La Xunta responde con «transparencia» a nuevos ataques de la oposición>

Con nuevos ataques a la Xunta y su presidente, Alfonso Rueda, a los que el gobierno gallego quiere responder con «transparencia». El término lo usó la número tres de Rueda, Ángeles Vázquez, quien será quien, en calidad de conselleira responsable del medioambiente, dé explicaciones en el Parlamento autonómico, donde comparecerá a petición propia. Además, la Xunta aseguró que hará públicos los dos informes técnicos encargados para analizar la naturaleza del vertido, así como el resultado de la investigación abierta por la Fiscalía.

Vázquez, durante una atención a los medios en Santiago, fue rotunda: «No tenemos nada que ocultar». Como parte de ese afán, el lunes por la tarde solicitó la comparecencia en el Pazo do Hórreo, ante la Diputación Permanente —el Parlamento quedó disuelto al convocarse las elecciones—, para informar «sobre la situación del litoral gallego tras la pérdida de la carga del mercante Toconao frente a la costa portuguesa». Y este martes por la mañana, el Grupo Parlamentario Popular, a través de su portavoz, Alberto Pazos, y los miembros titulares, solicitó por su parte la convocatoria de una sesión con la comparecencia de Vázquez como único punto del día.

La vicepresidenta segunda recordó que la Xunta ni llevó el Tocanao a Portugal ni es el armador o propietario del barco ni tiene competencias en el espacio marítimo. Y reivindicó que su interés pasa por atajar los efectos del vertido, de tal forma que se logre «evitar esas imágenes que son feas —en alusión a la recogida de pellets—, y que no se corresponden con lo que está ocurriendo en Galicia».

De vuelta a las playas

La izquierda gallega, a lo suyo, volvió a usar el vertido como ariete electoral. Pontón, subida a esa «ola de indignación» que dijo la víspera detectar, llegó a decir que la Xunta «puede estar prevaricando» por no elevar el nivel de alerta -sus declaraciones fueron previas a la decisión de llevarlo del 1 al 2-. Desde el Parque Natural de Corrubedo (La Coruña), la líder nacionalista volvió a sacar a pasear el Prestige, señalando que Mariano Rajoy habló entonces de «hilillos de plastilina» y que Rueda se refiere ahora a «unas bolitas de plástico». Con la izquierda gallega politizando desde hace días esta cuestión, Pontón sin embargo acusó al gobierno gallego, «absolutamente superado», de estar supeditado a la campaña electoral, que le «importa más», que «dar respuesta a una crisis ambiental», poniendo los «intereses electorales por delante» de la resolución del vertido, achacó.

A Besteiro le caducó pronto el discurso, cuya parte más suave fue la que dedicó a asegurar que no culpa a la Xunta de la «marea» de pellets, pero sí de su gestión y de «cargar el muerto a los concellos». La actuación de Rueda, atacó, se ha caracterizado por la «ausencia», la «incompetencia» y por «mentir a los gallegos». «Nos merecemos un gobierno que nos diga la verdad, que no nos mienta», proclamó, con ecos a mensajes de la época del Prestige, aunque ayer no lo mencionó. Lo que perdió rápido vigencia fue, por un lado, el mensaje de que la Xunta no ampliaba la alerta por «complejos» y por «miedo a que eso suponga una minusvalía (sic)»; y por otro, que el presidente gallego convocó elecciones, «se fue de vacaciones, no se preocupó por la gente del mar», ni por «los peces y el marisco» y lleva «un mes sin pisar ni una sola playa» —lo que conlleva, apostilló, una segunda «catástrofe institucional»—.

Porque justo este martes Rueda se desplazó a una de las playas afectadas, la de Espiñeirido, en Porto do Son (La Coruña), en una visita de carácter privado, concretaron fuentes de la Xunta. El mandatario explicó a los medios de comunicación, desde A Estrada, que quiso «comprobar sobre el terreno» la afectación del vertido, que contrarrestaban 200 personas; un número de efectivos que ya apuntó que podría ampliarse.

El rifirrafe político, en todo caso, trascendió el ámbito autonómico. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en Onda Cero que lo que es «tóxico» no es «utilizar» el vertido contra la Xunta como hace la oposición. Sumar, desde Madrid, anunció que va a «demandar» al gobierno gallego por la «omisión de actividad».