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Buenos Aires, 17 de abril de 2025-Total News Agency- En un movimiento que ha generado interrogantes, el presidente Javier Milei ha promulgado el decreto 274/2025, limitando significativamente las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) en casos de corrupción y lavado de activos. Este decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece que la UIF ya no podrá actuar como querellante en estos procesos judiciales, redefiniendo su papel en la estructura legal del país.
La UIF ya no podrá actuar como querellante en causas de corrupción y lavado de activos, según el decreto 274/2025. Establece que la UIF definirá obligaciones a cumplir y los plazos, suspendiendo la prescripción de acciones mientras se cumplan requisitos. Si se cumplen las obligaciones y no hay nuevos incumplimientos, se extinguirán las acciones sancionadoras.
La decisión de Milei llega en un contexto de cambios internos dentro de la UIF. En enero, el Gobierno nombró a Paul Starc como nuevo titular del organismo, tras la destitución de Ignacio Yacobucci debido a “abultados gastos” en la gestión. Starc ahora liderará una UIF con facultades ampliadas para el intercambio de información con entidades de inteligencia, siempre bajo estrictas normas de confidencialidad.
El decreto también toca la Ley de Inteligencia, modificando las competencias del área correspondiente de la SIDE. Según la nueva normativa, la información recopilada por la UIF se utilizará principalmente para análisis estratégicos, con el objetivo de identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La UIF, creada por la Ley N° 25.246 en mayo de 2000, ha sido un pilar en el Ministerio de Economía, encargándose de recopilar, analizar y difundir información financiera, además de emitir normativas para entidades financieras y no financieras y fue la base fundamental de las denuncias por corrupción del kirchnerismo. Sin embargo, con la implementación del decreto de Milei, su función se centrará en la recopilación e intercambio de información, sin intervenir directamente en procesos judiciales.
Este cambio ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y financiero, con expertos preocupados por el impacto que podría tener en la eficacia de la lucha contra el crimen financiero en Argentina. La comunidad internacional también observa atentamente estos desarrollos, dado el papel crucial de la UIF en la cooperación global contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, según pudo saber Total News Agency, que seguirá monitoreando de cerca esta situación y sus implicaciones para el futuro de la política financiera y judicial del país.
