La Justicia Federal puso bajo la lupa el entramado de fotomultas administrado mediante convenios entre municipios bonaerenses, la Universidad Nacional de San Martín, su fundación FUNINTEC y empresas privadas. La investigación apunta a determinar si el sistema funcionó como una gigantesca maquinaria recaudatoria antes que como una herramienta de seguridad vial. Mientras tanto, miles de automovilistas siguen enfrentando cámaras cuya homologación, señalización y ubicación no siempre resultan claras, con bruscos cambios de velocidad máxima que convierten la prevención en una virtual trampa económica.
Buenos Aires – 30 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – El negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires quedó otra vez bajo sospecha después de que la Justicia Federal avanzara sobre un entramado de convenios, fundaciones universitarias, empresas privadas y municipios que habría movido miles de millones de pesos bajo el argumento formal de mejorar la seguridad vial. El “sistema”, como ya adelanto TNA, se presta a diferentes estafas.
La investigación que tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, analiza la participación de la Universidad Nacional de San Martín – UNSAM, su fundación FUNINTEC y la empresa Tránsito Seguro S.A. en un esquema de fiscalización vial extendido por distintos municipios bonaerenses.
El expediente intenta determinar si la Universidad funcionó como una intermediaria institucional que permitía a los municipios contratar sin licitación y luego derivar la operatoria a empresas privadas. Un informe incorporado a la causa reconstruyó una cadena contractual en la que los municipios firmaban con la UNSAM, ésta derivaba tareas a FUNINTEC y la fundación subcontrataba finalmente a Tránsito Seguro S.A. para las funciones técnicas, logísticas y administrativas.
La sospecha judicial es más grave que una simple discusión administrativa.
Según una denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, el circuito habría permitido evitar procesos licitatorios y canalizar recursos a través de sociedades privadas vinculadas con el empresario Leandro Camani, titular de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.. La presentación judicial mencionó presuntos mecanismos de lavado y pago de sobornos a funcionarios, cuestiones que deberán ser probadas dentro del expediente.
Uno de los números que más llama la atención aparece en la distribución de la recaudación.
Documentación analizada judicialmente señala que en determinados convenios hasta el 70% de lo producido por las multas quedaba destinado a la estructura universidad-empresa y apenas el 30% restante ingresaba al municipio. En un solo distrito, La Matanza, se mencionan transferencias superiores a $3.700 millones hacia FUNINTEC durante nueve meses de 2024.
Si esas cifras se confirman, la pregunta deja de ser exclusivamente quién instalaba las cámaras.
La cuestión central pasa a ser qué incentivo económico tenía el sistema para multiplicar las infracciones.
Ese es precisamente el punto que genera mayor rechazo entre automovilistas: un dispositivo presentado como herramienta preventiva termina siendo más rentable cuanto más conductores sanciona.
El problema se vuelve especialmente evidente en corredores donde los límites de velocidad cambian abruptamente. Existen avenidas y accesos donde se circula durante varios kilómetros con máximas de 100, 60 u 80 kilómetros por hora y, de manera repentina, aparece una señal que reduce el límite a 40 o 60 en pocos metros antes de una cámara.
Para un conductor que circula normalmente, reducir la velocidad de manera brusca puede exigir una frenada inmediata y, paradójicamente, incrementar el riesgo de colisión con los vehículos que vienen detrás.
Una política de prevención debería anticipar el cambio con distancia suficiente, señalización visible y progresiva.
Cuando eso no sucede y el cinemómetro aparece inmediatamente después de una reducción abrupta, la percepción del automovilista es inevitable: más que persuadirlo a conducir con seguridad, el sistema parece esperar que cometa la infracción.
La normativa nacional, además, establece exigencias que contradicen precisamente esa lógica de cámaras escondidas o insuficientemente señalizadas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV mantiene un Registro Nacional de Cinemómetros Controladores de Velocidad y exige que los equipos utilizados en rutas y caminos de jurisdicción nacional se encuentren homologados, cuenten con certificaciones metrológicas vigentes y sean operados dentro de procedimientos formalmente autorizados.
Las disposiciones del organismo condicionan expresamente la vigencia de las autorizaciones a que exista señalización correspondiente y adecuada publicidad del control, además de verificaciones periódicas de los equipos.
Eso significa que una cámara no debería ser simplemente una caja instalada al costado de la ruta.
