Javier Milei festejó públicamente la condena a cuatro integrantes de un equipo periodístico que investigaba pobreza y condiciones de vida en comunidades originarias de Formosa. El episodio produjo una inesperada coincidencia entre el Presidente, que mantiene una confrontación permanente con parte de la prensa, y el sistema político conducido desde hace décadas por Gildo Insfrán, cuestionado reiteradamente por la concentración de poder provincial. El juez que impuso cinco días de arresto a los periodistas fue anteriormente concejal justicialista y dirigente político de Las Lomitas.
Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 25 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA– Javier Milei encontró este viernes un inesperado punto de coincidencia con el gobernador formoseño Gildo Insfrán: la celebración de una sentencia contra periodistas que habían viajado a esa provincia para documentar las condiciones de vida de comunidades originarias y sectores postergados. Mientras organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión cuestionaron duramente el fallo y advirtieron sobre la criminalización del trabajo periodístico, el Presidente eligió otro camino y festejó públicamente la condena con la expresión “TIRO POR LA CULATA”.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, que condenó a la periodista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán a cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno. Los cuatro participaron en septiembre de 2025 de una cobertura dentro del proyecto documental Hambre de Futuro, orientado a mostrar situaciones de pobreza, marginación y reclamos de comunidades originarias en Formosa.
La sentencia, identificada como 351/2026, consideró que el equipo había infringido el artículo 73 del Código de Faltas provincial al realizar entrevistas y filmaciones en la comunidad San José sin autorización previa y, de acuerdo con la interpretación judicial, sin una matrícula o credencial profesional habilitante. Ese último argumento generó particular alarma entre organizaciones periodísticas porque en la Argentina no existe una matrícula estatal obligatoria que condicione el ejercicio del periodismo, precisamente porque semejante exigencia colisionaría con principios constitucionales de libertad de expresión y de prensa.
El magistrado que firmó la resolución, Omar Padilla, tampoco resulta una figura ajena a la política formoseña. Antes de ingresar a la magistratura fue concejal de Las Lomitas y dirigente del justicialismo local. Registros periodísticos y antecedentes públicos muestran que mantuvo participación partidaria y defendió públicamente al proyecto político encabezado por Insfrán antes de ser designado juez de Paz por el Superior Tribunal de Justicia provincial. En 2014, cuando todavía ocupaba una banca municipal, el propio Superior Tribunal había señalado la incompatibilidad entre su condición de concejal y su actuación como conjuez. Años más tarde terminó incorporándose formalmente a la estructura judicial.
Ese antecedente adquiere relevancia porque Formosa arrastra desde hace años cuestionamientos sobre la concentración del poder político y la independencia efectiva de sus instituciones. Insfrán gobierna la provincia desde 1995 y construyó un sistema político que le permitió acumular sucesivos mandatos y ejercer una influencia extraordinaria sobre la estructura estatal. Las críticas a ese modelo dejaron de ser únicamente políticas cuando la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la cláusula que permitía la reelección indefinida del gobernador.
En aquella sentencia, el máximo tribunal sostuvo que la reelección ilimitada afecta el sistema republicano porque puede debilitar los controles entre poderes. La Corte destacó expresamente que la permanencia prolongada de una misma persona en el Ejecutivo permite que ésta intervenga con el paso del tiempo en la designación de una mayoría de integrantes del Poder Judicial, erosionando de esa manera el equilibrio institucional. La observación resulta especialmente pertinente frente a un caso en el que un juez con pasado partidario vinculado al oficialismo provincial termina condenando a periodistas que difundían imágenes sobre pobreza y marginalidad dentro del territorio administrado por Insfrán.
No existe hasta el momento evidencia pública que permita afirmar que Insfrán haya ordenado personalmente la condena contra los cuatro periodistas, pero el contexto institucional explica por qué el fallo generó sospechas y un rechazo inmediato. La relación histórica entre el Ejecutivo provincial y amplios sectores del aparato político y judicial formoseño ha sido objeto de cuestionamientos opositores, judiciales e institucionales durante años, y el pasado político del magistrado que intervino en este expediente agrega un elemento difícil de ignorar.
