Por Pablo Maradei
El documento en cuestión es un DNU firmado por Alberto Fernández a solo 5 días de dejar el poder. Deja expuesto al sindicato del Seguro y lo podría ubicar como un engranaje más dentro de las maniobras vinculadas, en este caso, a seguros colectivos de vida.
El expresidente Alberto Fernández ya es investigado formalmente por supuestas irregularidades en la contratación de un broker financiero y de empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno. Se trata de un escándalo que cayó como un terremoto en el mundo político.
La causa, en manos del juez federal Julián Ercolini, fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien requirió las primeras medidas de prueba según surge del requerimiento de instrucción. Los investigados, además del exjefe de Estado, son en principio el extitular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa, que según la denuncia está casado con María Cantero, secretaria de Fernández.
Por estas horas se encendieron las alarmas y algunos entraron en pánico. Es que podría ver la luz una mediática réplica sindical del caso.
«Así como Martínez Sosa era su ‘frontin’ en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN); el secretario general del Seguro, Jorge Sola, era su ‘frontin’ con el uso a discreción del Fondo Indemnizatorio y de Crédito para la Vivienda para el Personal de la Actividad Aseguradora, Reaseguradora, de Capitalización y de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (FIDEC)«. Así introduce la charla un dirigente gremial del sindicato del Seguro en conversación con InfoGremiales.
Los pliegues del escándalo de corrupción que salpican al ex presidente llegarían, de esta manera, a que este gremio sea una de las tantas piezas oscuras de este engranaje. «Son 20.000 quiosquitos», agrega en referencia a la mecánica de corrupción armada.
En este ambiente del seguro, donde los grandes jugadores son muy pocos y todos se conocen, detalla: «La relación entre Alberto Fernández y el broker Héctor Martínez Sosa viene de hace décadas». Amplía: «A mediados de los noventas ya se conocían porque cuando Alberto Fernández era funcionario del Grupo BAPRO, la empresa de seguros de esa institución compró la compañía de seguros Vanguardia que operaba solamente en Tierra del Fuego. ¿Quién era el dueño de Vanguardia? Héctor Martínez Sosa. Y aporta un dato más para consolidar la información: «Una vez comprada la compañía, Sosa continuó como gerente general y en 1996 cuando el Grupo BAPRO lo despide se va con una indemnización de más de 10 millones de pesos, que eran en aquel entonces 10 millones de dólares; una suma demasiado cuantiosa por un despido que pagó el BAPRO», dice sugestivamente la fuente.
De María Cantero, la secretaría del ex presidente y a la que el ex presidente le echó todo el barro de la corrupción por las contrataciones de seguros de instituciones públicas en distintas partes del territorio argentino, «se sabe que es la esposa de Héctor Martínez Sosa».
Pero, ¿Cómo es la operatoria para nutrir de dinero al FIDEC?
Hay que remontarse al 5 de diciembre de 2023, apenas 5 días antes de abandonar el poder que es cuando Alberto Fernández firma el Decreto 689 en el que fija el redireccionamiento de fondos al FIDEC, sin pasar por el ministerio de Economía ni la Superintendencia de Seguros. Según conocedores del paño se trataría de un «quiosquito de 30 millones de dólares» y en el que además «no hay ningún control».
Veamos: cada vez que una persona es contratada se le asigna un seguro colectivo de vida obligatorio; de ese monto que se asegura un porcentaje fue siempre al Ministerio de Economía, entidad que luego gira un porcentaje a la Superintendencia de Seguros; quien finalmente y a discreción transfiere una porción al sindicato. «Con ese decreto de Alberto dejó de existir la intermediación y todo fue directo al Sindicato».
Concluye: «Conocedor del sistema de Seguros, Alberto encuentra en Sola un compañero para darle una herramienta más al sistema que ya tenía organizado». Y agrega: «El FIDEC tiene un fin noble que es que con esos aportes de los que se nutre pagar indemnizaciones a compañeros despedidos por compañías que quebraron; y también para otorgar créditos para compra de viviendas»,
Fuente Infogremiales
