Ha tenido que pasar toda una legislatura para que el Ministerio de Consumo incoe por fin un expediente sancionador. Con las competencias en manos de las comunidades autónomas, el departamento dirigido por Alberto Garzón —ya en funciones tras los comicios del 23 de julio— no había podido hacer nada ante las denuncias que recibió durante sus primeros tres años de andadura. Pero la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que entró en vigor el 28 de mayo de 2022, lo habilitó para prevenir y castigar fraudes masivos. Más de 400 días después, ha trascendido la primera acción al amparo de esta norma.
La asociación de consumidores Facua ha comunicado este miércoles que Consumo ha incoado expediente a la empresa DQG Norte AIE, organizadora del Reggaeton Beach Festival, por impedir el acceso con comida y bebida. El evento, que saltó a los titulares tras ser suspendido en Madrid por carecer de autorización municipal, está teniendo lugar este verano en una decena de localidades a lo largo de la geografía española. Y ese es el motivo al que se ha agarrado el departamento de Garzón para tomar cartas en el asunto, después de que Facua hubiese presentado varias denuncias ante las autoridades autonómicas.
Se trata de un razonamiento similar al que hace que, en la justicia ordinaria, los delitos cometidos por una red organizada puedan acabar juzgándose en la Audiencia Nacional en lugar de en los tribunales territoriales. Si el hecho que se tiene que dirimir ocurre en varias comunidades autónomas a la vez, la causa se acaba concentrando excepcionalmente en la autoridad central, en este caso Consumo.
El ministerio del líder de Izquierda Unida ha estado salpicado por la polémica durante toda esta legislatura a causa de su supuesta inutilidad. Garzón, dicen los escépticos, ha prestado más atención a crear polémicas estériles, incluso enfrentándose a algunos sectores productivos —como el cárnico—, que en ejercer sus reducidas competencias. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunció que, en caso de gobernar, fusionaría el departamento con Sanidad —como ha sido tradicionalmente—, entre caricaturas que lo degradaban en importancia al nivel de una dirección general.
Para salir al paso de las críticas, el ministerio creó el pasado enero la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, que el Ejecutivo definió como “un órgano pionero para prevenir y sancionar posibles fraudes masivos, y garantizar los derechos de las personas consumidoras”. Este “grupo especial de vigilancia” puede establecer multas de entre 150 y un millón de euros, dependiendo del nivel de gravedad de la infracción, o incluso del 4% del volumen de negocio anual del incumplidor, en caso de que sea un fraude generalizado con dimensión europea.
Ahora, el Gobierno se ha apoyado por primera vez en la subdirección general para incoar un expediente a la organizadora del festival, que se enfrenta a sanciones de entre 10.001 y 100.000 euros, si finalmente los hechos son consideradas graves, o de entre 100.001 y un millón, si se demuestran muy graves. “En el caso de que el beneficio ilícito obtenido por las prácticas infractoras superara dichas cantidades, las sanciones que se impongan podrían alcanzar hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para las infracciones graves, y entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de las muy graves”, añade el ministerio a través de un comunicado que no cita en ningún momento el nombre de la compañía.
Consumo justificó la adopción de competencias sancionadoras para evitar que casos de ámbito nacional, como el Dieselgate, quedaran impunes
Según recoge la nota de prensa, la organizadora del festival “incluye como cláusula obligatoria la prohibición expresa de entrada al recinto del festival con comida o bebida del exterior, pudiendo los asistentes ser registrados y, en su caso, denegarles la entrada por este motivo”. Pero eso no impide que, siempre de acuerdo con el departamento de Garzón, “en cada uno de los festivales organizados se concreta que se puede acceder con determinada comida y bebida, botella de agua pequeña, pieza de fruta, sándwich o snack precintado, exigiéndose adicionalmente en otro apartado distinto que no se aceptarán bocadillos o comida casera precintados con papel de plata o film”.
Esta contradicción es una de las que investiga Consumo, además de otros aspectos polémicos, como la imposición de un sistema de pago mediante pulseras cashless. Se trata de un método cada vez más común en este tipo de festivales, que impide que los usuarios paguen en efectivo y, en ocasiones, dificulta la recuperación del dinero que no se gasta. “La devolución y reembolso de la cantidad sobrante no se admite por debajo de 2 euros debido a los gastos de gestión, que ascienden a 1,5 euros”, recoge la nota del ministerio. Desde el sector defienden que, gracias a este método, el consumo es mayor y más ágil, por lo que se reducen los botellones en el exterior de los recintos.
Para Facua, que ya había pedido a Garzón en su primera reunión al inicio de la legislatura que adoptase competencias sancionadoras, el expediente conocido este miércoles supone un gran triunfo. Para el ministerio, que justificó la creación de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador como una forma de evitar que casos de ámbito nacional como el Dieselgate —la manipulación de emisiones contaminantes por parte de Volkswagen—. quedaran impunes, se trata de una forma de justificar, cuatro años después, su discreta existencia.
Ha tenido que pasar toda una legislatura para que el Ministerio de Consumo incoe por fin un expediente sancionador. Con las competencias en manos de las comunidades autónomas, el departamento dirigido por Alberto Garzón —ya en funciones tras los comicios del 23 de julio— no había podido hacer nada ante las denuncias que recibió durante sus primeros tres años de andadura. Pero la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que entró en vigor el 28 de mayo de 2022, lo habilitó para prevenir y castigar fraudes masivos. Más de 400 días después, ha trascendido la primera acción al amparo de esta norma.
Fuente El Confidencial
