El MEI, una cotización adicional, se incrementará en 0,1 puntos porcentuales, pasando del 0,7% en 2024 al 0,8% en 2025. Este porcentaje, destinado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se divide entre empresa y trabajador, aunque no de forma equitativa. Mientras las empresas abonarán un 0,67%, los empleados asumirán un 0,13%, lo que implica una ligera reducción en sus nóminas.
Lo particular de este impuesto es que, aunque aumenta las cotizaciones, no se traduce en beneficios directos para los trabajadores. El dinero recaudado se destina íntegramente a financiar las pensiones de futuras generaciones, especialmente ante el reto de la jubilación masiva de los “baby boomers”. Esta generación, nacida entre 1946 y 1964, representa un desafío financiero significativo para el sistema público de pensiones.
Pero no hay mucho que temer: para un trabajador con una base de cotización de 2.500 euros. El aumento del MEI supondrá pagar 3,25 euros al mes, frente a los 3 euros del año anterior. Aunque pueda parecer una cantidad reducida, esta carga se suma a otros ajustes que también afectarán a las nóminas.
Una cuota proporcional
Además del MEI, se introduce la llamada “cuota de solidaridad”, que afectará a los salarios superiores a la base máxima de cotización. Esta nueva cotización, destinada también a sostener el sistema de pensiones, comenzará con un incremento de entre el 0,92% y el 1,17% dependiendo del exceso salarial. Este porcentaje se elevará progresivamente hasta 2045.
El impacto del MEI y estas nuevas cotizaciones no será uniforme, y dependerá del salario y la base de cotización de cada trabajador. Aquellos con ingresos más altos sentirán un mayor ajuste, mientras que los empleados con salarios más bajos notarán cambios menos significativos.
El Gobierno aprueba la subida de las pensiones de 2025: así quedan las mínimas y las no contributivas
Cristina Dolz
Con estos ajustes, España busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Sin embargo, la medida plantea un reto inmediato para los trabajadores, que verán reducida su capacidad económica mientras contribuyen a asegurar el futuro de las pensiones públicas.
Fuente El Confidencial
