El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras ha condenado al Ayuntamiento de Tarifa, en Cádiz, a revisar de oficio el acuerdo plenario del 28 de marzo por el que se acordó inadmitir la solicitud contra el acuerdo de marzo de 2022 y el Decreto de Alcaldía del mismo año, que aprobó la concesión de licencia municipal de actividad y de obras para el proyecto Las Piñas, un eco-hotel en suelo no urbanizable, según ha adelantado el diario digital Tarifaaldía.
En la resolución, a la que ha tenido acceso ABC, el juez concluye que la solicitud de revisión de oficio planteada por el recurrente «razona de forma clara su pretensión, haciendo referencia a las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar y en el Plan General de Ordenación Urban (PGOU) del municipio gaditano, que estableció “una mayor restricción y protección de este suelo no urbanizable”.
Concluye que procede estimar el recurso de los conservacionistas al entender que la resolución recurrida por el Ayuntamiento «no es ajustada a derecho», por lo que el Consistorio debe dejarla sin efecto y admitir la revisión de oficio que se le reclama.
El recurso fue interpuesto por Ecologistas en Acción, que argumenta que dichos acuerdos «vulneran de forma flagrante la normativa vigente e intentan imponer un modelo de desarrollo urbanístico especulativo, depredador del suelo, el paisaje y el agua, ignorando las necesidades habitacionales reales de la ciudadanía de Tarifa».
En este sentido, recuerda que la parcela en la que la promotora tiene planeado levantar el complejo hotelero está clasificada en el PGOU como suelo no urbanizable.
Los acuerdos tumbados ahora, de manera inicial ya que cabe interponer recurso, fueron adoptados por el anterior equipo de gobierno, del PSOE. El Ayuntamiento de Tarifa está gobernado ahora por PP y Nuevos Aires Tarifa.
«Valoramos muy positivamente esta sentencia que frena en parte los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Tarifa. Este nuevo equipo de gobierno debe dar un giro de 180 grados en la política urbanística del municipio en relación con los proyectos que se están tramitando o están en distintas fases administrativas, como el de la Dehesa de las Piñas, Los Lances o Atlanterra Golf, que suponen ampliar el suelo urbanizable en unos 6.5 millones de metros cuadrados más. Esta política urbanística no tiene nada que ver con el desarrollo sostenible y sí mucho con la especulación», asegura la organización conservacionista tras conocer la resolución judicial.
Añade que no se están teniendo en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de todos estos proyectos, «que de llevarse a cabo van a comportar, como mínimo, graves problemas de agua y la destrucción del paisaje -el gran valor patrimonial de Tarifa- y la consiguiente alteración del medio natural, poniendo en peligro el atractivo de su término al copiar modelos ya saturados, caducos y colapsados. Además, son especulativos al no revertir en beneficio de la ciudadanía ni tener en cuenta sus necesidades constitucionales, sino más bien lo contrario, como demuestra la gran dificultad para acceder a la vivienda por parte de muchos tarifeños y de muchas de las personas que vienen a trabajar al municipio».
Fuente ABC
