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Buenos Aires- 4 de febrero de 2025-Total News Agency-TNA- El Gobierno argentino ha decidido presentar una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de presunta “estafa” por recibir un suplemento económico al declarar falsamente su residencia en la zona austral, mientras en realidad vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Kirchner presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos, lo que le permitió obtener un suplemento de $6.354.523 mientras residía en Buenos Aires, por lo que elevó sus pensiones a más de 35 millones.
A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Capital Humano ha solicitado ser parte querellante en este caso, argumentando que la ex vicepresidenta incurrió en delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica”. Según la denuncia, Kirchner habría declarado un domicilio en la zona austral, lo cual se considera “presuntamente falso”.
Los denunciantes, Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales, especificaron que la bonificación por zona austral solo es aplicable a quienes realmente residan en provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, así como en el Partido de Carmen de Patagones en la Provincia de Buenos Aires.
“Es de conocimiento público que la Sra. Fernández de Kirchner residió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el tiempo que percibió ambas asignaciones, primero como senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego como vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)”, señalaron los denunciantes.
Asimismo, se argumenta que el cobro de este beneficio representa “una conducta penalmente reprochable que ha causado perjuicio a ANSES y al erario público, cuya magnitud deberá ser determinada mediante las investigaciones pertinentes”.
Según informes, la ex mandataria, en su calidad de viuda del ex presidente Néstor Kirchner y por sus propias asignaciones, recibió un total bruto de $35.255.297,73, equivalente a cerca de 136 jubilaciones mínimas. La cifra neta alcanzó los $21.827.624,65. El titular de ANSES, Mariano De Los Héros, había denunciado previamente que Kirchner presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos, lo que le permitió obtener un suplemento de $6.354.523 mientras residía en Buenos Aires.
En un comunicado oficial, el Gobierno subrayó que, a través de la Resolución 1092/2024, se estableció que las asignaciones son “jurídicamente incompatibles para quienes hayan cometido un delito en el ejercicio de la función pública”.
Acusaciones de declaraciones juradas falsas
En un documento al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, se acusa a la ex vicepresidenta de haber presentado declaraciones juradas con datos falsos para recibir beneficios adicionales por zona austral, vinculados a las asignaciones mensuales vitalicias derivadas de la Ley N° 24.018, tanto por viudez como por su condición de ex presidenta.
La denuncia también menciona que Kirchner habría insertado o hecho insertar declaraciones falsas en documentos públicos y que presentó estas declaraciones ante el Ministerio de Desarrollo Social.
Se alega que el beneficio fue cobrado mensualmente desde enero de 2016 hasta noviembre de 2011, y que su percepción habría sido posible mediante la presentación de documentos con información falsa, constituyendo así el delito de falsedad ideológica.
Desde ANSES, se califica el actuar de la ex mandataria como “un acto de corrupción”, respaldado por convenios internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 2003.
En este contexto, se solicita al juez que se realicen las siguientes diligencias:
- Verificar la asistencia de la titular del Senado durante el período mencionado.
- Que el Banco Central de la República Argentina informe sobre los movimientos en la cuenta de Cristina Kirchner en el mismo período.
- Que el Ente Nacional de Comunicaciones proporcione información sobre las llamadas realizadas desde la línea telefónica de la exmandataria.
- Realizar pericias caligráficas para autenticar los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social.
- Llevar a cabo una pericia contable para determinar el monto del perjuicio económico a ANSES.
