Una provincia del Triángulo del Litio se garantizó recursos para obra pública

El gobierno de Salta consiguió que el Congreso local aprobara el presupuesto para 2025, y mostró una señal de distanciamiento con la política nacional en materia de obra pública, independientemente de los fondos que la Nación asigne. El presupuesto asciende a $3,18 billones y la gran mayoría (el 87%) estará destinado a salud, educación y seguridad, mientras que $90.000 millones tendrán como objeto la obra pública.

El 42% de los recursos será para Educación, siendo esta el área con mayor participación. Salud recibirá un 25% de los recursos, y un 18% se asignará a Seguridad.

Mientras que proyecta, al igual que la Nación, que la inflación rondará el 18% y el crecimiento el 5% del PBI, la provincia aspira a conseguir su quinto año consecutivo con equilibrio fiscal y anticipa que no habrá cambios impositivos que puedan afectar las inversiones.

La decisión de los fondos destinados a la infraestructura deriva de la suspensión de la inversión en obra pública a nivel nacional y en un contexto en el que, según el ministro de Infraestructura provincial, Sergio Camacho, no se asignaron recursos en esta materia.

“No paran de sorprendernos. Si esta gente va a cortar con la obra pública, ¿quién va a reparar la ruta 34 o mantener los ferrocarriles? Lo que vemos es un abandono total”, dijo Camacho en diálogo con Aries. El ministro agregó que la provincia se hizo cargo de muchas obras que fueron paralizadas por la Nación.

Cabe destacar que en 2024 la inversión real directa de la Nación en Salta sufrió un desplome del 88,2%, en línea con la mayoría de las jurisdicciones. 

“Está todo en los papeles, pero no la están haciendo. Nosotros, como provincia, hemos tenido que asumir la responsabilidad de estas obras porque el Estado Nacional no está”, afirmó Camacho, quien agregó que fue un año muy duro desde lo institucional por el gobierno en base a decretos de necesidad y urgencia.

El funcionario además contabilizó que los montos que se dejaron de transferir a la provincia por parte de la Nación equivalen a “tres masas salariales”.

Sin embargo, Camacho destacó que el diálogo con los funcionarios nacionales “es mucho más fácil”. En esta línea es que hay expectativas para que el gobernador, Gustavo Sanez, adhiera al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, línea de negociación abierta por el Ejecutivo nacional para poder cancelar deudas que mantiene con las provincias y viceversa.

Si bien ya son 18 los gobernadores que adhirieron, aún quedan dudas, sobre todo entre aquellos que tienen mayores montos de deudas de la Nación para con ellas. Es el caso de Buenos Aires y Santa Fe, mientras se espera por Córdoba. Ellas tres, las que tienen reclamos más abultados sobre las cajas previsionales no transferidas.

En el caso de Salta, se trata de una de las provincias que más deuda tiene con Nación, que ascendería a $115.000 millones.

Fuente El Cronista