones viales que otro tribunal ya señaló en la condena, que fue de forma irregular y con sobreprecios.
A Cristina Kirchner le preocupan estos dos expedientes en particular, porque Máximo y Florencia Kirchner se encuentran procesados y enviados a juicio oral. También están incluidos en el sobreseimiento que se encuentra bajo revisión.
Es decir, si la Sala I de la Cámara de Casación revoca ese sobreseimiento y ordena la realización del debate oral, la vicepresidenta no podrá evitar la fotografía de sus hijos sentados en el banquillo de los acusados.
Por otro lado, el expediente que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Pacto con Irán, incluye no sólo a Cristina Kirchner sino también a Carlos Zannini, actual Procurador del Tesoro, a Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otros imputados.
Fue el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) el que dispuso el sobreseimiento por las acusaciones encubrimiento agravado del atentado contra la sede de la AMIA, pese a que un año atrás había firmado la resolución que garantizaba la realización del debate oral.
En este caso también se realizaron todas las audiencias ante la Sala I del máximo tribunal y se espera la decisión de los magistrados que, resulte como resulte, podrá ser apelada por las partes y finalmente será la Corte Suprema de Justicia la que tenga la palabra final.
Fuente Clarin
