Argentina
USA
Paraguay
España
Israel
Feroz interna y sospechas de traición en el Gobierno por un fondo millonario que manejó Juan Grabois
Por Ignacio Ortelli
La ministra Pettovello quiere auditar gastos para urbanizar barrios populares.
Lo manejaba una funcionaria que respondía al líder piquetero.
Una inesperada disputa complica los planes de Javier Milei para avanzar con una auditoría en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el fideicomiso que durante la gestión de Alberto Fernández manejó Fernanda Miño, una de las personas de mayor confianza de Juan Grabois.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no pudo hacer desembarcar a su tropa en el área, tal como había acordado con el Presidente y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y se tensó el vínculo con el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quien tiene bajo su órbita al FISU.
Tanto que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debió interceder para destrabar el conflicto: en la planta baja de Casa Rosada, en el Ministerio del Interior, donde Francos sigue teniendo su despacho, este martes abundaba bronca con Pareja.
También lo miran con desconfianza en el Palacio de Hacienda el equipo de Caputo, que heredó a Pareja del ex Ministerio de Infraestructura y casi no lo conoce.
En esta puja, el funcionario con amplio despliegue bonaerense y también parte de la mesa política de La Libertad Avanza tiene las de perder. Es que en medio del fuerte embate que el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realiza contra la ministra Pettovello, es decisión del Gobierno hacer una auditoría “más profunda” del fondo que hoy supervisa.
El argumento es concreto: “Es muy raro que los mismos que hicieron desaguisados con los (planes) Potenciar Trabajo hayan hecho todo perfecto con fondos que manejaron sin filtros y sin controles”.
Pero este lunes, en un insólito hecho, la “brigada anticorrupción”, como calificó Milei al equipo de Pettovello, no pudo ingresar ni acceder a los datos del FISU, confirmaron fuentes de Capital Humano a Clarín. En cambio, desde la Subsecretaría negaron el hecho.
Ingreso vedado
Sucede que el motivo fue por demás sugestivo, teniendo en cuenta que pertenecen al mismo Gobierno. Según pudo reconstruir este diario de fuentes inobjetables, a los abogados que envió Pettovello no se les dio ingreso en la Subsecretaría.
“Buscaron cualquier excusa. Pedían que les presentáramos una nota firmada por (el ministro de Economía Luis) ‘Toto’ Caputo, ó del Presidente”, expusieron en el ministerio que comanda Pettovello, que antes de enviar al personal acordó con Milei y con Caputo impulsar la auditoría. “Fue un papelón lo que hicieron”, reprochan cerca de la ministra.
El FISU es un fondo que entre 2020 y 2023 administró alrededor de 500 mil millones para llevar adelante proyectos de urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), como estableció el decreto 819/2019 que reglamentó la ley 27.453.
Pero a diferencia de lo que ocurrió con los planes Potenciar Trabajo y los comedores fantasma que descubrió Capital Humano, en el Gobierno no lograron detectar irregularidades. Más, el propio Pareja se encargó de resaltar la tarea de Miño, alfil de Grabois, apenas asumió.
“Si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo”, dijo en febrero, pocas semanas después de asumir, en diálogo con El Observador. Y remarcó que “en cada congreso que se presenta, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve como un ejemplo el trabajo hecho en esa Secretaría”.
Igual, en lo que fue una encendida reivindicación del trabajo en el FISU, Pareja aclaró que “Grabois no tenía un rol específico porque no era un funcionario del área”, a pesar de que Miño era una militante de su agrupación y en el gobierno anterior señalaban que le respondía directamente y que nada se hacía en el FISU sin el visto bueno del dirigente social.
Grabois y su pupila Miño
Sin precisar qué tipo de relevamiento hizo su equipo para determinar si no hubo irregularidades en las contrataciones, planteó: “No tengo ningún resultado a la vista que me permita llevar adelante una denuncia penal”.
¿Todo bien o hay que denunciar?
Cuatro meses después, desde el entorno de Pareja insisten en la misma línea: “Las obras y el nivel de avance coinciden con los registros que tenemos”, exponen.
En Casa Rosada no coinciden: “Hay que hacer un entrecruzamiento profundo, analizar cada proyecto, más allá de lo que figure en los registros, y evaluar si hubo ó no sobreprecios. No es un trabajo de una semana”. Por eso Pettovello acordó con Milei ampliar la auditoría.
Con todo, en Balcarce 50 no terminan de entender la férrea defensa que hace Pareja de lo que encontró en su área. En especial porque la auditoría no cambia en absoluto la composición ni los recursos que recibe el Fondo, que ya sufrió un drástico ajuste cuando asumió Milei y dispuso que deje de recibir el 9 por ciento de lo recaudado por el Impuesto País para fijarlo en torno al 1 por ciento. En números: en 2023, el fondo recibió $ 350.000 millones, mientras que para este año anticipan que serán sólo unos $ 30.000 millones.
Más allá de la intervención de Francos y que la voluntad de Milei es “ir hasta el hueso” y evaluar cómo se administró el fondo en los últimos años, las sospechas en torno a la buena sintonía de Pareja con Grabois se reavivaron después de que el fin de semana, cuando trascendió la idea de hacer una auditoría más profunda, referentes que trabajan para el ex precandidato a presidente de Unión por la Patria se mostraran preocupados por un eventual desplazamiento del subsecretario.
Según dijeron desde su entorno a este diario, Pareja desmiente enfáticamente cualquier vínculo pero reafirman que no encontraron irregularidades para denunciar.
Es curioso porque en la Justicia ya hay dos denuncias que sostienen lo contrario que Pareja. Una realizada en Comodoro Py por el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, quien en el marco del FISU denunció a Grabois por “malversación de fondos públicos”, entre otros delitos, desviar fondos estatales y dejar casas sin terminar en la ciudad balnearia.
“Hay una defraudación al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), porque no se dotó en nada de infraestructura al barrio, y al programa Casa Propia, destinado a facilitar la construcción de casas por parte de particulares”, explicó el magistrado.
Grabois fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuán en otra causa similar, por obras inconclusas en Luján. “Pareja es el único que no la ve o no la quiere ver”, reprocharon desde Capital Humano.
Fuente Clarin
