Jeremías Rodríguez, el abogado que llevó a la Justicia Federal al diputado Cristian Ritondo y a su esposa Romina Diago por presunto enriquecimiento ilícito, recurrió a la Embajada italiana y pidió asistencia consular al considerar que enfrenta una persecución política y judicial. Mientras la investigación patrimonial sigue abierta en Comodoro Py, el denunciante quedó a su vez sometido a un expediente porteño por “hostigamiento digital” iniciado por el propio legislador. Rodríguez advierte sobre posibles conflictos de intereses y lanzó una frase estremecedora: “No quiero ser el próximo José Luis Cabezas ni terminar como Alberto Nisman”.
Buenos Aires – 20 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La investigación patrimonial que desde diciembre de 2024 compromete judicialmente al diputado nacional Cristian Ritondo y a su esposa, Romina Aldana Diago, abrió ahora un capítulo inesperado: el abogado que originó aquella causa asegura temer por su seguridad y recurrió a la Embajada de Italia en Buenos Aires para solicitar asistencia consular. Jeremías Rodríguez, ciudadano italiano y denunciante en el expediente federal, afirma que después de llevar el patrimonio del dirigente del PRO ante los tribunales comenzó a enfrentar acciones judiciales que interpreta como un intento de desgaste y silenciamiento.
Rodríguez presentó el 18 de septiembre un escrito ante la representación diplomática italiana en el que pidió que se evalúen mecanismos de protección y asistencia consular. La solicitud no significa que Italia haya reconocido que exista una persecución ni que haya dispuesto custodia sobre el abogado: hasta ahora se trata de un pedido formulado por el propio denunciante, cuya gravedad deberá ser evaluada por las autoridades diplomáticas. La frase que utilizó para justificarlo, sin embargo, dejó expuesto el nivel de temor que dice atravesar: “No quiero ser el próximo José Luis Cabezas ni terminar como Alberto Nisman”.
El conflicto comenzó formalmente el 10 de diciembre de 2024, cuando Rodríguez denunció a Ritondo y Diago después de investigaciones periodísticas que habían revelado sociedades vinculadas con inmuebles en Miami. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, bajo el expediente CFP 5212/2024, con intervención del fiscal federal Eduardo Taiano. Desde entonces se incorporaron informes bancarios, financieros y societarios, entre ellos respuestas de entidades que confirmaron la existencia de cuentas a nombre de Ritondo, Diago y la sociedad Emprendimientos Rivadavia SA.
La investigación inicial surgió a partir de propiedades en Estados Unidos vinculadas societariamente con Diago. Distintos medios reconstruyeron posteriormente inversiones inmobiliarias y estructuras comerciales por montos mucho mayores, aunque las cifras más elevadas difundidas —incluida la referencia a centenares de propiedades— provienen fundamentalmente del propio denunciante y de publicaciones periodísticas incorporadas al expediente, por lo que todavía deben ser determinadas judicialmente. La existencia de la causa y las medidas de prueba, en cambio, están acreditadas.
Un año después de aquella denuncia federal, Ritondo promovió contra Rodríguez una actuación por presunto “hostigamiento digital” debido a publicaciones realizadas en redes sociales. El expediente tramita ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad, encabezada por Sebastián Fedullo, y alcanzó en junio una instancia formal de intimación de los hechos. La fiscalía sostiene que las publicaciones contra el diputado habrían sido reiteradas y sistemáticas; Rodríguez responde que se trató de expresiones vinculadas con un asunto de interés público y protegidas por la libertad de expresión.
Ahí aparece el núcleo de su denuncia de persecución. Rodríguez sostiene que el expediente porteño comenzó después de que él impulsara la investigación federal contra Ritondo y considera que esa secuencia constituye una represalia destinada a intimidarlo como denunciante y comunicador. También cuestionó la competencia territorial de la Justicia de la Ciudad con el argumento de que el propio Ritondo habría situado parte del supuesto hostigamiento en su despacho del Congreso Nacional, mientras que Rodríguez reside en la provincia de Buenos Aires. Son argumentos de defensa que hasta ahora no equivalen a una constatación judicial de persecución política.
El abogado también planteó un posible conflicto de intereses alrededor del fiscal Fedullo. Según Rodríguez, el funcionario reconoció en el expediente mantener una relación personal con Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación y hasta marzo pasado fiscal general de la Ciudad. Rodríguez sostiene además que Mahiques mantiene vínculos políticos y personales con Ritondo. Ninguna resolución conocida estableció hasta ahora que esas relaciones hayan afectado la imparcialidad del proceso, por lo que el señalamiento permanece dentro de la estrategia jurídica del denunciante. Mahiques asumió el Ministerio de Justicia el 5 de marzo de este año después de haber encabezado el Ministerio Público Fiscal porteño.
Otro elemento señalado por Rodríguez es la posición institucional de Romina Diago, a quien vincula con estructuras del sistema judicial porteño. Esa circunstancia, según su presentación, contribuiría a una situación de desigualdad frente al aparato judicial de la Ciudad. Nuevamente, se trata de una interpretación cuya existencia como conflicto concreto deberá determinar la Justicia y no puede confundirse con una prueba de interferencia.
Rodríguez presentó además una excepción de falta de acción mediante la cual reclamó su sobreseimiento y sostuvo que las publicaciones atribuidas a su persona no constituyen hostigamiento sino críticas a un funcionario público amparadas por garantías constitucionales. Para sustentar esa postura invocó la doctrina de la real malicia, precedentes de la Corte Suprema y estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión cuando se encuentran involucradas figuras públicas.
El episodio plantea así dos expedientes que avanzan en direcciones opuestas. En Comodoro Py, Ritondo y su esposa permanecen bajo investigación por su evolución patrimonial y estructuras societarias; en la Justicia porteña, quien inició aquella denuncia debe defenderse de una presentación realizada por el propio diputado. Esa coincidencia temporal no demuestra por sí sola una operación de persecución, pero explica por qué Rodríguez decidió internacionalizar su reclamo y poner en conocimiento de otro Estado la situación que asegura enfrentar.
La cuestión deja ahora dos preguntas abiertas para la Justicia. La primera es estrictamente patrimonial: determinar si Ritondo y Diago pueden justificar los bienes, cuentas y sociedades investigados en el expediente federal. La segunda es institucional: establecer si las publicaciones del denunciante cruzaron efectivamente la frontera entre crítica pública y hostigamiento o si el sistema contravencional está siendo utilizado contra quien llevó a un diputado nacional ante los tribunales. La respuesta a ambas cuestiones será la única capaz de separar la denuncia política de los hechos judicialmente comprobados.
Fuentes consultadas: Poder Judicial de la Nación, antecedentes de la causa CFP 5212/2024, La Nación, Tribuna de Periodistas, Realpolitik, El Disenso, iProfesional, documentación de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad y comunicaciones oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación.
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