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Buenos Aires, 8 de abril de 2025-Total News Agency-TNA- En un episodio que ha generado controversia, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se negó a someterse a un control de alcoholemia en Dock Sud. Este incidente ha salido a la luz en medio de una creciente preocupación por las infracciones de tránsito acumuladas por el vehículo oficial que utiliza, el cual presenta un historial alarmante de 137 multas que suman más de $22,5 millones.
De acuerdo con el Registro de Infracciones de la provincia, el automóvil con dominio AA698RV, que Bianco conducía, tiene una deuda de $12.700.000. Las infracciones incluyen 49 por exceder los límites de velocidad, una por no detenerse en la línea marcada y tres por desobedecer las señales de semáforo o barreras de paso a nivel.
En la Ciudad de Buenos Aires, el mismo vehículo ha sido multado 86 veces, acumulando una deuda total de $10.169.518. Las razones detrás de estas infracciones son variadas, incluyendo la circulación por vías prohibidas como el Metrobus y el Paseo del Bajo, así como el uso del celular y otros dispositivos mientras conducía. Todas las multas registradas tienen un valor mínimo de $100.000 cada una y datan desde 2017.
El incidente del control de alcoholemia ocurrió el pasado domingo, cuando Bianco fue abordado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Tras negarse a realizar la prueba, solicitó que se levantara un acta, lo que fue aceptado por los funcionarios. Posteriormente, fue trasladado a su hogar en Quilmes, donde se le retuvo la licencia y se le impuso una multa de 1,7 millones de pesos.
Desde su entorno, se argumentó que Bianco optó por no ser filmado durante el proceso, prefiriendo aceptar la infracción directamente. En declaraciones a los medios, el ministro aclaró que no había consumido alcohol y que su decisión fue motivada por la atención mediática que estaba recibiendo en ese momento.
Este caso ha suscitado un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios en el cumplimiento de las normativas de tránsito y la transparencia en la gestión pública. La acumulación de multas por parte de un vehículo oficial plantea interrogantes sobre el uso de recursos del Estado y la necesidad de una mayor rendición de cuentas.
