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El Ministerio de Trabajo ha recuperado este martes el pulso normativo tras un inicio de legislatura muy discreto. A solo dos días del inicio de la campaña de las elecciones europeas, en la que se juega frente a Podemos su hegemonía en el espacio a la izquierda del PSOE, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Consejo de Ministros para anunciar tres medidas: la reforma del subsidio de desempleo, la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad y, según se ha sabido esta misma mañana, la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos frente a los estatales.
Mientras que la primera ha sido acordada con los sindicatos en el seno del diálogo social —la patronal se salió de la foto—, la última cuenta con el rechazo tanto de los representantes de los trabajadores como de los empresarios. Es una concesión del Gobierno al PNV, que ya se recogía en el acuerdo con los nacionalistas para investir a Pedro Sánchez como presidente. Entonces, tanto UGT y Comisiones Obreras, por un lado, como la CEOE, por el otro, advirtieron de las consecuencias negativas de este cambio, y denunciaron que una modificación del Estatuto de los Trabajadores de semejante calado no se podía llevar a cabo por intereses políticos y de espalda a los agentes sociales.
Aunque todavía están por ver sus consecuencias prácticas, la prevalencia de los convenios autonómicos otorga a las regiones una mayor capacidad de regulación sobre las relaciones laborales, lo que podría perjudicar uno de los problemas estructurales que lastran la competitividad de la economía española: la unidad de mercado. Además, el cambio dificultará que los diferentes convenios se adapten a la realidad de cada sector, como ocurría actualmente con la prevalencia de los estatales.
Díaz retoma una modificación —”no cambia nada”, ha dicho— que ya estuvo vigente entre diciembre de 2023 y enero de 2024, a través del real decreto-ley que tumbó Podemos en el Congreso. Ahora, tras los cambios en el diseño de la reforma del subsidio del desempleo para asegurarse el apoyo de los morados, la prevalencia de los convenios colectivos también se incluirá en el nuevo texto. El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha “celebrado” el acuerdo: “Esta reivindicación histórica permitirá mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos, y también de las personas trabajadoras del resto del Estado”.
La reforma legislativa establece una serie de requisitos para la prevalencia, según recoge Europa Press. Esta solo se aplicará si los convenios regionales mejoran a los nacionales. “En el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación (…) podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”, señala el real decreto-ley.
En ese sentido, Díaz ha quitado hierro a la modificación y asegura que mantiene el espíritu de la reforma laboral: “La negociación con los grupos nacionalistas fue larga para que entendiesen que no eran tanto una cuestión de territorialidad como de garantizar la igualdad de los derechos laborales”. “Solo se va a aplicar [la prevalencia] siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador”, ha enfatizado.
Habrá excepciones
Además, el texto contempla que los convenios colectivos provinciales “podrán tener la misma prioridad aplicativa (…) cuando así se prevea en acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico (…) y siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”. Por último, contempla excepciones: “Se considerarán materias no negociables el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica”.
Estos cambios comparten protagonismo en el real decreto-ley con la reforma del subsidio asistencial de desempleo y la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad. La primera mantiene la sobrecotización del 125% para los mayores de 52 años —que fue el casus belli que utilizó Podemos para tumbar el decreto de enero—, aumentará las cuantías y permitirá la compatibilidad con un puesto de trabajo, también en el caso de la prestación contributiva. La segunda era una antigua reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con la que se ha pactado, y evitará que la situación de incapacidad sea una causa para la extinción automática de un contrato, como ocurría hasta ahora.
El Ministerio de Trabajo ha recuperado este martes el pulso normativo tras un inicio de legislatura muy discreto. A solo dos días del inicio de la campaña de las elecciones europeas, en la que se juega frente a Podemos su hegemonía en el espacio a la izquierda del PSOE, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Consejo de Ministros para anunciar tres medidas: la reforma del subsidio de desempleo, la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad y, según se ha sabido esta misma mañana, la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos frente a los estatales.
Fuente El Confidencial
