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El Procurador Casal dictaminó en contra de la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa
Por Lucia Salinas
Su opinión no es vinculante, pero ya habilita a la Corte para sentenciar en el planteo. Gobernador desde 1995, modificó la Constitución provincial para habilitar su permanencia. Los querellantes sostienen que ese cambio contradice la Constitución nacional.
En un dictamen de 32 páginas, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció en contra del artículo 132 de la Constitución de la provincia de Formosa que habilitó la octava elección de Gildo Insfrán. Dijo que las provincias deben respetar “la limitación del poder” y que las “múltiples reelecciones sucesivas ─potencialmente indefinidas─ conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho”, ya que “la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes”.
En la Corte Suprema de Justicia hay tres recursos sobre la reelección de Insfrán. Uno presentado por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, otro por el senador Francisco Paoltroni -con el auspicio del constitucionalista Daniel Sabsay- y otro del diputado opositor y ex juez formoseño Fernando Carbajal.
El amparo, presentado el año pasado Agostina Villaggi y Rodolfo Basques con el patrocinio legal de Juan Sebastián Montoya, es contra el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa que habilitó la octava candidatura de Insfrán. El argumento principal de los amparistas sostiene que ese artículo “violenta” el artículo 5 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El controvertido artículo de la Constitución formoseña establece que “el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”, consagrando así, sin más, la posibilidad de su reelección indefinida.
“Esta interpretación, vale destacar, no ha sido controvertida en la causa y es, precisamente, a partir de ella que se ha cuestionado la constitucionalidad de la norma”, explicó Eduardo Casal.
El Procurador tuvo un primer pronunciamiento en este caso, resolvieron que la Corte debe intervenir en el reclamo ya que se trata de un tema de su competencia.
Al analizar el amparo presentado por la Confederación, el jefe de todos los fiscales entendió que el artículo 132 de la constitución provincial de Formosa “en tanto admite la reelección indefinida se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades allí previstas, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Nacional, en función de lo establecido por los artículos 1° de la Ley Fundamental y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Foto Guillermo Rodríguez Adami.
La dura respuesta a Gildo Insfrán
Además, replicó uno de los argumento del gobierno de Formosa, según el cual el reclamo perdió vigencia por no estar transitando un año electoral. Eduardo Casal escribió en su dictamen que “dado que se mantiene vigente el texto del artículo 132 de la Constitución de Formosa que la actora (los amparistas) tacha de inconstitucional, desde mi punto de vista esta alegación de la demandada resulta inadmisible“.
Otro planteo de Insfrán que refutó el Procurador General refiere a la reforma Constitucional que busca encarar la provincia. El jefe de los fiscales dijo que no era suficiente para desacreditar la queja interpuesta por la vigencia del artículo 132 que le habilitó su octavo mandato consecutivo.
Dijo: “Más allá de que el proceso de reforma de la Constitución provincial se encuentra en sus etapas iniciales, lo cierto es que resulta meramente hipotético suponer que, entre las modificaciones de la Constitución formoseña que decida la futura Convención Constituyente se encontrará el artículo 132, y más incierto aún es el contenido que tendría esa conjetural reforma del citado precepto”.
Bajo esa misma línea argumental, se señaló que en esta caso lo que se busca determinar es si aquel artículo 132 es inconstitucional como sostienen las diferentes demandas, o no lo es, como argumenta Gildo Insfrán.
Casal recordó que en casos como éstos la intervención de la Corte Suprema “no afecta la autonomía de las provincias”, como sostiene Formosa. Explicó este punto al indicar que si bien la Constitución Nacional les garantiza el establecimiento y ejercicio de sus instituciones, a la vez que la elección de sus funcionarios sin intervención del Gobierno Federal, “las sujeta al sistema representativo y republicano de gobierno, les impone el deber de asegurar la administración de justicia, proclama su supremacía y confía a la Corte Suprema de Justicia el asegurarla”.
La discusión sobre el artículo 132
De este modo, señaló el jefe de los fiscales, “ante deficiencias que comprometen la cabal vigencia de la aludida forma de gobierno, la intervención de la Corte Federal no avasalla las autonomías locales, sino que procura la perfección de su funcionamiento”.
Después de citar jurisprudencia sobre casos similares, el Procurador sostuvo que la Corte ya ha dicho que “la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades” y ha resaltado “la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder”.
“Periodicidad” o “Alternancia”
Cuando respondió la demanda ante la Corte, Formosa señaló que que es la “periodicidad”, y no la “alternancia” el componente esencial que garantiza el texto constitucional que se pretende impugnar.
Sobre este punto hubo una réplica del Procurador: “es consustancial al sistema republicano que el poder sea ejercido en aras de la realización del bien común y con sujeción a las limitaciones que impone el Estado de Derecho. La periodicidad en las funciones y la alternancia son requisitos esenciales para la realización de esas altas finalidades”.
Fuente Clarin
