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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido la primera integrante del Gabinete de Pedro Sánchez en reaccionar al varapalo del Tribunal Supremo (TS) al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al tumbar el nombramiento de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal de sala de Memoria Democrática.
En declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Senado, donde ha asistido a la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta, la también titular de Hacienda ha mostrado su «respeto a los procedicimiento judiciales» para inmediatemente a continuación subrayar que «la Fiscalía General es autónoma, y por tanto le corresponde a esa institución el tener que analizar la sentencia, y las consecuencias que ello tiene».
La número dos de Sánchez en el Ejecutivo y en el PSOE ha mostrado cierta tibieza, en comparación con otras ocasiones en las que la actuación del Fiscal General del Estado ha quedado en entredicho. En este caso, la causa sobre la que se ha pronunciado el TS tiene su origen en la incompatibilidad que pudiera existir en el nuevo cargo de Delgado, dada su relación de pareja con el célebre ex juez Baltasar Garzón, quien precisamente desempeña su actual trabajo como abogado en cuestiones relacionadas con esa materia, la memoria histórica o democrática.
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Fuente ABC
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