Buenos Aires, 1 de mayo de 2025-Total News Agency-TNA- La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha sido víctima de una sofisticada estafa que le ha ocasionado una pérdida económica cercana a los 1.591 millones de pesos. El fraude, que afectó específicamente a las facultades de Derecho y Odontología, se perpetró mediante un esquema de transferencias bancarias fraudulentas ejecutadas en septiembre del año pasado.
Según se desprende de la causa judicial a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, los autores de la maniobra simularon ser personal del área de Tesorería de la UBA. Emitieron diversas órdenes de transferencia bancaria, inicialmente a través de correos electrónicos desde una dirección apócrifa (tesoreria@ubatic.net.ar), y posteriormente mediante notas en formato papel entregadas por un cadete, utilizando firmas falsificadas de las personas autorizadas a operar las cuentas universitarias.
Este esquema permitió concretar un total de 13 transferencias desde cuentas de la UBA en el Banco Nación hacia personas físicas y jurídicas inexistentes o vinculadas a la estafa, totalizando la suma de $ 1.591.382.140,18. La investigación judicial, que tramita ante el juez federal Sebastián Ramos, ha logrado identificar a aproximadamente ocho personas físicas y dos personas jurídicas (Elysium SA y Ekzplodo SA) como beneficiarias de los fondos desviados.
Asimismo, la investigación reveló un intento frustrado de realizar otras tres transferencias por un monto adicional de $341.320.000 el 19 de septiembre pasado a la firma Elisyumm Capital SA, las cuales no llegaron a concretarse.
Se confirmó que para la ejecución de las órdenes fraudulentas se utilizaron nombres y datos de empleados reales de la institución universitaria, cuyas firmas fueron falsificadas para dar aparente legitimidad a los documentos.
Ante la magnitud del hecho, tanto la UBA como la entidad bancaria involucrada han iniciado investigaciones internas. La causa judicial ha derivado hasta el momento en la detención de 17 personas y la imputación de otras cuatro, bajo cargos preliminares de fraude a la administración pública y falsificación de documentos.
Consultado sobre el caso, el especialista en informática Julio López señaló que, pese a la magnitud del monto, este tipo de fraudes son recurrentes y a menudo se vinculan a la dificultad de las entidades bancarias para validar la autenticidad de las comunicaciones por correo electrónico. López enfatizó que la concreción de la estafa también sugiere fallas en los procesos internos de validación y control que debían haberse aplicado al recibir las órdenes de pago.
