La intendente de Santa Rosa, Flor Destéfanis, fue a la Suprema Corte y presentó una demanda para que el máximo tribunal defina el conflicto de intereses que se gestó alrededor de las fotomultas que se hacían en la ruta 7.
El Concejo Deliberante ordenó el año pasado -con dos resoluciones- suspender el contrato para el funcionamiento y aplicación de las fotomultas que se le había adjudicado a la empresa FTL S.A.
Hay que recordar que esas sanciones viales se aplicaron hasta agosto del año pasado, cuando el Concejo las suspendió por considerar que el proceso administrativo para ponerlas en marcha no fue el correcto, ya que debería haber pasado por este órgano deliberativo para su aprobación o rechazo.
El Veto
La peronista vetó por decreto la ordenanza, con el argumento de que el Concejo Deliberante se estaba “inmiscuyendo en las competencias y facultades conferidas por el ordenamiento jurídico al Poder Ejecutivo Municipal” al intervenir en un contrato en curso.
También sumó que el contrato para aplicar tales fotomultas no había sido unilateral, sino que se había hecho a través de la licitación que exige la ley.
Para Destéfanis la suspensión de las fotomultas es “inconstitucional”
Entre los argumentos a los que apeló la intendenta santarrosina en su demanda ante la Suprema Corte, aparece que a su entender la invasión del Concejo Deliberante en las competencias que son suyas como intendenta “implican una violación a la Constitución Nacional, que establece el sistema republicano”.
Aseguró que se vio obligada a apelar a la Justicia porque no pudo encauzar el conflicto en un marco legal y porque cree que está a las puertas de un perjuicio económico para la comuna.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
