El Gobierno terminó el primer paso clave para las privatizaciones y evalúa los próximos decretos

En un escenario completamente optimista, el presidente Javier Milei imagina terminar su primera presidencia con más de una decena de empresas públicas privatizadas. En el decálogo liberal-libertario que él mismo profesa, el Estado Nacional no tiene por qué tener incidencia en el manejo de compañías. Apuntan a que los servicios que brindan sean trasladados a la esfera privada por la venta de las empresas o su concesión.

Para este proceso, la administración libertaria se puso como primer objetivo poner en regla a todas las compañías para que no estuvieran impedidas de ser privatizadas. Particularmente esto sucedía con las empresas que eran Sociedades del Estado, una figura jurídica que impide que sean vendidas o cedidas a privados, ya que solo pueden tener como único sujeto al Estado Nacional.

Para poder comenzar un eventual proceso de privatización, los técnicos del Gobierno nacional incluyeron en el DNU 70/23 -el extenso paquete de desregulaciones de la economía implementado por Milei al comienzo de su mandato- un artículo que obligaba a la transformación a Sociedades Anónimas producto de la derogación de la Ley 20.705 de Sociedades del Estado.

Con estas últimas, el Estado está habilitado a poner en venta sus acciones o concesionar sus servicios a privados. Todo esto siempre y cuando se hayan seguido los pasos administrativos correspondientes.

El titular de la ATEP, Diego Chaher

Al arribar a la Casa Rosada, Milei se encontró con 13 compañías que eran sociedades estatales: FASE, SOFSE, ADIF, Contenidos Públicos, Educar, RTA, AGP, Fabricaciones Militares, Casa de la Moneda, COVIARA, EANA y APE SAU.

Quien está a cargo de ese proceso es el abogado Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que está bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según pudo saber El Cronista, el proceso de transformación que lidera ya está finalizado para todos los casos en los que se requería, habiendo solo algunas excepciones.

Un ejemplo es la Administración General de Puertos (AGP), que fue disuelta el 6 de enero a través del Decreto 3/25 y en su reemplazo se creó una agencia con funciones similares. Para la Casa de Moneda solo restaba esperar su disolución, dado que el Gobierno quiere delegar la impresión de moneda a privados o, incluso, importarla. 

Este medio consultó sobre cuál es el plazo estimado para que se la convierta a SA y se efectivice su desaparición, pero el vocero de la ATEP no respondió hasta la publicación de esta nota.

La última transformación que decretó Milei fue la de Construcción de Viviendas para la Armada Argentina -o COVIARA, por sus siglas-. Tal y como lo indica su nombre, se trata de un rubro muy específico y el Gobierno no pretende la venta de la compañía y que sí la absorba Playas Ferroviarias SA. “En otras palabras la transformación es un paso intermedio a su disolución”, explicó el ministro Federico Sturzenegger días atrás.

Ferrocarriles Argentinos (FASE) todavía está ajustando su figura jurídica

Todas las compañías que fueron transformadas pasaron a una figura denominada Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Esta denominación está contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación y ocurre cuando el Estado es el único accionista.

De las compañías listadas sólo habría una excepción. Se trata de Ferrocarriles Argentinos (FASE), que opera como el holding que contiene a las tres compañías ferroviarias del Estado: Operadora Ferroviaria (SOFSE, que administra las líneas urbanas y de larga distancia), Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, que se encarga de las obras de infraestructura) y Belgrano Cargas (que maneja las líneas de carga).

“Se está estudiando cómo sigue. Hay que ver cómo queda configurada porque una SAU no puede contener otras SAU”, afirman fuentes oficiales al tanto del proceso burocrático. Afirman que FASE ya tuvo su proceso de transformación a sociedad anónima unipersonal, pero se debe terminar de ajustar las figuras societarias. Esta cuestión estaría solucionada para marzo.

En tanto, si el Gobierno desea privatizar o hacer una concesión total de otras compañías deberá presentar un proyecto de ley a ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Esto no corre para el caso de Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales, todas compañías avaladas por el Poder Legislativo a través de la sanción de la Ley Bases.

El lunes pasado se publicó el decreto que da inicio al proceso de privatización de Corredores Viales. En tanto, los de Aysa e Intercargo están al caer en las próximas semanas.

Fuente El Cronista