El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que dos expedientes centrales por el manejo de fondos de la AFA en el exterior deben continuar en la Justicia criminal porteña y rechazó el intento del juez federal Adrián González Charvay de absorberlos desde Campana. La Corte Suprema tendrá ahora la última palabra, mientras sigue pendiente la definición sobre la fastuosa quinta de Villa Rosa atribuida al entorno de Pablo Toviggino y la investigación estadounidense sobre movimientos por más de US$300 millones vinculados a TourProdEnter.
Buenos Aires – 26 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, rechazó el intento del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de concentrar en su juzgado dos investigaciones centrales vinculadas con el manejo de fondos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior y sostuvo que ambos expedientes deben continuar en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, a cargo de Paula Petazzi.
Juez federal Adrián González Charvay
La decisión, que no es vinculante pero suele tener fuerte peso en los conflictos de competencia que llegan a la Corte Suprema de Justicia, representa un revés para la estrategia de llevar hacia Campana un conjunto cada vez mayor de causas relacionadas con la conducción de la AFA. El máximo tribunal deberá resolver ahora cuál será definitivamente el fuero encargado de investigar los presuntos desvíos de dinero y las irregularidades contables denunciadas.
Uno de los expedientes se originó en la denuncia presentada el 29 de diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a autoridades de la AFA de una presunta administración fraudulenta. La investigación apunta al circuito de fondos manejados en el exterior mediante TourProdEnter LLC, sociedad constituida en Estados Unidos que desde 2021 actuó como agente comercial exclusivo de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
La propia AFA reconoce oficialmente a Pablo Toviggino como su tesorero —y no como vicepresidente de la institución—, además de presidente ejecutivo del Consejo Federal. Su nombre aparece reiteradamente en los expedientes por el destino del dinero administrado fuera del país y en la causa paralela sobre una lujosa propiedad de Villa Rosa, Pilar, que continúa por ahora en la Justicia Federal de Campana.
Según las actuaciones reconstruidas judicialmente, TourProdEnter recibió amplias facultades para negociar patrocinios, explotar marcas, organizar eventos y cobrar contratos de la AFA fuera de la Argentina. La Justicia investiga operaciones por al menos US$300 millones y si parte de esos fondos terminó desviada hacia particulares y sociedades utilizadas como vehículos intermediarios.
El contrato original entre la AFA y TourProdEnter fue firmado en diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino. La compañía podía quedarse con un 30% de los ingresos comerciales internacionales y sumar otro 10% sobre determinadas erogaciones logísticas. En octubre de 2025, cuando todavía faltaba más de un año para el vencimiento del acuerdo inicial, la conducción de la AFA prorrogó silenciosamente el vínculo hasta 2030 y amplió las facultades de la empresa.
La causa llegó al centro de una disputa jurisdiccional cuando González Charvay, desde Campana, reclamó que Petazzi se apartara porque consideraba que los hechos guardaban relación con otra investigación bajo su órbita: la que intenta determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad valuada en alrededor de US$20 millones en Villa Rosa.
Ese predio figura formalmente a nombre de Real Central SRL, sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte. La hipótesis investigativa sostiene que la empresa habría adquirido la propiedad sin exhibir capacidad económica suficiente y que podrían haberse utilizado fondos provenientes de la AFA. La quinta cuenta con autos de colección, haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento, helipuerto e instalaciones deportivas.
El expediente tuvo un recorrido judicial sinuoso. Comenzó ante el juez federal Daniel Rafecas, pasó luego al fuero Penal Económico y finalmente terminó en Campana después de que Pantano planteara la incompetencia del tribunal anterior. El 14 de agosto, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal decidió mantener provisionalmente esa causa bajo jurisdicción de González Charvay, aunque todavía queda abierta la posibilidad de una definición posterior de la Corte.
Fue desde ese expediente que el magistrado de Campana intentó atraer también la denuncia de Tofoni. González Charvay argumentó que existía “comunidad probatoria”, una “estrecha o íntima vinculación” entre las maniobras y riesgo de decisiones contradictorias si las causas permanecían separadas.
También sostuvo que los hechos podrían haber afectado intereses federales debido a una posible evasión tributaria y a la dimensión transnacional del circuito financiero.
Casal rechazó esos argumentos.
El procurador sostuvo que expresiones como “comunidad probatoria”, “mismo contexto delictivo” o “estrecha vinculación” no pueden utilizarse como una fórmula automática para desplazar una investigación hacia el fuero federal. Según su dictamen, deben existir circunstancias concretas que demuestren una conexión jurídica suficientemente estrecha entre los delitos.
El razonamiento de Casal apunta a preservar la diferencia entre una eventual administración fraudulenta, delito ordinario que puede investigarse en la Justicia criminal porteña, y las posteriores maniobras de lavado de activos, de competencia federal.
De aceptar el criterio contrario —advirtió— prácticamente cualquier fraude relevante podría terminar desplazado hacia la Justicia Federal con sólo denunciar posteriormente que el dinero fue lavado.
