La recusación de los miembros de la Sala encargada de fiscalizar los nombramientos «es algo insólito». Y más cuando esa recusación viene de la mano del fiscal general del Estado, la última persona de la que se espera que extienda la sombra de la sospecha sobre la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo, la más alta instancia jurisdiccional del país. Es el sentir de fuentes fiscales del Supremo testadas por ABC tras conocer el movimiento de García Ortiz de intentar apartar a los magistrados que tienen que decidir sobre su propio nombramiento, la «auténtica estrategia sanchista de resistir atacando», lo definen.
Estas fuentes enmarcan el escrito de recusación presentado por el fiscal general en el temor fundado de que el Tribunal Supremo estime el recurso que impugna el nombramiento del Gobierno, una iniciativa que califican de «despropósito», «disparate» o «absurdo» y de la que aventuran nulo recorrido. En este sentido, los fiscales consultados creen que la recusación será inadmitida ‘ad limine’ (de plano) por los propios magistrados porque «no tiene fundamento». Además de «extemporánea», es «palmariamente infundada», dicen.
Cuestión distinta habría sido que se hablara de una «enemistad manifiesta» por parte de algún magistrado en concreto, pero «lo que no tiene sentido es recusar a todo un tribunal porque ha calificado de desviación de poder un acto que además no tiene nada que ver con el que se tiene que estudiar ahora», que es la decisión del Gobierno de nombrarle a él. «Eso no es animadversión», comenta un fiscal del Supremo.
«Es como si robas cinco veces y pides que cada vez te juzgue un tribunal distinto porque los jueces están contaminados», ironiza otro. No recuerda este último fiscal precedentes de recusaciones a magistrados en las que haya tenido que intervenir la «Sala del 61», la competente para resolver incidentes de recusación que afectan al presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala o más de dos magistrados de una Sala, como sucede en este caso y como ha acaecido en otros recientes que han tenido como protagonistas a encausados del ‘procés’.
El precedente del ‘procés’
Con independencia de las siete recusaciones que Puigdemont ha emprendido contra Llarena, hace apenas dos años la defensa de Puigdemont que ejerce el abogado Gonzalo Boye recusó al presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y a otros tres magistrados más por haber formado parte del tribunal que dictó la sentencia del ‘procés’. El movimiento se frenó en seco: se inadmitieron de plano por basarse «en causas infundadas y arbitrarias», ser «abusivas» y tener «defectos formales».
En el improbable caso de que se activara la «Sala del 61» -compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, los cinco presidentes de Sala y los magistrados más antiguo y moderno de cada una de ellas- y esta decidiera estimar las recusaciones, tendría que ser otra de las secciones, distinta a la cuarta, con otra composición, la que asumiera esos recursos, un escenario que a día de hoy en el Supremo nadie ve.
Fuente ABC
