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¿Quién le iba a decir al escudo antiopas extranjeras que antes de abrirse los coles para el curso 2023-24 tendría tanto trabajo acumulado? El lunes el juez allanaba el camino para que la acerera Celsa dejase de ser de la familia fundadora (los Rubiralta) para ser de un grupo de fondos foráneos oportunistas. Y ayer por la noche, cuando las familias con niños en edad escolar ultimaban las mochilas que las criaturas se llevan hoy al cole, la teleco saudí STC, controlada por el fondo soberano de allí, decía que se había comprado el 4,99% de Telefónica y que tenía derechos sobre otro 5%, pendientes de los OK regulatorios. Las dos operaciones van a pasar por Moncloa y necesitarán la luz verde expresa del Ejecutivo. Las situaciones amenazan con mostrar dos tipos distintos de intervencionismo posibles: el caprichoso y el de Estado. En el caso de Celsa, si Moncloa veta la operación, estará eligiendo qué accionistas se quedan con la compañía, violentando una decisión judicial y basándose en cuestiones arbitrarias de preferencia personal, en las que un Gobierno no debería entrar. Fijar condiciones generales, sí. Discriminar por origen aunque se cumplan esos requisitos, no. Lo de Telefónica, en cambio, linda con la seguridad nacional. La operadora no solo gestiona redes de comunicaciones críticas para el país, sino que es proveedora del Ministerio de Defensa. La entrada de un fondo soberano extranjero debe mirarse con lupa. Dicho esto, no sé qué margen tiene ahora el Ejecutivo de coalición en funciones. El primer Gobierno de Sánchez en 2018, el bonito, astronauta incluido, obligó a la ministra Robles a reactivar la venta de bombas de precisión a Riad tras amenazar esta con pararla. En juego había un contrato de 1.800 millones para que Navantia fabricase cinco corbetas para el ejército saudí. Esa palanca de presión no ha desaparecido: de las cinco se han entregado tres, pero Riad ha encargado ya otros cinco buques de los que dependen 7.500 empleos en España. Cosas de la Realpolitik.
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Fuente El Confidencial
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