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«No entendemos que se de la espalda a la ciudadanía y que se nos exponga de esta manera», manifiestan al unísono los principales sindicatos policiales del País Vasco. La jefatura de la Ertzaintza, encabezada por Josu Bujanda, emitió a finales de la semana pasada una orden según la cual la comisión de delitos de amenazas leves «con uso, exhibición o porte de arma u objeto potencialmente peligroso» no conllevará la detención del autor.
Una decisión que desde el Gobierno vasco se niegan a justificar y que es vista con excepticismo por las organizaciones que representan a los agentes, que creen que les deja «a los pies de los caballos». Esta nueva forma de actuación, que se empezó a implementar primero y únicamente en Álava, pero que desde el viernes pasado se ha hecho extensiva a Vizcaya y Guipúzcoa, implica que, «salvo la concurrencia de otros delitos o circunstancias por las que proceda la detención», como supuestos de violencia de género y doméstica o cuando el agresor carezca de domicilio conocido, l os ertzainas únicamente instruirán un atestado para identificar a esa persona que figurará como investigada si hay denuncia. También se intervendrá el arma, pero no habrá más consecuencias.
«¿Qué pasa si esa persona se espera para seguir amenazando a la víctima una vez ya han intervenido los agentes? Lo que quiere la ciudadanía ante alguien que amenaza con una navaja es que se lo lleven de ahí», plantean a ABC desde ESAN (Sindicato Abertzale de la Ertzainza). La clave está en la diferenciación que establece la circular de la Ertzaintza entre amenazas graves y leves, apoyándose en la «reiterada jurisprudencia». Según para esta, una amenaza es grave si se dan las condiciones de que se presente como «seria y creíble por ser potencialmente esperado un comportamiento agresivo» . El «mero porte de o exhibición de armas u objetos potencialmente peligrosos» en un delito leve de amenazas no lo convierte en uno grave. Junto con ErNE y SIPE, los principales sindicatos de la policía autonómica, ESAN han hecho público un comunicado en el que acusa a la jefatura del cuerpo de emitir una directriz «subjetiva y timorata» que carga la responsabilidad «en los agentes en la calle».
Denuncian que no se les hayan dado explicaciones sobre el cambio de criterio que, según ellos, pretende una actitud «más garantista con el delincuente que protectora con el ciudadano». Por eso, han solicitado una reunión con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Fiscalía para que la «parálisis de los jefes» no repercuta en la ciudadanía. Por su parte, desde la Consejería de Seguridad, liderada por el peneuvista Bingen Zupiria, evitan hacer comentarios pese al revuelo que ha causado la medida. Según explican fuentes sindicales a ABC, esta se habría tomado de «forma unilateral» y a «contracorriente», dado el aumento considerable de las agresiones con arma blanca que se están sucediendo. Citan, como ejemplo, los atentados que se han producido en las últimas fechas en países centroeuropeos como Alemania o las propias cifras en el País Vasco. De hecho, fue el propio Zupiria el que, ante una pregunta del PP en el Parlamento vasco, trasladó que la Ertzaintza incautó el año pasado un 35,5% más de objetos cortantes que durante el ejercicio anterior (988 por 729).
Fuente ABC