Lo inesperado fue que Milei, uno de los dirigentes nacionales que más duramente ha cuestionado al modelo político formoseño y al propio Insfrán, terminara celebrando precisamente una decisión emanada de esa estructura judicial. El Presidente no sólo festejó el resultado sino que volvió a utilizar términos extremadamente agresivos contra la prensa. En su mensaje calificó a periodistas como “basuras inmundas con micrófono” y los acusó de trabajar para “los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”, antes de cerrar su publicación con un “CIAO!”.
La coincidencia resulta políticamente llamativa. Milei ha construido buena parte de su identidad pública denunciando lo que define como “casta”, estructuras provinciales enquistadas y sistemas de poder que se perpetúan durante décadas. Insfrán, con más de treinta años al frente de Formosa, representa precisamente uno de los casos más prolongados de permanencia ejecutiva provincial. Sin embargo, frente a una sentencia que castiga a periodistas por realizar entrevistas y filmaciones, el mandatario nacional no cuestionó el funcionamiento institucional formoseño sino que celebró el resultado.
La cobertura que originó el expediente tampoco estaba relacionada con un delito común o una disputa privada. El equipo había recorrido comunidades indígenas e históricamente postergadas para documentar condiciones sociales, carencias estructurales y reclamos de reconocimiento e integración. Urdinez relató posteriormente que durante el trabajo periodístico fueron vigilados por personas que circulaban en vehículos, fotografiados por agentes policiales y finalmente conducidos a una dependencia donde permanecieron retenidos alrededor de una hora y media.
El tema adquirió todavía mayor dimensión porque las organizaciones representativas de medios y periodistas señalaron que la resolución transforma una discusión administrativa sobre el ingreso a una comunidad en una sanción contravencional con arresto y cuestionaron de manera especial la pretendida exigencia de un carnet profesional para ejercer el periodismo. Para esas entidades, el fallo establece un precedente incompatible con el derecho a investigar, entrevistar, registrar y difundir información de interés público.
La Constitución argentina protege la libertad de publicar ideas sin censura previa, mientras la jurisprudencia nacional e interamericana ha rechazado históricamente mecanismos estatales destinados a condicionar quién puede ejercer tareas periodísticas. Por eso, el debate excede ampliamente la multa de poco más de $280.000: si una autoridad local pudiera exigir credenciales habilitantes para entrevistar o filmar, podría transformarse en árbitro de quién tiene derecho a informar y quién no.
El episodio deja así una escena política difícil de imaginar meses atrás: Milei y el sistema de poder formoseño convergiendo, por razones distintas, alrededor de un mismo resultado judicial. Tal vez esto refleje cierta admiración de Milei hacia Insfran por como este maneja la justicia y la lanza contra los periodistas. ¿Que diría Freud?
Para Insfrán, el fallo proviene de una estructura institucional de la provincia que gobierna desde hace décadas; para Milei, representó una oportunidad para profundizar su enfrentamiento con periodistas a los que considera adversarios políticos. Lo que une ambos extremos es el efecto concreto: cuatro trabajadores de prensa terminaron condenados por una cobertura realizada en una de las provincias donde la independencia institucional lleva años bajo discusión, y el Presidente de la Nación eligió celebrar la sentencia en lugar de cuestionar que el Estado pueda castigar con arresto a quienes viajaron allí para mostrar una realidad que el poder provincial preferiría no convertir en noticia.
Fuentes consultadas: sentencia 351/2026 del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Constitución Nacional; antecedentes públicos del Poder Judicial de Formosa y de Omar Padilla; Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas; Foro de Periodismo Argentino; publicaciones oficiales de Javier Milei; antecedentes periodísticos sobre Gildo Insfrán y la estructura institucional formoseña.
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