Buenos Aires – 25 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El oficialismo consiguió este miércoles por la noche una victoria clave en la Cámara de Diputados al aprobar con media sanción el proyecto conocido como Súper RIGI, un régimen especial de incentivos para atraer megainversiones superiores a US$ 1.000 millones en sectores considerados estratégicos, como inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, energía, movilidad eléctrica y nuevas industrias de alto valor agregado.
La votación terminó con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, el MID y bloques provinciales alineados con la agenda económica del Gobierno, entre ellos Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. En contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y legisladores de bloques críticos. La iniciativa fue girada al Senado, donde el oficialismo buscará convertirla en ley.
La presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el recinto marcó la importancia política que la Casa Rosada le asignó al tratamiento. También estuvo Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara baja. El oficialismo necesitaba mostrar capacidad legislativa después de varios días dominados por las tensiones parlamentarias alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los pedidos de interpelación impulsados por la oposición y sectores aliados.
El Súper RIGI replica la lógica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases, pero la amplía hacia proyectos de mayor escala y con beneficios más intensos. El RIGI original fue concebido para grandes desembolsos en sectores como energía, minería, petróleo y gas, infraestructura, tecnología, siderurgia, turismo y forestoindustria. El nuevo esquema busca captar inversiones todavía más grandes y orientadas a industrias que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina.
El texto establece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años. Entre los puntos más relevantes se incluye una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, por debajo del 25% previsto para el RIGI tradicional y del 35% general. También contempla estabilidad tributaria y cambiaria, amortización acelerada, exenciones de derechos de importación y exportación, reducción de contribuciones patronales y liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Para el Gobierno de Javier Milei, el proyecto es una herramienta para competir globalmente por capitales en un escenario de disputa internacional por proyectos de inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, energía, litio, electromovilidad y procesamiento tecnológico. La premisa oficial es que la Argentina no podrá atraer ese tipo de inversiones si no ofrece previsibilidad de largo plazo, baja carga impositiva y protección jurídica frente a cambios políticos futuros.
El diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch defendió la iniciativa como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Planteó que la inversión privada es el motor del crecimiento, afirmó que “el capital dignifica el trabajo” y cuestionó la presión impositiva, la inestabilidad regulatoria y la falta de protección efectiva de la propiedad. Para el oficialismo, el Súper RIGI busca corregir décadas de desconfianza que dejaron a la Argentina fuera de los grandes flujos de inversión mundial.
La oposición, en cambio, denunció la creación de un régimen de excepción para un puñado de grandes corporaciones. El punto más cuestionado es la amplitud del texto: no identifica empresas concretas, pero abre beneficios extraordinarios para sectores tecnológicos, digitales y energéticos todavía poco definidos. Esa vaguedad alimentó sospechas sobre un eventual traje a medida para gigantes globales de la tecnología.
El nombre de Peter Thiel, fundador de Palantir y uno de los empresarios tecnológicos que se reunió con Milei en la Casa Rosada, apareció repetidamente durante el debate. Sectores opositores sostienen que el régimen podría favorecer a grandes compañías de datos, defensa, inteligencia artificial y vigilancia, con capacidad económica suficiente para superar el umbral de US$ 1.000 millones y negociar desde una posición privilegiada frente al Estado argentino.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que el proyecto crea “un régimen de excepción quizás nunca visto” y habló de una iniciativa “con nombre y apellido”. También alertó sobre el riesgo de que grandes corporaciones terminen condicionando decisiones estatales, un fenómeno que definió como una deriva plutocrática. Desde Unión por la Patria, Mario Manrique fue más directo y calificó el esquema como “un negociado entre particulares”.
Martín Lousteau, de Provincias Unidas, cuestionó la falta de precisión sectorial y recordó que el secretario de Energía, Daniel González, habría admitido no tener certeza sobre quiénes podrían beneficiarse con la ley. “Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía y pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán”, planteó durante el debate.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que los inversores recurran a tribunales internacionales en caso de controversias con el Estado argentino. El proyecto habilita mecanismos como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje. Además, declara los derechos otorgados bajo el régimen como “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que puede limitar la capacidad de futuros gobiernos para modificar condiciones sin exponerse a reclamos millonarios.
También se incorporan compromisos para provincias y municipios. El texto prevé que los distritos que adhieran mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos u otros tributos locales que puedan afectar los proyectos. Para el oficialismo, esa coordinación es necesaria para evitar que la presión fiscal subnacional destruya la competitividad del régimen. Para la oposición, implica condicionar la autonomía provincial y municipal en favor de grandes inversores.
Durante el tratamiento en comisiones, los bloques aliados lograron introducir modificaciones. Se agregaron incentivos para proyectos con inversión en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20%, una ampliación de objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.
También se reforzaron exigencias ambientales y sociales. Los inversores deberán demostrar que sus proyectos no comprometen recursos naturales, infraestructura esencial ni áreas de influencia sensibles. Se incluyó además una causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos, aunque la oposición sostiene que esos controles son insuficientes frente al poder económico de los actores que podrían ingresar al régimen.
El debate dejó dos visiones enfrentadas sobre el modelo de desarrollo. Para La Libertad Avanza y sus aliados, la Argentina necesita reglas excepcionales para atraer capitales excepcionales. Sostienen que, sin estabilidad por décadas, ninguna empresa global instalará centros de datos, plantas de alto contenido tecnológico o proyectos energéticos de escala mundial en un país con historial de crisis, cepos, cambios tributarios y defaults regulatorios.
Para la oposición, el costo es demasiado alto. Victoria Tolosa Paz reconoció la necesidad de atraer inversiones, pero cuestionó que se haga “a costa de la industria nacional y el empleo argentino”. Juan Grabois habló de “zonas liberadas” para grandes grupos económicos, mientras Romina Del Plá vinculó el debate con el pago de US$ 171 millones a fondos buitre y denunció una agenda que, según dijo, privilegia a grandes capitales mientras ajusta a trabajadores y jubilados.
El radical Lisandro Nieri defendió el proyecto desde una perspectiva competitiva internacional. Sostuvo que el mundo está en una carrera por atraer inversiones mediante subsidios, beneficios fiscales y garantías regulatorias, y que la Argentina no puede quedar al margen si pretende captar proyectos de escala mundial. En la misma línea, el libertario Álvaro Martínez afirmó que votar en contra equivale a condenar al país a seguir siendo “un espectador de su propio destino”.
El paso al Senado abrirá una nueva negociación política. Allí el oficialismo tiene menos margen propio y necesitará volver a articular con aliados dialoguistas. El antecedente inmediato muestra que La Libertad Avanza puede reunir votos para su agenda económica, pero también que debe pagar costos y ceder modificaciones para alcanzar mayorías.
El Súper RIGI quedó así instalado como una de las apuestas económicas más ambiciosas del Gobierno de Milei. Si funciona, podría abrir la puerta a inversiones de escala inédita en sectores tecnológicos y energéticos. Si fracasa o deriva en beneficios concentrados sin impacto productivo amplio, reforzará la crítica opositora de que el oficialismo construyó un régimen privilegiado para corporaciones globales.
La discusión de fondo excede la letra del proyecto. El debate es si la Argentina necesita ofrecer condiciones extraordinarias para entrar en la nueva economía global o si, bajo ese argumento, termina renunciando a potestades fiscales, regulatorias y soberanas durante tres décadas. La media sanción en Diputados no cerró esa controversia: apenas la trasladó al Senado.
