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Por Ignacio Ortelli
La Rosada intentará desgastar al Máximo Tribunal en el debate en comisión, a partir de las diferencias entre Rosatti y Lorenzetti, y dentro de Juntos por el Cambio.
En Casa Rosada y en el Congreso, las voces más sensatas del oficialismo admiten que no tienen el número para que el juicio político termine con la remoción de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Pero el Gobierno -y en especial el kirchnerismo- quieren utilizar el escenario en la Comisión de la Cámara de Diputados para desgastar a los magistrados, exponer sus supuestos vínculos con sectores políticos y, al mismo tiempo, generar una división en el Alto Tribunal y en Juntos por el Cambio.
Como lo dejaron saber los gobernadores Jorge Capitanich y Axel Kicillof tras el encuentro que mantuvieron con Alberto Fernández, en el Frente de Todos no preocupa no contar con los dos tercios de los votos que contempla la Constitución Nacional en el Senado y en Diputados para lograr la destitución de los jueces. Con una mayoría simple en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja -cuenta con 16 diputados sobre 31 miembros-, el kirchnerismo sabe que le alcanza para abrir una investigación y hasta para obtener dictamen para llevar el tema al recinto, todo lo que necesita para visibilizar lo que consideran fue “un mal desempeño en sus funciones”.
Por eso en el Gobierno no ponen plazos para acelerar el procedimiento. “Va a durar lo que tenga que durar, la Comisión tiene que hacer una investigación amplia y profunda sobre lo que se denuncia, no hay apuro”, afirman.
La referencia no tiene que ver con una eventual demora en el envío de la nota, ni de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Presidente que, fuera del período ordinario, se requeriría para activar su tratamiento inmediato. Eso, según fuentes de la Casa Rosada, se daría “en el corte plazo”. La alusión da cuenta de lo que se proponen cerca de Alberto F., que en este tema volvió a mostrar su alineamiento absoluto con los intereses de Cristina Kirchner, respecto al juicio.
Es que, en su reglamento, además de convocar a testigos y citar a los acusados, la Comisión de Juicio Político cuenta con la posibilidad de pedirle a un juez federal distintas medidas de prueba -incluidos el allanamiento de domicilios e intervenciones telefónicas- que pudieran servir al avance de la investigación de los hechos denunciados.
Asimismo, prevé que “cuando los elementos de prueba a procurarse tengan vinculación con un hecho ilícito que haya dado origen a una investigación judicial, la solicitud de registro y secuestro deberá ser realizada al juez que entienda en la causa”.
La jugada de Zamora
En este sentido, toma otra dimensión la denuncia presentada por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, contra Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por “tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La denuncia recayó en el juzgado federal del santiagueño Guillermo Molinari, un ex funcionario provincial y con vínculos familiares con la esposa del gobernador, quien le dio curso de inmediato y ordenó que “con carácter de urgencia” el resguardo de su teléfono celular. Fue luego de que se filtraran supuestos chats en los que, según denuncia el oficialismo, Robles le habría dado indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de cara a la batalla judicial con el Gobierno nacional por la coparticipación. D’Alessandro, antes de tomarse licencia, dijo que se trataba de “chats falsos”.
En ese sentido, mientras se determina si el juzgado federal de Santiago del Estero es competente ó la causa debe ser enviada a Comodoro Py, la intervención de Molinari puede ser decisiva para los intereses K en la Comisión de Juicio Político.
En la cruzada, el Gobierno buscará insistir contra Rosatti, pero tampoco dejará de lado la investigación contra Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a pesar de que la valoración sobre estos dos últimos cortesanos incluye matices: por caso, no machacan por sus supuestas vinculaciones políticas.
Al cabo, otro objetivo del Gobierno es ayudar a profundizar la grieta histórica puertas adentro del Alto Tribunal. “Imagino que no todos están de acuerdo con lo que hizo Rosatti. Bueno, esto puede servir para que cada uno se haga cargo de lo que le toca”, razonó ante Clarín un funcionario.
Con todo, el debate en la Comisión también le servirá al Gobierno para poner a prueba la unidad de Juntos por el Cambio, el principal espacio de la oposición. Creen que pueden aprovechar para poner en aprietos a la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien pidió el juicio político de Lorenzetti durante la gestión de Mauricio Macri, y también a un sector del radicalismo al que diferencian de las “prácticas macristas”.
“No están los votos, pero queremos que se debata con tranquilidad, que se dé a conocer todo lo que está pasando a los argentinos y que sea la gente la que decida a quién creerle”, concluyó un funcionario al tanto de la estrategia.
Fuente Clarin
