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La Proposición de Ley Orgánica de la Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, registrada este lunes a solo dos días del debate de la investidura de Pedro Sánchez, esconde varios detalles:
La exposición de motivos ocupa once de las veintitrés páginas de la ley. Casi la mitad de ellas, el PSOE -único partido que la firma pese a que su intención era que la suscribiesen todos sus socios- se dedica a justificar la constitucionalidad de la norma, pese a que antes de las elecciones decía que una amnistía era «claramente inconstitucional». Cita como precedente la Ley de Amnistía de 1977 -preconstitucional y aprobada para eliminar la persecución política de la dictadura franquista- y se ampara en «el orden constitucional» de otros países europeos como Italia, Francia o Portugal. La Comisión Europea rechazó otras amnistías, en países como Polonia, Hungría y Rumanía.
Desde 2012 hasta 2023, once años de olvido
El marco temporal de la amnistía a los encausados por el ‘procés’ se desarrolla del 1 de enero del 2012, cuando empezaron los actos preparatorios del proceso separatista, al 13 de noviembre del 2023, fecha en la que, este mismo lunes, se registró la norma en la Cámara Baja.
Afecta a todos «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos».
La consulta del 9N y el referéndum del 1-O
El texto legal especifica concretamente que quedarán amnistiadas también todas las actuaciones cometidas «con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de las consultas» que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre del 2014 y el 1 de octubre del 2017.
La malversación, también amnistiada
A pesar de la preocupación de la Unión Europea con los delitos relacionados con la corrupción -el comisario europeo de Justicia, DidierReynders, envió una carta al Gobierno pidiéndole información sobre la amnistía-, se incluyen los delitos de malversación y prevaricación entre los amnistiados. Los miembros del Gobierno catalán fueron condenados o estaban investigados por el primer delito, que afectaba directamente al prófugo Carles Puigdemont.
El terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic
Con la reforma del Código Penal desapareció el delito de sedición, pero los autodenominados Comitès de Defensa de la República estaban procesados por terrorismo y Tsunami Demòcratic, investigado. La ley excluye los delitos de terrorismo, pero con un matiz: en caso de que haya sentencia firme. En ningún caso la hay y, por tanto, también está amparado.
La causa del Tribunal de Cuentas, también fuera
Los independentistas, que veían «perseguido» su patrimonio personal por las actuaciones del Tribunal de Cuentas derivadas del dinero malversado para financiar el ‘procés’, consiguen que el PSOE fije en la ley que la amnistía se aplicará también por este órgano «en cualquier fase del proceso». Eso sí, no cabrán indemnizaciones ni devoluciones de multas.
La urgencia parlamentaria
En virtud del artículo 93 del Reglamento del Congreso, el PSOE solicita en su proposición de ley el trámite de urgencia, que acorta todos los plazos de tramitación en la Cámara Baja a la mitad del tiempo. La Mesa del Congreso no calificará este martes la ley, según dijo su presidenta, la socialista Francina Armengol, pero lo previsible es que lo haga en la siguiente reunión. Los letrados, la legislatura pasada, dijeron que era inconstitucional.
Fuente ABC
