El gasto militar sigue siendo un elemento divisorio en la coalición del PSOE con su socio a la izquierda. No supone enfrentamientos tan intensos como los protagonizados por Podemos en la legislatura pasada, pero es también conflictivo para socialistas y el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Fuentes de Sumar en el Gobierno dudan de la legalidad del incremento del gasto en Defensa de más 1.000 millones de euros para reforzar las capacidades militares aprobado mediante un Acuerdo Marco en el Consejo de Ministros de ayer y aseguran que plantearon objeciones.
No pueden bloquear dicha inversión al tratarse de un departamento que no es de su competencia. Pero fuentes de Sumar en el Gobierno explican que protestaron porque no ven justificada su aprobación urgente mediante la vía del acuerdo marco de la que dispone el Gobierno para extensiones presupuestarias y que no requiere de debate parlamentario. «Supone aprobar por esta vía algo más del 8% del presupuesto anual de Defensa y desde el Ministerio consideramos que no está justificada esta celeridad», reprochan desde el entorno de Díaz.
En este sentido, aseguran que le han reclamado al PSOE en el Gobierno que les explique qué factores y contextos justifican un importe por valor de 1.129.648.285,92 euros sin pasar por el Congreso. El acuerdo marco apareció en la referencia del Consejo de Ministros después de que los socialistas en La Moncloa decidieran ocultar en la rueda de prensa este asunto que genera tensiones con Sumar y el resto de socios parlamentarios.
Durante esa reunión, explican estas fuentes gubernamentales de Sumar, plantearon su «preocupación» por aprobar este gasto militar mediante créditos extraordinarios y recurrir a Fondos de Contingencia. El partido de Yolanda Díaz esgrime las sentencias del Tribunal Constitucional de 2015 y del Tribunal de Cuentas de 2016 sobre los ‘Programas Especiales de Armamento’ de Mariano Rajoy que anularon partidas aplicadas por la vía de urgencia del decreto ley por no estar suficientemente justificados. El recurso ante el TC fue interpuesto en 2014 por PSOE, Izquierda Unida y UPyD
«No se aportan causas objetivas ni justificación adecuada. También hemos planteado objeciones a que solo se precisan los criterios económicos y la convocatoria no respeta la legalidad vigente en cuanto a Igualdad», explican desde Sumar.
Al margen de la vía, que tildan de injustificada, Sumar también reprocha al Ministerio de Defensa cierto grado de injerencia en el departamento de Díaz. «Consideramos además que Defensa se arroga competencias en materia laboral que corresponden al Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social», reprochan.
La vicepresidenta segunda Díaz ha optado por no entrar públicamente en una confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por este asunto. Estrategia diferente a la que usaron los líderes de Podemos cuando gobernaban con el PSOE. De hecho, Ione Belarra siendo ministra de Derechos Sociales llegó a acusar a la de Defensa, Margarita Robles, de ser «una ministra de la guerra».
Fuente ABC
