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Un juez de Misiones ha tomado una decisión que ha generado un gran debate en el derecho laboral. En un caso de despido sin causa de un trabajador rural, el juez no aplicó las sanciones habituales por la falta de registro laboral, debido a la nueva reforma laboral de la Ley Bases, conocida como Ley 27.742. Este es el primer caso que muestra el impacto de esta reforma, que eliminó varias normativas anteriores que multaban a los empleadores en situaciones similares.
El caso “A., R. A. C/ Bernardi, Juan Manuel S/ Laboral” trata sobre un trabajador rural que laboró sin registro formal desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 20 de diciembre de 2016. Ante la falta de registro, demandó por despido sin causa. Este fallo fue el primero en aplicarse bajo la reforma laboral establecida por la Ley Bases. El juicio, que comenzó en 2016, incluía reclamaciones por indemnizaciones debido a la falta de certificado de trabajo y empleo no registrado. El juez aceptó las pruebas del trabajador sobre la relación laboral y las diferencias salariales. Sin embargo, la novedad del fallo fue que el magistrado decidió no imponer las multas que anteriormente se aplicaban, argumentando que habían sido derogadas por la nueva normativa.
El rol de la Ley de Bases en la reforma laboral
La Ley de Bases realizó cambios significativos en el sistema laboral argentino, eliminando sanciones que se aplicaban a los empleadores por no registrar a sus trabajadores. En un caso concreto, un juez decidió no aplicar estas sanciones, ya que las normativas que las preveían ya no estaban vigentes al momento de dictar la sentencia.
Este fallo generó un amplio debate entre abogados laboralistas. Algunos apoyan la decisión del juez, argumentando que se adhiere al principio de irretroactividad de la ley. Sin embargo, otros opinan que es un error jurídico que podría perjudicar a los trabajadores.
El reclamo por indemnizaciones
Los críticos del fallo sostienen que las sanciones reclamadas por el trabajador deberían ser consideradas indemnizaciones, no simples multas, ya que buscan reparar el daño causado por el incumplimiento del empleador. Estas indemnizaciones son vistas como una protección para los trabajadores y un medio para disuadir a los empleadores de incumplir sus obligaciones.
A pesar de la derogación de estas disposiciones, el juez aplicó el ajuste CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) a los intereses generados por el monto adeudado al trabajador. Así, se condenó al empleador a pagar un total de $35.099.626,31, de los cuales $550.932 correspondían a la demanda original y el resto a intereses compensatorios por el tiempo que el trabajador estuvo sin su indemnización.
