El ingreso mínimo vital se estanca: solo llega a uno de cada tres beneficiarios potenciales

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llegado a poner autobuses para recorrer los barrios y pueblos más deprimidos de España, en hasta medio centenar de ayuntamientos. Pero la realidad sigue siendo la misma: solo una de cada tres familias que tendrían derecho al ingreso mínimo vital (IMV) lo está recibiendo. Así lo constata la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su tercera opinión sobre la ayuda aprobada por el Ejecutivo en mayo de 2020.

Efectivamente, el panorama apenas ha cambiado respecto a las dos opiniones anteriores. La tasa de cobertura de esta prestación no contributiva se mantiene prácticamente estable: en 2021 era del 40%, en 2022 del 35% y en 2023, año al que se refieren los datos presentados este miércoles, del 36%. En otras palabras: pese al esfuerzo de las autoridades por extender la medida a todos sus potenciales beneficiarios, el ingreso mínimo vital está estancado.

En total, son 342.000 las familias las que, a diciembre de 2023, se beneficiaban del IMV, una cifra que supone un incremento considerable respecto a las recogidas en el informe del año anterior (284.000). Sin embargo, la tasa de cobertura no ha mejorado porque el número de potenciales beneficiarios se ha disparado desde las 800.000 hasta los 950.000, debido al incremento del 15% en los umbrales de renta garantizada por la ayuda. Han aumentado tanto el numerador como el denominador, por lo que la tasa permanece prácticamente invariable en los valores discretos de los dos años anteriores.

El principal motivo de este fracaso tiene que ver con las familias que, pudiendo recibir el IMV, no lo solicitan. Es la llamada tasa de non take-up, que tampoco ha experimentado grandes variaciones: en 2021 era del 57%, en 2022, del 58%, y el año pasado cayó dos puntos, hasta el 56%. O, dicho de otra manera: el 44% de los hogares que tienen derecho al ingreso mínimo vital no lo piden. Los otros ocho puntos, hasta llegar al 36% de cobertura, corresponden a las solicitudes que están en trámite o aquellas que han sido denegadas por defectos de forma.

Sin embargo, esto no significa que todos aquellos que se quedan fuera estén dejados de la mano de Dios. Es uno de los puntos que ha querido remarcar la AIReF este año, pues a menudo los datos se malinterpretan. Aunque no dispone de cifras actualizadas, desde la institución presidida por Cristina Herrero se hace énfasis en que el 53% de quienes no solicitaron el IMV en 2021 pese a tener derecho a él ya recibía algún tipo de prestación por desempleo, sea la contributiva (el conocido como paro) o la no contributiva (el subsidio). Según fuentes de la AIReF, la mayoría de los casos corresponden a esta segunda ayuda, que tiene cuantías inferiores a las del ingreso mínimo. Es decir, estarían recibiendo un apoyo público, pero menos generoso de aquel al que tendrían derecho, lo que va en contra de la filosofía del IMV, que es garantizar una renta mínima de subsistencia para estos colectivos.

No merece la pena pedirlo

¿Por qué sucede esto? Un dato de la segunda opinión de la AIReF, correspondiente a 2022, contribuye a entender lo que está pasando: el 38% de los hogares non take-up solo aumentaría sus ingresos en un 30% o menos si solicitase el IMV. Si se tiene en cuenta el ingente papeleo necesario para recibir la ayuda, muchas familias renuncian a ese pequeño extra y se quedan con las que ya tienen, ya sean las rentas mínimas de las comunidades autónomas o las prestaciones por desempleo.

El primer caso es especialmente representativo. De los 56 puntos de non take-up, cinco hacen referencia a aquellas familias que ya reciben una prestación autonómica. No parece mucho, pero las disparidades son enormes entre comunidades, y alumbran un comportamiento muy racional de los potenciales perceptores frente al solapamiento de competencias: en aquellas regiones donde la renta mínima es más alta, el porcentaje de quienes renuncian a pedir el IMV resulta superior, porque muchas familias prefieren la ayuda autonómica, mientras que en aquellas donde es más baja, los hogares solicitan más el IMV.

Esto genera una situación paradójica: las regiones más ricas, como Baleares o Cataluña, presentan tasas de non take-up mucho más altas (68% y 67%, respectivamente), y en las más pobres, como Andalucía (49%), Ceuta (39%) o Melilla (34%), la proporción de quienes no solicitan el IMV es muy inferior. De hecho, en Cataluña, la cuarta parte de quienes no solicitan el IMV a pesar de tener derecho a él están recibiendo la renta autonómica.

Ayudas automáticas

Para acabar con estos fallos del sistema, la AIReF reitera las mismas propuestas que ha esbozado durante los últimos años. La principal es conceder automáticamente la ayuda. Parece una quimera, pero el Gobierno ya lo va a hacer con aquellos a los que se les acabe el subsidio de desempleo: se les avisará por carta en caso de que tengan derecho al IMV, y lo único que tendrán que hacer es aceptar la prestación.

Extender este modelo a quienes están totalmente fuera del sistema es muy difícil, ya que no se dispone de datos sobre los ingresos de estas familias (a menudo, no superan el umbral de renta que les obligue a hacer la declaración). Sin embargo, avisar a los perceptores de una prestación por desempleo de que tienen derecho a 100 o 200 euros más para llegar a la renta mínima que garantiza el IMV es mucho más sencillo. Al final, la Seguridad Social sí cuenta con esos registros, o se los puede pedir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La Autoridad Fiscal ya prepara un nuevo estudio con todos los datos cruzados, lo que permitirá saber qué pagas están recibiendo los potenciales perceptores del ingreso mínimo y cuántos son los que, realmente, se hallan fuera del sistema. Este último es el dato clave, pero permanece oculto en el galimatías en que se ha convertido el modelo de protección social de nuestro país.

Fuente El Confidencial