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IsraelFue el negocio más redondo en el saqueo de los ERE. Parte del dinero público dirigido a prejubilar a extrabajadores y ayudar a empresas en crisis terminó en las cuentas corrientes de intermediarios, sindicatos, consultoras, abogados o en los bolsillos de altos cargos del Gobierno socialista. Cada vez que una empresa seleccionada arbitrariamente (no había orden reguladora ni convocatoria pública) recibía ayudas de la Junta de Andalucía para aligerar sus plantillas, parte del dinero público se perdía en circuitos no oficiales. Mediadores y comisionistas como el conseguidor y exdirigente de la UGT en Jaén Juan Lanzas crearon auténticos entramados societarios donde colocaron a testaferros o familiares de los que se valían para «encubrir el origen ilícito de los fondos» , así como «hacer suyos y desviar de su destino natural parte sustancial de tales fondos del patrimonio público autonómico». Así lo acreditó el juez que investiga la macrocausa de corrupción de los ERE en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana . El «enriquecimiento ilícito» por esta vía ascendió a 66 millones de euros, según recogió el magistrado en un auto de febrero de 2023 que luego fue anulado parcialmente por la Audiencia de Sevilla por un defecto de forma.En dicha pieza separada de este sumario, denominada sobrecomisiones, estaban procesadas 35 personas y dos empresas. La Fiscalía Anticorrupción pidió para ellos un total de 244 años de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita. Entre los investigados está el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, a quien el juzgado pidió una fianza de 60 millones de euros; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, y Juan Lanzas, al que se le reclamaron 87 millones. Las confederaciones nacional y regional de Comisiones Obreras y UGT fueron citadas como responsables civiles subsidiarias en la trama.Noticia Relacionada caso ere estandar Si Lanzas, el hombre que movía la «manteca» de los ERE, enfermo y desmemoriado ante el tribunal Antonio R. Vega El conseguidor de ayudas lo niega todo: el cobro de comisiones de Surcolor y hasta la inclusión de intrusos emparentados con cargos del PSOEEntre 2000 y 2009, cuando estuvo en vigor el sistema irregular de ayudas por el que fueron condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán , funcionaron tres grandes redes de lavado del dinero público obtenido con las mordidas en las que se blanquearon en torno a 23 millones, según se desprende del escrito de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Dichos entramados giraban en torno al grupo Vitalia, Uniter S.L. y el entramado societario dirigido por el conseguidor de ayudas y ex responsable de UGT Juan Lanzas .El grupo Vitalia estaba dirigido por Antonio José Albarracín, que se enfrenta a una pena de 18 años. Según el auto de procesamiento del juez dictado en diciembre de 2021, habría cobrado 36,22 millones en sobrecomisiones. El grupo Uniter S.L., administrado por José González Mata, obtuvo mordidas por importe de 29,80 millones .Fajos de billetes se entregaron a cargos sin identificar en bares cercanos a los despachos oficiales de la Junta de Andalucía en SevillaGuerrero, Lanzas, Albarracín, así como el ex banquero catalán y comisionista Eduardo Pascual Arxé, prófugo de la Justicia, «habrían acordado repartirse los fondos públicos de la Junta de Andalucía» procedentes de las sobrecomisiones), a través de distintos mecanismos delictivos. Además, se entregó dinero público a personas para pagar «favores» por la obtención de ayudas en bares cercanos a los despachos oficiales en Sevilla.En la causa no están todos los intervinientes en el negocio, porque recibieron sobres con dinero efectivo personas que intervenían con poder decisorio en la negociación, firma y cobro de las pólizas de seguros (financiadas con las ayudas) que nunca han sido identificadas, según la Fiscalía.
Fuente ABC
