La expareja de Fernando Cerimedo declarará el miércoles 23 ante el fiscal Franco Picardi y ya entregó a la Justicia boliviana su teléfono, con conversaciones, grabaciones y documentación. La mujer asegura que Cerimedo y Natalia Basil estuvieron detrás de la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y que posee registros capaces de respaldar sus dichos. Si Argentina obtiene ese material mediante cooperación judicial, el expediente podría sumar una vía probatoria independiente en momentos en que el peritaje de Gendarmería sobre las grabaciones originales atraviesa dificultades técnicas.
Buenos Aires – 20 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La causa que investiga un presunto sistema de coimas y direccionamientos en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tendrá esta semana una declaración que puede modificar nuevamente el tablero judicial. Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declarará el miércoles 23 de septiembre a las 10 de la mañana ante el fiscal federal Franco Picardi, por videoconferencia desde Bolivia y con asistencia de fiscales de ese país, mientras la Justicia argentina analiza la posibilidad de acceder al teléfono celular que la abogada entregó recientemente al Ministerio Público boliviano y en el que asegura conservar grabaciones y conversaciones relacionadas con el escándalo.
El dato puede adquirir una importancia particular porque Beller sostiene que Cerimedo y su exesposa Natalia Basil, quien trabajó en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, conocían el origen de las grabaciones atribuidas al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo. Después del ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Beller afirmó públicamente que Cerimedo le había contado que Basil participó en la difusión de los audios con la intención de exponer la presunta corrupción dentro del Gobierno argentino y sostuvo que esa conversación quedó grabada. Según su versión, Cerimedo también le habría hablado de irregularidades que alcanzaban al entorno presidencial y mencionado a Karina Milei. Esas afirmaciones todavía deben ser corroboradas judicialmente.
La declaración fue ordenada después de que Picardi evaluara los dichos públicos de la mujer y solicitara formalmente cooperación al Ministerio Público boliviano. La fiscalía del país vecino respondió proponiendo el 23 de septiembre y acordó que el testimonio se realice de manera reservada, con presencia de fiscales bolivianos para resguardar la seguridad y los derechos de Beller. La mujer continúa bajo protección después del atentado que sufrió y por el cual Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia bajo una acusación de tentativa de feminicidio, además de afrontar otras investigaciones.
El elemento más novedoso, sin embargo, no es solamente lo que Beller pueda declarar sino lo que ya entregó físicamente a la Justicia boliviana. Durante su testimonio del 17 de septiembre en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias contra Cerimedo, entregó su teléfono celular y una carpeta con documentación. Su abogado, Jerjes Justiniano, afirmó que el dispositivo contiene conversaciones, fotografías, registros y varias horas de grabaciones, además de material relacionado con movimientos de dinero y reuniones. Todo ese contenido deberá ser peritado y contrastado por los investigadores bolivianos.
Para la causa ANDIS, ese teléfono puede convertirse en una pieza de enorme valor si contiene efectivamente conversaciones en las que Cerimedo explica cómo obtuvo o cómo se difundieron los audios de Spagnuolo, qué personas intervinieron en la operación y qué información manejaban previamente sobre los supuestos pagos ilegales. Picardi podría solicitar esos archivos a Bolivia mediante los mecanismos de cooperación judicial internacional, aunque su eventual incorporación al expediente argentino exigirá preservar la cadena de custodia, verificar su autenticidad y permitir que las defensas controlen la prueba.
Ese posible nuevo material llega justamente cuando el peritaje sobre los 58 audios atribuidos a Spagnuolo atraviesa un momento complejo. La Gendarmería había considerado inicialmente apto para cotejo un archivo de tres minutos y once segundos, uno de los más extensos del conjunto, pero posteriormente modificó su criterio y resolvió que no reunía condiciones técnicas suficientes para comparar la voz con una muestra indubitable del exfuncionario. Los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, discreparon con esa conclusión y sostienen que el estudio podría continuar utilizando otros protocolos y herramientas.
