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Protestas han dejado 42 muertos en enfrentamientos
Fiscalía busca determinar responsables de las víctimas
(Actualiza con mensaje a la nación de presidenta Boluarte)
Por Marco Aquino
LIMA, 13 ene (Reuters) – La presidenta de Perú, Dina
Boluarte, pidió la noche del viernes “perdón” por las decenas de
muertos en las protestas de las últimas semanas; y una misión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el
cese de la violencia en el país que -dijo- transita por una
etapa “muy complicada”.
En un mensaje a la nación transmitida por televisión,
Boluarte solicitó al Congreso acelerar la fecha para una segunda
votación que refrende el adelanto por dos años, a abril del
2024, las elecciones generales para tranquilizar a la población.
Las protestas estallaron tras la destitución y arresto
del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que intentó el 7
de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso, en un país
cansado de políticos acusados de corrupción y de demandas
postergadas principalmente de sectores pobres andinos.
“Entiendo y comparto su indignación, el Estado tiene una
gran deuda con el país, es especial con el Perú profundo”,
afirmó Boluarte, tras lamentar la muerte de 42 personas, entre
ellos un policía, tras duros enfrentamientos en las protestas.
“Pido perdón por esta situación y por lo que se dejó
hacer para evitar estos acontecimientos trágicos”, enfatizó.
En las manifestaciones se exige la renuncia de Boluarte,
el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la libertad de
Castillo, que cumple prisión preventiva por “rebelión”.
Boluarte indicó que se debe investigar las causas de las
muertes porque “hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y
municiones habrían ingresado al país por el sur de Perú, y esas
son las que podrían haber causado las muertes”.
“Debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones
no usa nuestra policía ni nuestra fuerzas armadas”, manifestó.
¿infiltrados?
Funcionarios del Gobierno denunciaron a inicios de enero
que un grupo de bolivianos ingresó al país para azuzar la
protesta, y prohibió la entrada a Perú al expresidente
izquierdista Evo Morales, un férreo defensor de Castillo y
critico de Boluarte.
“¿Qué pasa con los azuzadores y los infiltrados
extranjeros?, que se investigue todo. Necesitamos resultados
pronto para identificar a los verdaderos responsables” dijo.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y las
fuerzas armadas peruanas de usar armas de fuego mortales y
lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. La policía dice,
por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino
del país, han usado armas y explosivos caseros.
Previamente al mensaje, Boluarte ajustó a su gabinete con
tres cambios, entre ellos en el ministerio de Interior y designó
al general retirado de la policía Vicente Romero para dirigir
esa cartera, en medio de criticas por el manejo de la crisis.
También se realizaron cambios en el Ministerio de Trabajo y
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Más temprano, el jefe de la misión de la CIDH, Edgar
Stuardo, dijo que tras reuniones con familiares de las víctimas,
autoridades y representantes de organizaciones civiles percibió
que la solución para salir de una de las peores crisis en el
país andino es generar un amplio diálogo nacional.
“Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los
próximos días. Esperamos que no haya ningún muerto más”, dijo
Stuardo a periodistas. “Vemos una situación muy complicada”.
Cientos de heridos y detenidos
En los últimos días las protestas se concentraron en las
regiones mineras sureñas, pero el jueves miles de personas
marcharon por las calles de Lima demandando el cierre del
Congreso y la renuncia de Boluarte.
Stuardo afirmó que la crisis en Perú se debe principalmente
a la fragilidad de sus instituciones y la constante lucha de
poder entre el Ejecutivo y el Congreso, que han generado que el
país tenga seis presidentes y tres parlamentos en cinco años,
con renuncias y destituciones provocadas de los jefes de Estado.
“Esto ha debilitado la confianza ciudadana en las
instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad”, señaló.
El funcionario refirió que durante su visita recibió
denuncias de familiares de las víctimas de un uso desmedido de
la fuerza por parte de la policía; aunque también de la
actuación de “grupos violentos” que deben ser identificados.
El Ministerio Público informó por su parte que abrió
investigaciones preliminares por los violentos hechos en
regiones sureñas de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali,
focos de las mayores protestas, además de la capital, Lima.
Estas pesquisas marchan en paralelo a la investigación,
también preliminar, anunciada esta semana contra la presidenta
Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio
calificado y lesiones graves” en las protestas, en la que se
incluyó a parte de su gabinete de ministros.
De acuerdo a las “primeras indagaciones” se registraron 355
civiles y 176 policías heridos, y 329 detenciones de ciudadanos
durante las protestas de diciembre y enero, detalló la fiscalía.
En la investigación se consideran los presuntos delitos de
disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y obstáculo al
funcionamiento de servicios públicos, refirió.
(Reporte de Marco Aquino. Editado por Raúl Cortés Fernández y
Marion Giraldo)
Fuente La Nacion
