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Por Hernán Cappiello
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en sendos escritos, rechazaron las acusaciones; Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda optaron por no responder
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en sendos escritos, rechazaron los cargos que les efectuó la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que se pronunció por acusarlos. Señalaron allí que en realidad lo que buscan los legisladores es “condicionarlos, neutralizarlos o directamente cooptar” al tribunal y afectar “su independencia judicial”. Los otros dos jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, optaron por no responder a los legisladores.
Se trata, dijo Rosenkrantz de “remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”.
La Comisión de Juicio Político tiene previsto reunirse el martes próximo para continuar con el proceso luego de que se notificara a los jueces de los cargos en su contra. Tienen previsto dos reuniones más por este año antes de las elecciones. Luego no se sabe cómo seguirán.
El juez Rosatti señaló en su escrito que hubo irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso y respondió a los cargos. Dijo que las acusaciones por declaración de inconstitucionalidad de la integración anterior del Consejo de la Magistratura, por el fallo relacionado con los cambios en la coparticipación federal que afectaron a la ciudad de Buenos Aires o el caso del fallo Muiña sobre la aplicación del dos por uno en casos de lesa humanidad, exhibe una disconformidad con el contenido de las sentencias.
Y dijo que eso queda en evidencia cuando en la acusación se reproducen partes los recursos del Estado nacional contra esos fallos que no les fueron favorables. Dijo Rosatti que en el juicio político colaboraron al punto que declararon empleados y funcionarios y se aportó documentación, mencionó que contestaron a los oficios que les enviaron y hasta les enviaron mas de 15.000 páginas con información.
No obstante dijo que hubo vicios en el procedimiento que lo hacen inválido e ineficaz de modo que afectan las garantías del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Y destacó en ese sentido que se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando era un requisito ineludible. También mencionó que se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal.
Asimismo dijo que se incorporaron al proceso evidencias que habían sido declaradas ilegales en una causa judicial por su origen ilícito y que se sometió a los testigos a un trato hostil, descalificándolos como persona y profesionales. Incluso se interrogó a los testigos sobre su vida privada y sus vínculos familiares, sin que estuviera relacionado con él sin justificación alguna en relación a la pertinencia de las preguntas.
Para Rosatti, se intentó condicionar la resolución de las causas y al mismo tiempo el hecho de no poder opinar sobre esos expedientes que están en trámite condicionó su derecho de defensa. “Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite.”, dijo. Y señaló que el mecanismo de juicio político, se “ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró”.
Rosenkrantz, que es vicepresidente de al Corte, entendió que si bien el juicio político es un instituto legítimo en este caso “su propósito ha sido subvertido: la rama con atribuciones para controlar [el Congreso] intentó en realidad condicionar, neutralizar o directamente cooptar a la rama controlada para, así, concentrar ella misma un poder que no le correspondía”.
El juez dijo que el propósito del juicio político es apartar a los jueces de la Corte con mecanismos espurios con acusaciones que no constituyen irregularidades sino “relatos o novelas de asociación libre” para atribuirle “inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”.
Por eso señaló que “lo que está en juego no es menor. Y no tiene que ver con mi permanencia en la Corte como uno de sus magistrados. Este procedimiento tiene un fin mucho más nocivo para el funcionamiento republicano de nuestro país que el mero apartamiento de uno de sus jueces pues apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”.
Lorenzetti no planteó ninguna respuesta a los cargos, en consonancia con la idea que primaba en el tribunal de no darle entidad al juicio político pues era una manera de amplificar las acusaciones que se hacían desde el kirchnerismo. Maqueda, por su parte, que fue notificado hace mucho mas tiempo y el tiempo para responder los cargos ya se le venció, también optó por no responder para no dar más entidad a ese proceso al que considera ilegítimo e irregular.
En el último acuerdo de hoy los jueces plantearon sus diferencias sobre este asunto y Lorenzetti consideró inconveniente que hubiera diferentes posturas en la Corte que podían dar lugar a “suspicacias y rumores”. No es un secreto las diferencias entre Lorenzetti y sus colegas, que se hicieron públicas una vez mas la semana pasada cuando el juez hizo pública una carta para criticar al juez Rosatti porque en una acto en la Universidad de Lomas de Zamora había pronunciado un discurso que pareció un guiño a Sergio Massa como candidato presidencial.
Fuente La Nación
