Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración durante la gestión de Alejandra Gils Carbó y uno de los acusados por la polémica compra del edificio de Perón 667, fue encontrado muerto con una herida de arma blanca en el pecho. El economista debía sentarse el 22 de septiembre en el banquillo del Tribunal Oral Federal Nº8 junto a la exprocuradora y otros imputados. La Policía bonaerense trabaja inicialmente sobre la hipótesis de un suicidio, aunque la investigación y las pericias deberán determinar qué ocurrió. Su muerte extinguirá la acción penal en su contra cuando estaba a punto de comenzar un juicio con alrededor de cien testigos.
Buenos Aires – 3 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – La muerte de Guillermo Alfredo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, irrumpió a solamente veinte días del comienzo del juicio oral por una de las contrataciones más controvertidas de aquella administración: la compra en 2013 del edificio de Juan Domingo Perón 667, por el que el organismo pagó $43.850.000 y cuya licitación, según la acusación judicial, habría sido direccionada.
Bellingi, de 55 años, fue encontrado muerto en la calle 8, entre 406 y 407, de Villa Elisa, partido de La Plata. Presentaba una herida de arma blanca en la zona inferior del tórax, inclinada hacia el lado izquierdo. Cerca del cadáver aparecieron un cuchillo tipo criollo con mango de madera y su correspondiente vaina, mientras que permanecían en el lugar su teléfono celular, billetera, reloj y una mochila azul, circunstancias que inicialmente alejarían la hipótesis de un robo.
Las primeras observaciones tampoco habrían detectado lesiones adicionales ni signos defensivos en el cuerpo. Esos elementos llevaron a los investigadores bonaerenses a considerar inicialmente la posibilidad de un suicidio, pero será el resultado de la autopsia y de las restantes medidas periciales el que deberá establecer la mecánica de la muerte. Por ahora, no existe una determinación judicial definitiva sobre lo sucedido.
La fecha convierte inevitablemente el episodio en un hecho de enorme sensibilidad judicial. Bellingi debía comenzar a ser juzgado el 22 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal Nº8, junto con Gils Carbó y otros acusados, por las presuntas irregularidades en la adquisición del denominado “Petit Hotel” que posteriormente se transformó en sede de dependencias de la Procuración.
Bellingi no era un protagonista periférico del expediente. Licenciado en Economía, docente de la Universidad Nacional de La Plata y experto en cuestiones vinculadas con transparencia, había sido designado subdirector general poco después de la llegada de Gils Carbó a la Procuración y tuvo una intervención central en la licitación 1/2013 destinada a adquirir el inmueble.
La acusación sostiene que durante ese procedimiento fueron modificadas condiciones que terminaron favoreciendo la propuesta de Argentina Financiera SA (Arfinsa), perteneciente al grupo Bemberg, que finalmente vendió el edificio por $43,85 millones. La investigación detectó posteriormente un circuito de comisiones que agregó un elemento decisivo al expediente.
Arfinsa pagó $7,7 millones a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por su participación en la operación. Esa inmobiliaria, a su vez, abonó $3 millones a Juan Carlos Thill, productor de seguros y medio hermano de Bellingi, por tareas de asesoramiento relacionadas con la licitación.
La cronología despertó las sospechas más graves. Los contratos que documentaron esas comisiones habían sido firmados antes de que la licitación tomara estado público y se conociera formalmente quién resultaría ganador. Para la acusación, Bellingi habría ocupado un lugar decisivo dentro del procedimiento y proporcionado información que terminó beneficiando a quienes intervinieron en la operación inmobiliaria.
El fiscal federal Eduardo Taiano sostuvo durante la instrucción que existían elementos suficientes para investigar un direccionamiento del concurso y pidió las indagatorias correspondientes. El juez federal Julián Ercolini procesó posteriormente a Gils Carbó y Bellingi y la causa terminó elevada a juicio oral.
La relación entre ambos también atravesó momentos particularmente conflictivos. Cuando las sospechas sobre las comisiones tomaron estado público, Gils Carbó suspendió a Bellingi y ordenó un sumario administrativo. La entonces procuradora llegó posteriormente a deslindar responsabilidades sobre su subordinado durante su defensa judicial, mientras Bellingi negó haber sabido que su medio hermano cobraría la comisión millonaria.
Tiempo después, cuando Gils Carbó todavía permanecía al frente del Ministerio Público Fiscal, Bellingi pidió reincorporarse para volver a percibir su salario. Fue reintegrado, aunque destinado a la biblioteca del organismo y no a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde había trabajado anteriormente.
El juicio del 22 de septiembre seguirá adelante pese a su muerte. El TOF Nº8 estará integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, mientras que el fiscal general Marcelo Colombo tendrá a su cargo la acusación. Está prevista la declaración de alrededor de 100 testigos.
Además de Gils Carbó, llegarán al debate Juan Carlos Thill, Bárbara Jaureguiberry y el exdirectivo de Arfinsa Adrián González Fischer. Bellingi era el cuarto acusado, pero su abogado ya notificó oficialmente su fallecimiento al tribunal y, una vez incorporado el certificado de defunción, los magistrados podrán declarar extinguida la acción penal respecto del exfuncionario.
Su ausencia modifica inevitablemente el escenario del debate. Bellingi era simultáneamente funcionario interviniente en la licitación y medio hermano de quien recibió una de las comisiones cuestionadas, por lo que su participación constituía una pieza relevante para reconstruir cómo se organizó administrativamente la compra y qué conocimiento tenía cada uno de los protagonistas.
La muerte abre ahora dos caminos judiciales completamente diferentes. En La Plata, los investigadores deberán establecer mediante autopsia, pericias sobre el arma, teléfonos y demás elementos reunidos en la escena si la hipótesis inicial de suicidio se confirma o debe ser descartada. En Comodoro Py, mientras tanto, el TOF Nº8 continuará preparando un juicio largamente postergado que comenzará sin uno de sus principales acusados y deberá determinar si la compra del edificio de Perón 667 fue una contratación legítima, como sostiene la defensa de Gils Carbó, o una licitación direccionada mediante un mecanismo que permitió el pago de millonarias comisiones antes de que públicamente se conociera al adjudicatario.
Fuentes consultadas: actuaciones de la causa por la adquisición del edificio de la Procuración; Tribunal Oral Federal Nº8; investigación del fiscal Eduardo Taiano; antecedentes de la instrucción del juez Julián Ercolini; Universidad Nacional de La Plata; Agencia Noticias Argentinas
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