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Por Nicolás J. Portino González
El 7 de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación se reunirá para tratar, entre otros temas, la sanción de seis diputados que recientemente visitaron a militares detenidos en Ezeiza. Esta situación ha generado un fuerte debate sobre la actuación de nuestros representantes, así como sobre el sistema de justicia y la memoria histórica -completa- del país.
En un contexto donde los prisioneros tienen derecho a votar y a recibir visitas, resulta incomprensible que se cuestionen las visitas de diputados a los mismos. Los legisladores, como representantes del pueblo, tienen completa libertad de interactuar con todos los ciudadanos, incluidos aquellos privados de su libertad. Restringir este derecho no solo es una afrenta a los principios democráticos, sino que pone en evidencia la profunda desigualdad en la aplicación de la justicia. Algo que por cierto, es así.
Los militares detenidos, muchos de ellos subalternos en la época de los hechos y otros tantos aún sin pruebas contundentes en su contra, siguen siendo víctimas de un sistema judicial que parece más interesado en la venganza que en la justicia. La demonización de estos individuos, sin un juicio justo y con pruebas concluyentes, refleja una preocupante utilización del prevaricato judicial como herramienta de revancha política, alimentada por los rencores del terrorismo de los años 70 y el dudoso accionar político de los 80’s y posteriores.
Es imperativo recordar que en una democracia, la justicia debe ser imparcial y basada en pruebas. Cualquier desviación de este principio no solo socava el Estado de derecho, sino que perpetúa un ciclo de odio y violencia. Al cuestionar la visita de diputados a los prisioneros, se está atacando uno de los pilares fundamentales de la democracia: la representatividad y la libertad de nuestros legisladores para cumplir con su mandato.
Estos diputados no pueden ser castigados por cumplir con su deber de representación. Al hacerlo, la Cámara de Diputados corre el riesgo de acrecentar su roll de marioneta del odio y la venganza, en lugar de ser un foro para el debate y la búsqueda de la verdad y la justicia. Volver a ser, quizá.
La sesión del 7 de agosto será una prueba crucial para nuestra democracia. Debemos estar vigilantes y exigir que nuestros representantes actúen con integridad y justicia, recordando siempre que la verdadera fortaleza de una nación reside en su capacidad para enfrentar su pasado con honestidad, garantizando un futuro basado en la justicia para todos sus ciudadanos.
La barbarie de la venganza no puede ser tolerada en una sociedad que se jacta de ser democrática. La democracia debe ser justa y, sobre todo, respetuosa de los derechos de todos. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente seria y justa.