Debe existir un cinemómetro autorizado, homologado, verificado técnicamente y correctamente anunciado.
Sin embargo, en distintos puntos del país persisten denuncias y reclamos por dispositivos cuya identificación resulta insuficiente, carteles difíciles de advertir o equipos respecto de los cuales los conductores desconocen si cuentan con homologación vigente.
Esa cuestión adquirió todavía mayor importancia en julio, cuando la propia ANSV aprobó un nuevo manual destinado a “sistematizar, ordenar y estandarizar” los procedimientos de autorización de cinemómetros. El organismo reconoció que el crecimiento de estos sistemas y la diversidad de jurisdicciones hizo necesario reforzar el control técnico y administrativo.
Mientras la reglamentación habla de seguridad vial, el volumen económico del sistema muestra otra realidad.
La Justicia investiga si solamente durante 2024 se desviaron alrededor de $1.900 millones mediante convenios vinculados a la UNSAM. También se detectaron transferencias bancarias desde FUNINTEC hacia Tránsito Seguro S.A., una de las principales proveedoras privadas del esquema.
A eso se suma otro dato inquietante.
El Ministerio de Transporte bonaerense detectó durante este año aproximadamente 682.000 fotomultas registradas con valor cero, es decir, actas anuladas o modificadas sin una trazabilidad que permitiera determinar con claridad por qué dejaron de producir efectos económicos. La anomalía derivó en la decisión de ordenar una auditoría integral del sistema informático de infracciones.
Si un sistema supuestamente automatizado puede producir cientos de miles de multas que posteriormente quedan en cero sin explicación visible, el interrogante sobre quién puede modificar, borrar o neutralizar las infracciones adquiere una dimensión mucho mayor.
La investigación de Culotta también siguió la ruta financiera.
Un informe del Banco Central incorporado a la causa registró importantes operaciones de compra de moneda extranjera vinculadas a la UNSAM, FUNINTEC y sociedades investigadas. La adquisición de divisas no constituye en sí misma un delito, pero los investigadores buscan determinar el origen y destino de esos fondos dentro de un circuito que ya estaba bajo sospecha por la administración de las fotomultas.
El conflicto expone además una contradicción difícil de soslayar.
Mientras universidades públicas reclaman mayores recursos presupuestarios al Estado nacional, una de ellas aparece simultáneamente involucrada en un sistema que genera ingresos millonarios provenientes de sanciones aplicadas compulsivamente a automovilistas.
La propia UNSAM defendió públicamente sus convenios y sostuvo que desarrolla un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial, con campañas de concientización, capacitación y administración de sistemas tecnológicos, mientras la infraestructura técnica era provista mediante empresas subcontratadas.
Pero precisamente allí está el núcleo de la investigación: establecer si detrás de ese paraguas académico existía realmente una política destinada prioritariamente a reducir accidentes o si se utilizó la estructura universitaria para sostener un negocio privado basado en la recaudación automática.
La diferencia no es semántica.
Un sistema de seguridad vial debe intentar que el conductor no cometa la infracción.
Para eso debe advertir, señalizar, educar, anticipar los límites y colocar controles en lugares donde exista riesgo comprobado.
Un sistema recaudatorio funciona exactamente al revés: necesita que la infracción ocurra porque de cada acta depende el ingreso económico de quienes participan del circuito.
Cuando las cámaras aparecen después de cambios abruptos de velocidad, la señalización es deficiente o la ubicación resulta difícil de advertir, esa frontera comienza peligrosamente a desaparecer.
La Justicia Federal tendrá ahora que determinar si, detrás del discurso de la prevención vial, se montó en la provincia de Buenos Aires una enorme estructura de recaudación compartida entre municipios, intermediarios universitarios y compañías privadas.
Y esa investigación podría terminar respondiendo una pregunta que miles de automovilistas vienen formulando desde hace años: si las fotomultas están colocadas para evitar accidentes o si los accidentes terminaron siendo apenas la justificación de uno de los negocios recaudatorios más rentables del tránsito argentino.
Fuentes consultadas: Juzgado Federal N°1 de Tres de Febrero; actuaciones y denuncias judiciales vinculadas al sistema de fotomultas; Agencia Nacional de Seguridad Vial; Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires; documentación contractual relacionada con UNSAM, FUNINTEC y Tránsito Seguro S.A.; informes bancarios incorporados a la causa; antecedentes de municipios bonaerenses bajo investigación.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