También descartó que la eventual afectación de recursos tributarios nacionales resulte suficiente por sí sola. Para abrir la competencia federal, sostuvo, el perjuicio fiscal debería ser directo y concretamente atribuible al delito investigado, mientras que en este expediente la relación fue planteada de forma más indirecta.
Casal tampoco consideró determinante que parte del dinero haya circulado por sociedades y cuentas bancarias del exterior. La existencia de una dimensión internacional no transforma automáticamente una presunta defraudación privada en un delito federal si ese elemento no integra la estructura jurídica de la conducta investigada.
La descripción incorporada por el propio González Charvay al conflicto de competencia menciona movimientos de dinero desde TourProdEnter hacia sociedades consideradas de fachada y hacia personas que, según la investigación, no tendrían justificación aparente para recibir esos fondos. Entre ellas aparece María Florencia Sartirana, a quien las actuaciones mencionan como persona vinculada sentimentalmente con Toviggino.
La jueza Petazzi había aceptado inicialmente desprenderse del expediente el 25 de marzo al considerar que cada transferencia desde TourProdEnter hacia estructuras societarias presuntamente utilizadas para ocultar fondos podía constituir un hecho de lavado. Tofoni apeló y el 16 de abril la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con intervención del juez Ignacio Rodríguez Varela, revocó esa decisión y elevó el conflicto a la Corte.
Casal acaba ahora de respaldar esa última posición.
El segundo dictamen se refiere a una denuncia por posibles balances falsos de la AFA. Allí se investiga por qué los libros contables de la entidad no reflejarían movimientos vinculados con los negocios internacionales administrados por TourProdEnter pese a que la sociedad habría generado ingresos por al menos US$300 millones.
El conflicto se produjo entre el juez Penal Económico Gustavo Meirovich y Petazzi. Meirovich entendió que las supuestas omisiones contables estaban directamente vinculadas con la presunta administración fraudulenta y remitió la investigación al fuero criminal ordinario. Petazzi rechazó inicialmente recibirla mientras la Corte todavía no hubiera definido el otro conflicto.
La Procuración respaldó ahora al fuero Penal Económico y sostuvo que, cuando una irregularidad contable funciona como instrumento para ejecutar u ocultar un fraude patrimonial, debe investigarla el tribunal con competencia más amplia sobre ese delito principal.
La investigación argentina tiene además una derivación creciente en Estados Unidos.
El FBI y fiscales federales del Distrito Sur de Florida analizan movimientos financieros vinculados con TourProdEnter y con operaciones de la AFA que pasaron por el sistema bancario estadounidense. En julio, un Gran Jurado federal ordenó a un tercero entregar documentación y comunicaciones relacionadas con la compañía y con nombres entre los que aparecen Tapia, Toviggino, Javier Faroni y otros involucrados. La AFA aclaró oficialmente que ni Tapia ni Toviggino fueron citados personalmente ni se les secuestraron dispositivos.
La pesquisa estadounidense analiza también el destino de los premios obtenidos por la Selección argentina después del Mundial de Qatar 2022. Documentación incorporada a los expedientes registra un giro de aproximadamente US$40 millones, compuesto por US$30 millones provenientes de la FIFA y otros US$10 millones de la Conmebol, hacia TourProdEnter, fondos cuya contabilización posterior está siendo examinada.
Otra operación detectada fue una transferencia por US$142.893 realizada en julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en Bank of America hacia West Nautical Limited, empresa vinculada con el alquiler de un yate utilizado por Tapia en Mónaco durante aquel período. Ese movimiento quedó incorporado a la investigación sobre el destino de los fondos internacionales de la entidad.
La AFA rechazó reiteradamente las sospechas y calificó las publicaciones sobre sus operaciones internacionales como parte de una campaña de “difamación”. En diciembre pasado sostuvo que su relación contractual con TourProdEnter fue analizada en tribunales argentinos y estadounidenses sin que, según la entidad, se hubieran detectado irregularidades.
Con los dos dictámenes de Casal, la Corte deberá decidir ahora si confirma que el núcleo de las causas por presunta administración fraudulenta y balances irregulares permanece en manos de Petazzi o acepta la pretensión de Campana.
La decisión tendrá consecuencias sobre algo más que una cuestión territorial: determinará si la investigación central sobre cientos de millones de dólares generados por los negocios internacionales de la Selección queda separada de la causa sobre la quinta de Pilar o si termina concentrada dentro de un mismo juzgado federal.
Por ahora, González Charvay conserva el expediente de Villa Rosa, mientras Casal acaba de recomendar que las investigaciones sobre el circuito de fondos administrado por TourProdEnter permanezcan fuera de Campana. La Corte tendrá la última palabra sobre una disputa judicial que avanza en paralelo con una investigación estadounidense cada vez más profunda sobre el dinero generado por la marca más rentable del fútbol argentino.
Fuentes consultadas: Procuración General de la Nación; Corte Suprema de Justicia de la Nación; TN; Asociación del Fútbol Argentino (AFA); registros judiciales argentinos y documentación de la investigación federal desarrollada en Estados Unidos.