La controversia técnica vuelve especialmente relevante cualquier evidencia independiente que permita reconstruir el origen de las grabaciones. La defensa de Spagnuolo intentó frenar el peritaje alegando cuestionamientos sobre el material incorporado al expediente, pero el juez federal Ariel Lijo rechazó ese planteo y ordenó continuar con las medidas destinadas a establecer autenticidad, integridad y procedencia.
La causa ya avanzó, además, mucho más allá de la mera existencia de los audios. Spagnuolo y otros acusados fueron procesados dentro de una investigación que, según Picardi, examina maniobras desarrolladas al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y vinculadas con compras de medicamentos e insumos de alto costo para personas con discapacidad. La fiscalía sostiene que existió una estructura destinada a obtener beneficios económicos ilegales mediante sobreprecios, direccionamientos y pagos de sobornos, acusación que continúa sometida a revisión judicial ante las apelaciones presentadas por las defensas.
Cerimedo ya ocupa un lugar sensible dentro de ese expediente. Antes de quedar detenido en Bolivia, había declarado bajo juramento en la causa ANDIS y afirmó que Spagnuolo le había relatado personalmente la existencia de un circuito de coimas y desvíos que alcanzaba distintos niveles de la administración nacional. Esa declaración fue considerada relevante por la fiscalía porque abrió una línea de investigación autónoma respecto de las grabaciones difundidas públicamente: aun si el debate técnico sobre algunos audios se prolongara, el testimonio de Cerimedo existe como fuente independiente que debe ser confrontada con documentación, movimientos financieros y otros testimonios.
Beller puede agregar ahora una segunda capa. Si confirma bajo juramento lo que dijo públicamente, Picardi podrá interrogarla sobre cuándo escuchó esas revelaciones, en qué contexto fueron realizadas, quiénes estaban presentes, cómo sabe que Basil participó de la difusión y qué contiene exactamente el material que asegura conservar. Y si el teléfono entregado en Bolivia confirma sus dichos, la investigación podría pasar de una versión testimonial a evidencia digital susceptible de peritaje.
La figura de Natalia Basil también quedará nuevamente bajo observación. Fue funcionaria de ANDIS durante 2024 y estuvo vinculada sentimentalmente con Cerimedo. Beller sostiene que Cerimedo le atribuyó a ella la filtración de los audios para exponer irregularidades internas. Basil no fue condenada por esos hechos ni existe hasta ahora una resolución judicial que establezca que haya participado en la difusión del material, por lo que esa hipótesis deberá ser acreditada con pruebas objetivas.
El episodio incorpora además un componente transnacional inusual. Una causa de corrupción argentina puede terminar nutriéndose de evidencia secuestrada en una investigación boliviana por enriquecimiento ilícito, surgida a su vez después de un atentado contra una testigo vinculada sentimentalmente con uno de los personajes centrales del expediente. Lo que comenzó como una investigación sobre contrataciones públicas en discapacidad terminó conectado con procesos penales en Bolivia, peritajes digitales, grabaciones clandestinas y pedidos de cooperación internacional.
El miércoles, por lo tanto, Beller no sólo deberá contar qué sabe. La expectativa estará puesta en determinar si puede transformar sus afirmaciones públicas en información verificable y si el teléfono que ya está en poder de los fiscales bolivianos contiene efectivamente las grabaciones que dice conservar. Para Picardi, esa diferencia es decisiva: un testimonio puede orientar una causa, pero una grabación autenticada, contextualizada y respaldada por metadatos puede modificarla sustancialmente. En un expediente donde la autenticidad de los audios originales continúa en discusión técnica, la eventual aparición de una fuente independiente podría terminar siendo mucho más importante que la propia filtración que dio origen al escándalo.
Fuentes consultadas: Agencia de Noticias Fides (Bolivia), Visión 360, Bolivisión, actuaciones del fiscal federal Franco Picardi, resoluciones del juez Ariel Lijo y antecedentes de la causa ANDIS.
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