Argentina
España
Lo que ocurre en estas horas en el Consejo de la Magistratura, es un verdadero escándalo. No solo por el intento de cooptación por parte del poder político de turno, sino también por la incorporación de dos miembros foráneos de Mendoza que son resistidos por los históricos de aquel cuerpo.
En ese contexto, Mauricio Javier Juan, representante de las Facultades de Derecho dentro de la Magistratura, decidió renunciar en las últimas horas. Se trata de un reputado camarista, presidente del Instituto de Altos Estudios y discípulo del supremo José Valerio.
Su defección ocurre en el marco de una situación que es el corrillo de la Magistratura: el avance del cornejismo para aplicar un plan brutal para cooptar la Justicia Penal, justo en el momento en el cual asegura que quiere aplicar pena de prisión para delitos menores.
Algo no cierra: hay que recordar que el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, fue quien avanzó en las reformas procesales penales que le dan mucho poder al Ministerio Público Fiscal.
A su vez, se modificó la Ley de Ejecución Penal y el Código Procesal Penal, lo cual permite que los fiscales puedan detener a cualquier ciudadano; enviarlo al penal y no tener control de un juez durante meses.
Más aún: a pesar de poner a Alejandro Gullé como Procurador, hay muchos fiscales viejos y amañados que no le responden. Asimismo, los fiscales más jóvenes, al eliminarse el cargo de fiscal de Cámara del Crimen, no tienen incentivo para rendir y ascender. De hecho, los fiscales de Cámara ahora son “fiscales jefes” y no existe más el cargo de Fiscal de Cámara.
Entonces, ¿cómo es que el cornejismo controló hasta ahora la Justicia Penal? Simple: con los cargos políticos. Un botón de muestra: la coordinadora del MPF era Teresa Day, ahora es una íntima de ella, Andrea Chaves. No es todo: en el Ministerio Público de la Defensa recaló una abogada desconocida llamada Marta Cecilia Saint André.
Allí se ponen a los funcionarios casi a dedo: secretarios; prosecretarios; ayudantes fiscales, etc.
Así y todo, la idea de cooptar jueces y fiscales penales chocó con la comisión evaluadora de la Magistratura que era muy exigente. Se trata del mismo cuerpo que ahora “desarmó” D’Agostino.
Ciertamente, se notaba mucho que los funcionarios eran nombrados a dedo, porque no sabían nada en los exámenes. En casi cuatro años se tomaron 250 exámenes y aprobaron solo 12 profesionales.
En dicho marco, ante el escándalo de desarmar la Comisión, como publicó Diario Mendoza Today, trajeron a la rastra a dos representantes “de afuera” a efectos de terminar la maniobra de cooptación.
La maniobra es tildada de “ilegítima” desde dentro del Consejo. Pero por ahora nadie dice nada de nada. Solo por ahora.
Fuente Mendoza Today
