La Justicia gratuita bate récords en Madrid y alcanza más de 100.000 usuarios en 2023>

Según los datos que aporta la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, que dirige Miguel Ángel García Martín, la partida presupuestaria para este fin ha crecido en un 10 por ciento en las cuentas públicas para 2024, pasando de 49 a 54 millones de euros.

Además, también atiende a miles de personas a través del teléfono de información 012: más de 7.000 llamadas y 200 personas de manera presencial, que preguntan por los requisitos para recurrir a la Justicia gratuita o cómo solicitarla.

La cifra de los madrileños que solicitan asistencia jurídica gratuita se va incrementando cada año, según los primeros datos estimativos correspondientes al año 2023. Este servicio público garantiza que se cumplen los artículos 24 – que garantiza el derecho a «obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales»– y 119 –«la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar»–de la Constitución española.

Del total presupuestado para este fin, un 80 por ciento se corresponde al pago de los abogados del turno de oficio, y el resto a los procuradores. «En la Comunidad de Madrid no olvidamos nuestra obligación de hacer la Administración de Justicia, cada día, más humana y accesible, en la que el centro de atención sea la persona y se garantice su acceso en igualdad de condiciones.», señaló el consejero Miguel Ángel García.

La mayoría de los expedientes resueltos están relacionados con violencia contra la mujer. En concreto, se realizaron más de 12.000 guardias, de las que más de 5.000 fueron para auxiliar a víctimas y el resto a investigados.

La Comisión de Asistencia Jurídica es el órgano encargado de efectuar el reconocimiento del derecho a recibirlo de quienes acrediten insuficientes recursos económicos para litigar. El orden jurisdiccional con mayor volumen de sumarios archivados, concedidos o denegados fue el Penal, que suele aglutinar más de un 60 por ciento, seguido del Civil, el Social y el Contencioso-Administrativo.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende el asesoramiento previo al proceso, la asistencia de abogado al detenido, preso o imputado, la defensa y representación gratuitas, por abogado y procurador, en el procedimiento judicial; la inserción gratuita de anuncios o edictos en el curso del proceso; la exención del pago de las tasas judiciales y de los depósitos necesarios para interponer recursos; la asistencia pericial gratuita; la obtención gratuita de copias o actas notariales; y la reducción del 80 por ciento de derechos por escrituras públicas o certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil.