Buenos Aires- 10 de febrero de 2025-Total News Agency – TNA– El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó formalmente la elevación a juicio oral del caso que involucra a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero (PO), acusado de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión”. Esta decisión surge en el marco de la investigación sobre irregularidades vinculadas al programa social “Potenciar Trabajo”. Según informaron fuentes judiciales, el pedido fue presentado tras la conclusión de una etapa clave de la pesquisa, bajo la supervisión del juez federal Sebastián Casanello.
Casanello, quien ya procesó a Belliboni junto con otros 16 imputados, dio por cerrada esta fase de la investigación y habilitó a las partes para expresar su postura sobre el pase del caso a juicio oral. En respuesta, el fiscal Pollicita presentó este lunes su requerimiento formal, acusando a Belliboni de liderar un sistema de extorsión diseñado para “controlar y dirigir -en lo que públicamente se denominó ‘gerenciamiento’- a miles de personas en todo el territorio nacional”. Según el documento judicial, este esquema tenía como propósito consolidar un poder político y obtener beneficios económicos indebidos.
Un sistema basado en la vulnerabilidad social
La fiscalía describió la operación como una “organización criminal” que se aprovechaba de la situación de extrema necesidad de los beneficiarios de los planes sociales. Según el dictamen, los acusados habrían utilizado amenazas e intimidaciones para coaccionar a las víctimas, advirtiéndoles que podrían perder su único sustento económico o incluso el acceso a alimentos básicos si no cumplían con las exigencias impuestas.
El caso, que se originó a partir de denuncias anónimas durante el gobierno de Javier Milei, reveló que los beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo” eran obligados a entregar una parte de los fondos recibidos como ayuda estatal. Además, se les exigía participar en marchas, piquetes y otras actividades políticas organizadas por el Partido Obrero. Según el requerimiento fiscal, también se habrían simulado gastos mediante facturación falsa para justificar la apropiación de recursos públicos.
“Una matriz delictiva organizada”
El dictamen de más de 279 páginas detalla cómo este esquema extorsivo-coactivo permitió a los acusados manejar a un amplio sector social vulnerable, utilizando los recursos obtenidos tanto para beneficio personal como para fortalecer las actividades del Partido Obrero. La fiscalía subrayó que el fraude al Estado, a través de la apropiación de fondos millonarios destinados a subsidios sociales, fue ejecutado de manera sistemática desde junio de 2020 hasta marzo de 2024.
“Se aprovechó la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos para ejercer un poder ilegítimo sobre ellos, privándolos de oportunidades de mejora y utilizando los recursos en beneficio propio”, señaló el fiscal Pollicita en su escrito. Además, se investiga el posible involucramiento de funcionarios nacionales en la ejecución de este esquema, aunque esa línea sigue abierta en el Juzgado de Casanello.
Próximos pasos en el proceso judicial
La causa, que ya cuenta con decisiones confirmadas por la Cámara Federal porteña, incluye a Belliboni y otros 16 imputados, quienes enfrentan acusaciones similares. El inicio del juicio oral marcará una nueva etapa en este caso, que pone en el centro del debate el manejo de los programas sociales y el uso de fondos públicos en actividades políticas.
La fiscalía concluyó que “los acusados defraudaron al Estado mediante la apropiación ilegítima de recursos que debían destinarse a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables”. Este dictamen será leído íntegramente cuando comience el juicio oral, cuya fecha está aún por definirse.
