Después de que la Cámara de Diputados bonaerense archivara actuaciones que la Justicia reclamaba para determinar quiénes designaron a los empleados vinculados con Julio “Chocolate” Rigau, una nueva línea pone el foco sobre el origen y financiamiento de las defensas de los imputados. Entre los vínculos políticos que aparecen alrededor de la causa sobresale el Frente Renovador de Sergio Massa, porque Facundo Albini —uno de los acusados centrales— era apoderado de ese espacio. La pregunta que ahora debería responder la investigación es si desde niveles políticos superiores se organizaron, recomendaron o financiaron las defensas destinadas a mantener cerrada la cadena de responsabilidades.
La Plata – 1 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA- La investigación por el denominado caso Chocolate abrió un nuevo frente después del escándalo provocado por la decisión de la Cámara de Diputados bonaerense de archivar actuaciones internas que eran reclamadas por la Justicia para identificar qué legisladores habían intervenido en la designación de empleados cuyos salarios terminaban siendo cobrados mediante las tarjetas que utilizaba Julio “Chocolate” Rigau.
La decisión legislativa derivó posteriormente en una denuncia por presunto encubrimiento formulada por el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio contra autoridades de la Cámara baja. La investigación quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta, mientras permanece abierta la posibilidad de que la Justicia vuelva a requerir formalmente la documentación archivada.
En paralelo, comenzó a adquirir fuerza otra pregunta que puede resultar tan importante como determinar quién firmó los contratos: quién eligió y quién financió a los abogados de los principales imputados.
Una línea de investigación difundida en los últimos días menciona al senador bonaerense Adrián Santarelli, dirigente de Lomas de Zamora vinculado políticamente con los espacios de Martín Insaurralde y Federico Otermín, como posible articulador de contactos con estudios jurídicos que terminaron interviniendo en las defensas.
En el centro de esa trama aparece nuevamente el estudio integrado por Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, que asumió la defensa de Rigau pocos días después de su detención. Integrantes del estudio habían mantenido vínculos laborales con la propia Cámara de Diputados bonaerense, circunstancia que desde el comienzo generó interrogantes sobre cómo fueron seleccionados para representar al hombre sorprendido extrayendo dinero con decenas de tarjetas pertenecientes a empleados legislativos.
La pregunta adquiere mayor dimensión cuando se observa la línea política de algunos de los acusados centrales.
Facundo Albini, señalado judicialmente como uno de los niveles superiores a Rigau dentro del mecanismo investigado, era concejal de La Plata y apoderado del Frente Renovador, la fuerza política conducida por Sergio Massa. Su padre, Claudio Albini, ocupó durante años posiciones de relevancia dentro de la estructura administrativa de la Cámara de Diputados bonaerense y fue señalado como uno de los receptores finales de la recaudación obtenida mediante las tarjetas.
La fiscalía reconstruyó a partir del teléfono de Rigau que el puntero debía rendir dinero a los Albini y que la estructura no terminaba necesariamente en ellos. El propio Facundo Albini sostuvo públicamente que había que “mirar más arriba” para determinar quién había pedido las designaciones de las personas cuyas tarjetas terminaron en poder de Chocolate.
En ese recorrido aparece también Rubén Eslaiman, histórico referente bonaerense del Frente Renovador y hombre de estrecha relación política con Massa, mencionado en testimonios y reconstrucciones como una figura de peso dentro de la estructura legislativa provincial.
Este entramado vuelve inevitable una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta judicial: si algunos de los principales acusados pertenecían o respondían políticamente al Frente Renovador, ¿quién decidió qué abogados debían defenderlos y quién pagó esas defensas?
Hasta el momento no existe documentación pública que permita afirmar que Sergio Massa haya contratado o financiado personalmente abogados para Rigau, los Albini u otros imputados. Pero la relación política de Facundo Albini con el Frente Renovador y la existencia de dirigentes massistas mencionados dentro del circuito investigado justifican que esa línea sea examinada.
La Justicia podría reconstruirla siguiendo tres rastros concretos: contratos de honorarios, transferencias bancarias y comunicaciones entre imputados, dirigentes políticos y estudios jurídicos.
La hipótesis adquiere todavía más importancia si se confirma que varios acusados terminaron representados por abogados relacionados entre sí o con la propia Legislatura. Una coordinación de defensas no constituye por sí misma un delito, pero puede convertirse en un dato relevante si estuvo destinada a impedir que las declaraciones individuales avanzaran hacia responsabilidades superiores.
Uno de los testigos incorporados públicamente al debate sostuvo incluso que la estructura vinculada a los Albini se financiaba mediante el dinero obtenido de las tarjetas y que no necesitaba aportes directos de Massa para la campaña. Ese testimonio, lejos de cerrar la cuestión, refuerza la necesidad de determinar qué destino tenía el dinero recaudado y hasta qué niveles políticos llegaba.
La investigación judicial ya estableció que Rigau no actuaba de manera aislada. Los Albini fueron elevados a juicio junto con él y la propia fiscalía sostuvo que representaban niveles superiores dentro de una estructura cuya conducción final aún no fue esclarecida.
Por eso, la pregunta sobre los abogados no es secundaria.
Si quienes organizaban o financiaban las defensas aparecen vinculados con los mismos sectores políticos a los que respondían los acusados, la causa podría abrir una vía distinta para reconstruir la cadena de responsabilidades. Ya no se trataría únicamente de seguir el dinero retirado de los cajeros, sino también de seguir el dinero utilizado después para defender judicialmente a quienes estaban en condiciones de revelar cómo funcionaba el sistema.
El archivo de las actuaciones legislativas tampoco cierra ese camino. El Código Procesal Penal bonaerense permite ordenar la presentación de documentación y, frente a una negativa, avanzar con medidas destinadas a asegurar pruebas relevantes. La Justicia puede volver a requerir expedientes, contratos, resoluciones y registros de designaciones si considera que resultan necesarios para identificar quién incorporó a los titulares de las tarjetas a la Legislatura.
La combinación de ambas líneas —quién los nombró y quién pagó sus abogados cuando fueron descubiertos— puede resultar determinante para saber si el caso Chocolate termina en Rigau y los Albini o si detrás existió una estructura política con capacidad para financiar contratos, recaudar salarios y posteriormente organizar una estrategia común de defensa.
Fuentes consultadas: Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; Ministerio Público bonaerense; documentación de la causa Chocolate; Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; La Nación; Infobae; TN; El Día; Diario Gran La Plata; fuentes judiciales y políticas consultadas por Total News Agency.?
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