El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este martes el recurso de amparo de la exministra socialista Magdalena Álvarez contra las sentencias que la condenaron a nueve años por prevaricación continuada en el caso ERE, el fraude de las ayudas sociolaborales que provocó un agujero de 680 millones de euros.
Con el voto particular de cuatro magistrados, la mayoría progresista ha respaldado la ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y exime de responsabilidad penal al Ejecutivo autonómico al considerar que ni los anteproyectos de ley ni los proyectos se pueden considerar decisiones administrativas, sino funciones propias de un gobierno autonómico. A juicio de los magistrados, el fundamento de la condena de Álvarez (quien siendo consejera de Hacienda elaboró los anteproyectos de ley de presupuestos que se aprobaron luego en el Consejo de Gobierno) parte de una comprensión de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento de Andalucía que «no es compatible con la noción de democracia parlamentaria» ni con el concepto mismo de Estado constitucional.
En este sentido, los magistrados entienden que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Supremo parten de que las iniciativas legislativas —llamadas prelegislativas en ambas resoluciones— que dieron lugar a las leyes de presupuestos para los años 2002 a 2004 incurrían en una «incontestable ilegalidad» al establecer un sistema de presupuestación «indebido» (las transferencias de financiación). Ese sistema, según esos tribunales, tenía como objetivo evitar los controles previstos en la legislación presupuestaria relativos a la concesión de subvenciones.
A juicio del TC esta consideración, que constituyó el fundamento de la condena, y el hecho mismo de entrar a analizar la «legalidad» de los anteproyectos y proyectos de ley, supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial y exceden, dice la ponente, de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida en la Constitución. Al calificar de «manifiestamente» ilegal el sistema de presupuestación, Audiencia y Supremo se atribuyeron prerrogativas que no tienen.
Se da la circunstancia de que hace apenas unos días, justo antes de las elecciones europeas y antes de que se conociera el fallo del TC, el presidente del Gobierno aludió a la exconsejera como víctima del fango «de la ultraderecha», la misma por la que, según Sánchez, su mujer está imputada.
Fuente ABC
