Por Mario Cabanillas *
El caso del ex cabo salteño Julio Narciso Flores saltó a los diarios y a la televisión en agosto a raíz de la extensa huelga de hambre que mantuvo en la cárcel salteña de Güemes. Su resistencia pacífica y su progresivo deterioro físico atrajeron la atención pública sobre su injusta prisión preventiva.
Flores protestaba porque ni siquiera atendían su pedido de cumplir esa injusta prisión en su domicilio. Tanto fue el estupor que, para acallarlo, Flores fue trasladado a un hospital neuropsiquiátrico de Salta, en un episodio que a muchos recordó de inmediato la totalitaria metodología soviética. El escándalo llevó a intervenir a cuatro diputados nacionales que viajaron a Salta para interesarse por el caso.
Solo esta intervención, que permitió sacar a Flores del neuropsiquiátrico, más la expectativa de que los diputados abogaran para que finalmente fuera revisado con seriedad su pedido de prisión domiciliaria, que era el objeto de su reclamo, quebró la tenacidad del detenido, que entraba ya en una fase crítica de su ayuno de 47 días, donde, según los médicos que lo revisaron, los daños corporales serían irreversibles.
Cuatro meses después de aquel episodio, devuelto ya a la prisión de Güemes, Flores acaba de enterarse de que aquella expectativa suya y de los cuatro diputados que se hicieron eco del escándalo -Alberto Asseff (Pro, Buenos Aires), Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), Francisco Sánchez (Pro, Neuquén) y Carlos Zapata (Cambiemos, Salta)- era una vez más vana, ante la sevicia de los magistrados. Flores, de 64 años, asmático crónico, firmó el miércoles la resolución del tribunal, que tenía fecha del lunes, para dejar constancia de su notificación.
Es evidente que la jueza María Claudia Morgese Martin, presidente del Tribunal Oral Federal Nro 5 de San Martín, y quien ha demostrado tener una animadversión manifiesta contra Flores, esperó este tiempo para que las aguas se aquietaran, para que todos olvidaran el demencial episodio del neuropsiquiátrico y, al calor de los festejos populares, y en vísperas de la Navidad, cuando la población tiene la mente puesta en otros asuntos, puso otra pesada losa sobre la cabeza del ex cabo para forzar su desesperación y, con él, la de toda su familia. Vaya una forma curiosa de celebrar la Navidad, la de la jueza.
Pese a su deseo de que todo sea olvidado, el Centro de Estudios Salta repudia esta nueva injusticia cometida con cinismo en nombre de los derechos humanos, y no permitirá que pase desapercibida.
Flores acaba de cumplir ocho años encerrado por delitos que insiste en no haber cometido. El cargo que se le hace -autor de crímenes de lesa humanidad- es una de esas enormidades discursivas llamadas a sembrar dudas en las conciencias, siempre que uno no se tome la molestia de examinar los fundamentos. Porque, tan pronto se revisan, aparecen las presunciones, las contradicciones entre los testimonios -¿era bajo, era alto, era gordo, tenía el pelo largo? ¿de quién hablan?- y hasta un testigo, Guillermo Marcelo Fernández, que súbitamente lo identifica a partir de una foto carnet, a cuarenta años de los hechos. Un repentino recuerdo de parte de un testigo que, ahora se sabe, había cobrado una misma indemnización tres veces, en forma fraudulenta, como consta en una denuncia penal presentada por el escritor José D’Angelo Rodríguez ante el Juzgado Federal Nro 4, a cargo del juez Ariel Lijo.
La intención de convalidar por la vía judicial la narrativa impuesta por los propios terroristas sobre el baño de sangre que sufrió el país en los años setenta, que tantos resultados ha dado, empieza ahora a descascararse y cada vez es más cuestionada. La parcialidad de estos juicios, que ahora buscan en lo más bajo del escalafón militar para acusarlos también de crímenes horrendos al mismo tiempo que garantizan la impunidad de los terroristas, está saliendo de a poco a la luz y es cada vez más difícil de soslayar, como ocurre también con la existencia del llamado “curro de los derechos humanos”.
El caso de Flores es una prueba del extremo al que pueden llegar estos procesos judiciales facciosos. Flores revistó solo tres años en la Fuerza Aérea tras egresar de la Escuela de Suboficiales. Es mecánico de aeronaves. Cuando era un recién egresado, tuvo su primer y único destino militar en la base aérea del Palomar. Pero a los 19 años pidió él mismo la baja y fue a trabajar a la aviación civil.
Su paso por la fuerza fue principalmente en los hangares de la base aérea de El Palomar, pese a lo cual se lo quiere ubicar en el centro de detención llamado Mansión Seré, de Morón.
La reciente conducta de la jueza Morgese Martin es un ejemplo de aquella parcialidad antes mencionada. Acaba de rechazarle a Flores por sexta vez su pedido de prisión domiciliaria. Durante una audiencia telemática que convocó de urgencia en medio de la huelga de hambre de Flores, cuando el caso ya había concitado la atención mediática, se dirigió al detenido, que había perdido ya un peso considerable desde fines de junio y lucía desmejorado, para advertirle con dureza: “No le voy a conceder la domiciliaria”. Dicho así, en primera persona, pese a que integra un tribunal. Un paradigma de la inhumanidad de los humanitarios que, desgraciadamente, se repite en estos juicios políticos de la venganza.
- Presidente del Centro de Estudios Salta.
